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OPINIÓN

¿Hay Demasiados Abogados? No solo en RD hay quejas de la creciente actividad profesional

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Albino Escribano, autor de este articulo, es decano del Colegio de Abogados de Albacete, reflexiona Reflexión sobre el exceso de abogados, los retos de la profesión y la importancia de preservar libertad e independencia en la Abogacía. Foto: AB

Hace más de un siglo, en 1920, Piero Calamandrei escribió un libro con este título (“Troppi avvocati”), sin interrogantes, y bastante menos amable para con la Abogacía que el que dedicó a la Judicatura (“Elogio de los Jueces escrito por un Abogado”).

Se quejaba el procesalista de que, en Italia, el número de abogados era enormemente superior a las necesidades sociales, calificándolo de “elefantiasis patológica”, lo que tenía como natural consecuencia la desocupación y el malestar económico de la mayoría de los profesionales y, con ello, un progresivo rebajamiento intelectual y moral de la profesión, del cual la opinión pública se daba cuenta con severidad de juicio.

Entre otras cosas, proponía la reducción en el número de las facultades de derecho y la mejora en la formación de los profesionales.

Parece que nada es nuevo bajo el sol.

Según las estadísticas, España está bastante por encima de la media europea en cuanto al número de abogados por habitante. Somos unos 150.000 abogados ejercientes y, como ya se reseñaba hace un siglo, ese posible exceso lleva a la desocupación y al malestar económico de la mayoría, de modo que la preocupación diaria sea la subsistencia y las mayores quejas las vinculadas a cuestiones económicas, independientemente de las causas que las originan; nos quedamos en la reclamación, sin perjuicio de su justicia, pero se echa de menos la reflexión profunda sobre las causas.

Y lo que no se soluciona adecuadamente sólo puede tener dos salidas: o explota, o tiende a repetirse en el futuro.

Quedándonos en esas desventuras inmediatas, repitiendo lo mismo desde hace décadas en una profesión que ha evolucionado más en los últimos diez años que en los últimos diez siglos, se aprecia, no sin desalentarse, que no tenemos un plan de futuro. Y cuando no se sabe dónde se va, se puede acabar en cualquier parte.

Pero hay quien sí tiene planes propios.

Un reciente ensayo titulado “La búsqueda de China para diseñar el futuro” contrapone el progreso de China con la decadencia occidental, señalando que su progreso se basa en que es un país dominado por ingenieros, mientras que Occidente se estanca porque dominan los abogados y juristas: los ingenieros construyen y dan soluciones, mientras los juristas regulan y los abogados detectan problemas. Gracias a eso, China ha superado al mundo occidental.

Esa visión puramente economicista prescinde de los principios más elementales sobre los que se ha construido Occidente: los derechos y libertades de la ciudadanía. Y a la defensa de esos derechos y libertades se encuentra consagrada la Abogacía; no a poner problemas, aunque a veces se pongan, sino a detectar que lo que se hace concuerda con el Estado de Derecho; Estado de Derecho y normas que lo desarrollan que se han dictado por y para la ciudadanía, por aquellos que ha elegido democráticamente. Si ahora se trata de progresar prescindiendo de los principios que nos han construido, estamos hablando de cosas distintas.

«MATAR A LOS ABOGADOS»

Esta idea de la practicidad “como sea” no es ajena a la Abogacía. Ya apuntaba Shakespeare, en boca de un carnicero (sin duda no sólo por su oficio), que lo primero que había que hacer era “matar a todos los abogados”.

El propio Calamandrei constata en la obra citada la idea recurrente en los regímenes totalitarios de acabar con la Abogacía o, como mal menor, convertir a los abogados en funcionarios.

Y es en estos tiempos de dificultades, por el número, la desocupación y el malestar económico, cuando no por el reiterado abandono por parte de nuestros dirigentes de la Administración de Justicia, cuando surge la tentación, no ya en el régimen político (que también), sino en la propia Abogacía, de convertirse en algo similar a funcionarios, de modo que tengamos todo lo propio de ese régimen pero sin pasar por el medio, quizá malo pero no mejorado, del sistema de oposición: mérito y capacidad.

