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Colectivo de Padres por la Educación Presencial deposita acción de amparo

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Atribuye rechazo de la ADP al retorno a las aulas a una estrategia de ese gremio para negociar con el Ministerio de Educación

El colectivo de Padres por la Educación Presencial en República Dominicana (Ppeprd) depositó una acción de amparo de cumplimiento de extrema urgencia por el retorno a la educación presencial en todo el territorio nacional ante el Tribunal Superior Administrativo.

Esta acción le da continuidad al requerimiento formulado el pasado mes de febrero, en virtud del artículo 107 de la Ley No. 137-11 de los procedimientos constitucionales, en la cual se reclama a los ministerios de Educación y Salud Pública la creación e implementación de un plan eficaz para la reapertura de los centros educativos a nivel nacional.

“La respuesta de las autoridades a este tema ha sido insuficiente. Los 48 municipios autorizados representan apenas el 9% de la población estudiantil, por lo que el retorno anunciado resulta ilusorio. Los protocolos han sido diseñados bajo criterios genéricos, sin valorar necesidades críticas de la primera infancia y niños con condiciones especiales o preexistentes. Es urgente que cese el estado de inconstitucionalidad en el que se ha sumido al sector educativo”, manifestó Yurosky Mazara, abogado representante del colectivo de Padres por la Educación Presencial en República Dominicana (Ppeprd).

El colectivo de padres indica que esta acción además persigue la modificación del protocolo originalmente planteado por el Ministerio de Educación para que en adelante se permita el reingreso a la educación presencial y semipresencial voluntaria en todo el territorio nacional en atención a parámetros objetivos y científicamente probados.

“El Ministerio de Educación emitió un protocolo para la reapertura de las aulas, no obstante, entendemos que las condiciones no son razonables y mantener cerrados los centros educativos en las localidades que tengan una tasa mayor al 5% de positividad traerá como consecuencia un retraso catastrófico en la educación de los niños, niñas y adolescentes que habiten en estos lugares”, explicó Gabriella Porrello representante de Ppeprd.

El colectivo reconoce que la posición de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha sido otro obstáculo en el proceso de avance a la reapertura escolar y consideran que la situación ha sido utilizada por el gremio como ficha de negociación con el Estado para otras luchas particulares, lo cual califican de inaceptable.

Las propuestas del colectivo se basan en la experiencia de más de 166 países en el mundo que han implementado el retorno seguro, gradual y voluntario a las aulas, así como en informaciones provenientes de autoridades de reconocimiento internacional como es la Unicef, la cual ha reiterado en varias ocasiones que los beneficios de retornar a la escolaridad presencial sobrepasan con creces cualquier posible riesgo.

Desde octubre 2020 el colectivo de padres se ha manifestado públicamente sobre el tema y ha realizado acercamientos a las autoridades del Ministerio de Educación y Salud Pública, con cartas, evidencias y protocolos que sustenten sus reclamos.


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Atribuye rechazo de la ADP al retorno a las aulas a una estrategia de ese gremio para negociar con el Ministerio de Educación

El colectivo de Padres por la Educación Presencial en República Dominicana (Ppeprd) depositó una acción de amparo de cumplimiento de extrema urgencia por el retorno a la educación presencial en todo el territorio nacional ante el Tribunal Superior Administrativo.

Esta acción le da continuidad al requerimiento formulado el pasado mes de febrero, en virtud del artículo 107 de la Ley No. 137-11 de los procedimientos constitucionales, en la cual se reclama a los ministerios de Educación y Salud Pública la creación e implementación de un plan eficaz para la reapertura de los centros educativos a nivel nacional.

“La respuesta de las autoridades a este tema ha sido insuficiente. Los 48 municipios autorizados representan apenas el 9% de la población estudiantil, por lo que el retorno anunciado resulta ilusorio. Los protocolos han sido diseñados bajo criterios genéricos, sin valorar necesidades críticas de la primera infancia y niños con condiciones especiales o preexistentes. Es urgente que cese el estado de inconstitucionalidad en el que se ha sumido al sector educativo”, manifestó Yurosky Mazara, abogado representante del colectivo de Padres por la Educación Presencial en República Dominicana (Ppeprd).

El colectivo de padres indica que esta acción además persigue la modificación del protocolo originalmente planteado por el Ministerio de Educación para que en adelante se permita el reingreso a la educación presencial y semipresencial voluntaria en todo el territorio nacional en atención a parámetros objetivos y científicamente probados.

“El Ministerio de Educación emitió un protocolo para la reapertura de las aulas, no obstante, entendemos que las condiciones no son razonables y mantener cerrados los centros educativos en las localidades que tengan una tasa mayor al 5% de positividad traerá como consecuencia un retraso catastrófico en la educación de los niños, niñas y adolescentes que habiten en estos lugares”, explicó Gabriella Porrello representante de Ppeprd.

El colectivo reconoce que la posición de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha sido otro obstáculo en el proceso de avance a la reapertura escolar y consideran que la situación ha sido utilizada por el gremio como ficha de negociación con el Estado para otras luchas particulares, lo cual califican de inaceptable.

Las propuestas del colectivo se basan en la experiencia de más de 166 países en el mundo que han implementado el retorno seguro, gradual y voluntario a las aulas, así como en informaciones provenientes de autoridades de reconocimiento internacional como es la Unicef, la cual ha reiterado en varias ocasiones que los beneficios de retornar a la escolaridad presencial sobrepasan con creces cualquier posible riesgo.

Desde octubre 2020 el colectivo de padres se ha manifestado públicamente sobre el tema y ha realizado acercamientos a las autoridades del Ministerio de Educación y Salud Pública, con cartas, evidencias y protocolos que sustenten sus reclamos.

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