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EL PAIS

República Dominicana: el país de América Latina que más mejoró en capacidad de combatir la corrupción en este 2021

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Lilian TejedaSanto Domingo, RD

República Dominicana se destaca en este 2021 como el país de América Latina que más mejoró en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), al pasar del puesto 13 al 10.

Este año el país obtuvo una puntuación general de 4.38 y en el 2020 3.26. En el indicador Capacidad Legal obtuvo 4.21; en Democracia e Instituciones Políticas 4.11 y en Sociedad Civil y Medios de Comunicación 5.57.

El informe reseña que las mejoras más significativas se produjeron en la categoría “Capacidad legal”, lo cual refleja un impulso anticorrupción del presidente Luis Abinader, quien entró en funciones en agosto de 2020, establece el informe.

Algunas de las variables que se analizan en el aspecto “Capacidad legal” son la independencia y eficiencia judicial; la independencia y eficacia de los organismos anticorrupción; acceso a la información pública y transparencia general del Gobierno; independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación; nivel de conocimientos y recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco; entre otros.

El informe hace referencia a las investigaciones que se han realizado en el país sobre antiguos funcionarios del Gobierno acusados de corrupción y señala que el nombramiento de una procuradora general ampliamente percibida como independiente contribuyó a una gran mejora en la variable que mide la independencia y los recursos de la fiscalía general. Indica, no obstante, que el país permanece por debajo del promedio regional en esta variable.

“Las investigaciones anticorrupción se han incrementado desde que Abinader llegó al poder. Las autoridades han investigado la presunta corrupción en los contratos públicos que involucran a exfuncionarios del Gobierno de Danilo Medina y a sus familiares en la Operación Antipulpo. Está en marcha otra investigación de alto nivel sobre una supuesta red de corrupción durante el gobierno de Medina. Los esfuerzos anticorrupción también han afectado a miembros del gobierno de Abinader: en febrero, el presidente destituyó al ex ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, por la supuesta compra de equipos médicos con sobreprecio”, señala la publicación.

Categoría Democracia e Instituciones Políticas

En esta categoría la puntuación de República Dominicana aumentó 14%, lo cual se reflejó en las elecciones presidenciales pacíficas de julio y a la estabilidad política tras la transición de poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al Partido Revolucionario Moderno (PRM), indica el informe.

En este caso se mide la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas; los procesos legislativos y de gobierno y la calidad general de la democracia.

Categoría Sociedad Civil y Medios de Comunicación

En este caso el país experimentó un aumento del 12%. Aquí se evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción; las mejoras en la educación; la calidad de la prensa y del periodismo de investigación; y las comunicaciones digitales y redes sociales.

República Dominicana fue, por mucho, el país que más aumentó su puntuación”, destaca el informe, que precisa, no obstante, que algunos avances desde el año pasado se beneficiaron de una base de comparación relativamente baja.

En su apartado sobre el país el informe señala que algunos temas críticos para monitorear son el juicio contra seis acusados de recibir presuntos sobornos de Odebrecht y las investigaciones anticorrupción contra funcionarios de administraciones anteriores, cuyos juicios se espera sean largos.

“Los ciudadanos están cada vez más comprometidos en la lucha contra la corrupción, y es probable que aumente el escrutinio de la sociedad civil sobre las políticas anticorrupción del gobierno de Abinader”, concluye.

Posiciones de los demás países

El país con mayor puntuación en el Índice CCC 2021 es Uruguay, con 7.80 sobre 10; a este le siguen Chile (6.51); Costa Rica (6.45); Perú (5.66); Argentina (5.16); Brasil (5.07); Colombia (4.81); Ecuador (4.77); y Panamá.

Por debajo de República Dominicana quedaron México (4.25); Paraguay (4.08); Guatemala (3.84); Bolivia (2.43); y Venezuela (1.40).

Sobre el informe

El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) es elaborado por la organización Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la empresa de consultoría especializada en la gestión y administración de riesgos Control Risks. La de este 2021 es la la tercera edición del informe, publicado por primera vez en 2019. El índice evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción.