Y no es que ser funcionario esté mal (la inmensa mayoría ha demostrado su capacidad para serlo y procura desarrollar su cometido con dignidad dentro de los medios y circunstancias), sino que la Abogacía se rige por principios que le son consustanciales y que casan mal con esa pretensión o catalogación: la libertad y la independencia.

En nuestra profesión todavía hay quien vive en tiempos pasados, en una estructura gremial y corporativista que concibe a la Abogacía no como una profesión dignísima, sino como “la crème de la crème”, y que entiende que todo gira alrededor del concepto, prescindiendo de los más básicos criterios evolutivos de la sociedad, a los que hay que adaptarse manteniendo los principios básicos de libertad, independencia y secreto profesional en sus justos términos.

Y, extendiendo dicha concepción a los Colegios Profesionales, hay quien entiende que están para defender a los colegiados, cuando la realidad es que las facultades y funciones públicas otorgadas a estas corporaciones lo son para defender a la profesión en su conjunto, con todos los principios que le sirven de soporte. Y de ahí deriva la obligatoriedad de colegiación.

Leyendo ciertos propósitos y reivindicaciones, de unos y otros, se aprecia que se reitera lo mismo siempre, con unas formas y medios heredados de la política, a la que criticamos por eso mismo, y no se soluciona nada porque quizá no se quiera reconocer el problema o no nos atrevamos a manifestarlo. Ya vendrán otros.

El peligro de todo esto, aparte del evidente vacío sustancial que se aprecia, es la posible percepción por algunos de que quienes están en el camino adecuado son los que prescinden de los problemas que plantean sus soluciones (elemento básico en toda buena demagogia), y que, ante la inexistencia de un plan de futuro y la predisposición a prescindir de los principios por la inmediata satisfacción de la necesidad actual, aprovechen la circunstancia y consigan lo que regímenes totalitarios, durante siglos, no han logrado.

Frente a esta situación, se constata que la desunión, el desprecio, la confrontación, el tomar al compañero contradictor por enemigo —algo inaudito en nuestra profesión—, es hoy tan evidente como en otros sectores, lo cual es seguro que no ayuda mucho.

Mientras tanto, sólo queda, ante el vendaval reinante, trabajar para tratar de defender, con los medios a nuestro alcance, los principios básicos que han inspirado a la profesión y dejar constancia, por escrito, de que no abandonaremos.


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Albino Escribano, autor de este articulo, es decano del Colegio de Abogados de Albacete, reflexiona Reflexión sobre el exceso de abogados, los retos de la profesión y la importancia de preservar libertad e independencia en la Abogacía. Foto: AB

Hace más de un siglo, en 1920, Piero Calamandrei escribió un libro con este título (“Troppi avvocati”), sin interrogantes, y bastante menos amable para con la Abogacía que el que dedicó a la Judicatura (“Elogio de los Jueces escrito por un Abogado”).

Se quejaba el procesalista de que, en Italia, el número de abogados era enormemente superior a las necesidades sociales, calificándolo de “elefantiasis patológica”, lo que tenía como natural consecuencia la desocupación y el malestar económico de la mayoría de los profesionales y, con ello, un progresivo rebajamiento intelectual y moral de la profesión, del cual la opinión pública se daba cuenta con severidad de juicio.

Entre otras cosas, proponía la reducción en el número de las facultades de derecho y la mejora en la formación de los profesionales.

Parece que nada es nuevo bajo el sol.

Según las estadísticas, España está bastante por encima de la media europea en cuanto al número de abogados por habitante. Somos unos 150.000 abogados ejercientes y, como ya se reseñaba hace un siglo, ese posible exceso lleva a la desocupación y al malestar económico de la mayoría, de modo que la preocupación diaria sea la subsistencia y las mayores quejas las vinculadas a cuestiones económicas, independientemente de las causas que las originan; nos quedamos en la reclamación, sin perjuicio de su justicia, pero se echa de menos la reflexión profunda sobre las causas.

Y lo que no se soluciona adecuadamente sólo puede tener dos salidas: o explota, o tiende a repetirse en el futuro.

Quedándonos en esas desventuras inmediatas, repitiendo lo mismo desde hace décadas en una profesión que ha evolucionado más en los últimos diez años que en los últimos diez siglos, se aprecia, no sin desalentarse, que no tenemos un plan de futuro. Y cuando no se sabe dónde se va, se puede acabar en cualquier parte.

Pero hay quien sí tiene planes propios.

