La encarcelada expresidenta de Bolivia acumula acusaciones en su contra

Guarda prisión preventiva y es señalada por haber participado en un supuesto golpe de Estado contra Evo Morales

La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez sumó este martes cuatro nuevas acusaciones por actos inconstitucionales durante su mandato, mientras se encuentra en prisión preventiva señalada de haber participado en un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019.

Los nuevos cargos fueron presentados por el Ministerio de Justicia en nombre del Estado, y la Fiscalía aceptó investigarlos para el periodo en que Áñez ejerció como presidenta, luego de asumir el poder en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales en medio de denuncias de fraude electoral en los comicios de octubre de 2019.

En prisión preventiva por seis meses en La Paz -y en medio de reclamos para que sea trasladada a una clínica por problemas de salud-, Áñez fue inicialmente acusada de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

Pero ahora suma cargos por firmar “resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública y discriminación”, destacó el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe.

Estas recientes acusaciones abren dos frentes para la defensa de la exmandataria, de 53 años, quien fue detenida hace diez días en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni (noreste), por orden de la Fiscalía, tras ser denunciada por la exdiputada oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda).

También fueron aprehendidos sus exministros de Justicia y Energía y pesan órdenes de detención contra otras personalidades, como el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo de ese departamento, además de altos cargos militares y policiales.- Actos anticonstitucionales –

La nueva acusación contempla cuatro cargos por diferentes hechos mientras ejerció como máxima autoridad del Estado.

Entre ellos destaca la firma de un decreto por la pandemia del coronavirus -que en Bolivia suma ya más de 260.000 contagios y supera los 12.000 muertos- que sancionaba con cargos penales a quienes cometieran delitos contra la salud pública.

La redacción del articulado alegaba que “los individuos que informen mal o causen incertidumbre a la población” serían acusados bajo esa norma, una redacción vaga y ambigua criticada por Human Rights Watch (HRW).

También se le señala por haber firmado un crédito por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 327.7 millones de dólares sin autorización del Congreso o por la emisión de órdenes a fuerzas del Estado para “no permitir” el ingreso de bolivianos desde Chile durante la pandemia, según indicó el Ministerio Público.– Estado de salud –

Mientras los nuevos cargos son investigados, Áñez denunció este martes que se está atentando contra su salud al mantenerla en la cárcel.

La exmandataria hizo pública una carta de su puño y letra escrita en prisión en la que acusa al Estado de “arriesgar” su vida al mantenerla entre rejas y no permitir su traslado a un centro médico para que le sea atendido un cuadro de hipertensión.

“No confío en los médicos del gobierno. Ellos son parte del sistema de abuso y represión y ya han demostrado que están dispuestos a arriesgar mi vida, inyectándome medicación de alto riesgo sin precauciones ni estudios previos, con el solo fin de mantenerme en sus celdas”, argumentó en la misiva.

“Ya se llevaron mi libertad y ahora atentan contra mi salud”, agregó.

Una representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia acudió durante el fin de semana al penal para verificar las condiciones en las que se encuentra Áñez, pero todavía no se ha pronunciado al respecto.

Áñez era segunda vicepresidenta del Congreso cuando accedió interinamente a la presidencia boliviana en noviembre de 2019 por la renuncia, junto a Morales, de todos los cargos anteriores en la cadena de sucesión.

El líder izquierdista abandonó su cargo tras 14 años en el poder a raíz de violentas protestas impulsadas por opositores, que acusaron a Morales de haber ganado de forma fraudulenta las presidenciales de octubre de 2019, en las que buscaba un cuarto mandato.