Un reciente ensayo titulado “La búsqueda de China para diseñar el futuro” contrapone el progreso de China con la decadencia occidental, señalando que su progreso se basa en que es un país dominado por ingenieros, mientras que Occidente se estanca porque dominan los abogados y juristas: los ingenieros construyen y dan soluciones, mientras los juristas regulan y los abogados detectan problemas. Gracias a eso, China ha superado al mundo occidental.

Esa visión puramente economicista prescinde de los principios más elementales sobre los que se ha construido Occidente: los derechos y libertades de la ciudadanía. Y a la defensa de esos derechos y libertades se encuentra consagrada la Abogacía; no a poner problemas, aunque a veces se pongan, sino a detectar que lo que se hace concuerda con el Estado de Derecho; Estado de Derecho y normas que lo desarrollan que se han dictado por y para la ciudadanía, por aquellos que ha elegido democráticamente. Si ahora se trata de progresar prescindiendo de los principios que nos han construido, estamos hablando de cosas distintas.

«MATAR A LOS ABOGADOS»

Esta idea de la practicidad “como sea” no es ajena a la Abogacía. Ya apuntaba Shakespeare, en boca de un carnicero (sin duda no sólo por su oficio), que lo primero que había que hacer era “matar a todos los abogados”.

El propio Calamandrei constata en la obra citada la idea recurrente en los regímenes totalitarios de acabar con la Abogacía o, como mal menor, convertir a los abogados en funcionarios.

Y es en estos tiempos de dificultades, por el número, la desocupación y el malestar económico, cuando no por el reiterado abandono por parte de nuestros dirigentes de la Administración de Justicia, cuando surge la tentación, no ya en el régimen político (que también), sino en la propia Abogacía, de convertirse en algo similar a funcionarios, de modo que tengamos todo lo propio de ese régimen pero sin pasar por el medio, quizá malo pero no mejorado, del sistema de oposición: mérito y capacidad.

Y no es que ser funcionario esté mal (la inmensa mayoría ha demostrado su capacidad para serlo y procura desarrollar su cometido con dignidad dentro de los medios y circunstancias), sino que la Abogacía se rige por principios que le son consustanciales y que casan mal con esa pretensión o catalogación: la libertad y la independencia.

En nuestra profesión todavía hay quien vive en tiempos pasados, en una estructura gremial y corporativista que concibe a la Abogacía no como una profesión dignísima, sino como “la crème de la crème”, y que entiende que todo gira alrededor del concepto, prescindiendo de los más básicos criterios evolutivos de la sociedad, a los que hay que adaptarse manteniendo los principios básicos de libertad, independencia y secreto profesional en sus justos términos.

Y, extendiendo dicha concepción a los Colegios Profesionales, hay quien entiende que están para defender a los colegiados, cuando la realidad es que las facultades y funciones públicas otorgadas a estas corporaciones lo son para defender a la profesión en su conjunto, con todos los principios que le sirven de soporte. Y de ahí deriva la obligatoriedad de colegiación.

Leyendo ciertos propósitos y reivindicaciones, de unos y otros, se aprecia que se reitera lo mismo siempre, con unas formas y medios heredados de la política, a la que criticamos por eso mismo, y no se soluciona nada porque quizá no se quiera reconocer el problema o no nos atrevamos a manifestarlo. Ya vendrán otros.

El peligro de todo esto, aparte del evidente vacío sustancial que se aprecia, es la posible percepción por algunos de que quienes están en el camino adecuado son los que prescinden de los problemas que plantean sus soluciones (elemento básico en toda buena demagogia), y que, ante la inexistencia de un plan de futuro y la predisposición a prescindir de los principios por la inmediata satisfacción de la necesidad actual, aprovechen la circunstancia y consigan lo que regímenes totalitarios, durante siglos, no han logrado.

Frente a esta situación, se constata que la desunión, el desprecio, la confrontación, el tomar al compañero contradictor por enemigo —algo inaudito en nuestra profesión—, es hoy tan evidente como en otros sectores, lo cual es seguro que no ayuda mucho.

Mientras tanto, sólo queda, ante el vendaval reinante, trabajar para tratar de defender, con los medios a nuestro alcance, los principios básicos que han inspirado a la profesión y dejar constancia, por escrito, de que no abandonaremos.

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