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El periodista entiende que las disposiciones deben analizarse en conjunto con otros artículos del Código Penal relacionados con la difamación y la injuria, debido a que amplían su alcance a las nuevas formas de comunicación digital. A su juicio, el Poder Legislativo intentó responder a denuncias sobre el uso de plataformas de comunicación para desacreditar personas o realizar presuntas extorsiones, pero considera que la solución adoptada podría generar nuevos conflictos jurídicos y tensiones con criterios previamente establecidos por el Tribunal Constitucional. Email icon Recibe las principales noticias del día en tu bandeja de correo con nuestro newsletter Lo que tienes que saber. 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Según Maldonado, la posibilidad de enfrentar consecuencias penales podría afectar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a denunciar situaciones de interés público. "Cuando tú haces leyes draconianas normalmente pueden asustar. Y tal vez el miedo es la mayor presión que puede ejercerse contra la libertad." Persio Maldonado. Presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD). “ Las excepciones previstas en el Código Aunque el artículo 208 endurece las sanciones por difamación, el nuevo Código Penal también establece excepciones. El artículo 211 dispone que no serán considerados difamatorios o injuriosos los discursos pronunciados en las cámaras legislativas; los informes, memorias y documentos emitidos por disposición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. La disposición también excluye de persecución penal las reseñas periodísticas sobre las sesiones públicas del Congreso Nacional y los escritos o discursos producidos en los tribunales de justicia. Estas excepciones han llamado la atención porque dejan fuera de responsabilidad penal determinadas expresiones realizadas en escenarios institucionales, mientras que las manifestaciones realizadas por ciudadanos, comunicadores o usuarios de plataformas digitales continúan sujetas a las disposiciones generales sobre difamación. Riesgos para periodistas y ciudadanos Maldonado considera que el temor a enfrentar procesos judiciales o eventuales condenas económicas podría desincentivar denuncias de interés público y afectar el trabajo periodístico. "El que ejerce el periodismo, el que ejerce una labor de investigación, tiene miedo de que un juez le condene a millones de pesos y que él no tenga como responder, o que el medio para el que colabora no le reponda." Persio Maldonado. El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD). “ El presidente de la SDD sostuvo que el país ha tenido dificultades para encontrar mecanismos adecuados que permitan reparar los daños ocasionados por expresiones difamatorias sin recurrir a la prisión como castigo. A su entender, las sanciones deben orientarse principalmente a la reparación de daños y no a la privación de libertad. Posibles acciones ante el Tribunal Constitucional Maldonado prevé que las disposiciones sobre difamación e injuria podrían volver a ser objeto de debate judicial una vez el nuevo Código Penal entre en vigencia. Según explicó, algunos juristas han optado por esperar la entrada en vigor de la legislación para evaluar posibles acciones legales contra determinados artículos. "Yo creo que vamos a tener que volver a abordar el tema, probablemente con el Tribunal Constitucional", concluyó. La Sociedad Dominicana de Diarios ha sido una de las organizaciones que históricamente ha impulsado cambios legales orientados a eliminar la prisión como sanción para los delitos de difamación e injuria, al considerar que estas medidas fortalecen la libertad de expresión y el debate democrático. En ese sentido, Maldonado recordó que la decisión de la Suprema del Tribunal Constitucional fue una iniciativa precisamente del grupo de directores que la Sociedad Dominicana apoyó y que luego se logró que se quitara la prisión como una manera de liberar el espacio comunicacional del país.

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El informe hace referencia a las investigaciones que se han realizado en el país sobre antiguos funcionarios del Gobierno acusados de corrupción y señala que el nombramiento de una procuradora general ampliamente percibida como independiente contribuyó a una gran mejora en la variable que mide la independencia y los recursos de la fiscalía general. Indica, no obstante, que el país permanece por debajo del promedio regional en esta variable.

“Las investigaciones anticorrupción se han incrementado desde que Abinader llegó al poder. Las autoridades han investigado la presunta corrupción en los contratos públicos que involucran a exfuncionarios del Gobierno de Danilo Medina y a sus familiares en la Operación Antipulpo. Está en marcha otra investigación de alto nivel sobre una supuesta red de corrupción durante el gobierno de Medina. Los esfuerzos anticorrupción también han afectado a miembros del gobierno de Abinader: en febrero, el presidente destituyó al ex ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, por la supuesta compra de equipos médicos con sobreprecio”, señala la publicación.

Categoría Democracia e Instituciones Políticas

En esta categoría la puntuación de República Dominicana aumentó 14%, lo cual se reflejó en las elecciones presidenciales pacíficas de julio y a la estabilidad política tras la transición de poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al Partido Revolucionario Moderno (PRM), indica el informe.

En este caso se mide la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas; los procesos legislativos y de gobierno y la calidad general de la democracia.

Categoría Sociedad Civil y Medios de Comunicación

En este caso el país experimentó un aumento del 12%. Aquí se evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción; las mejoras en la educación; la calidad de la prensa y del periodismo de investigación; y las comunicaciones digitales y redes sociales.

República Dominicana fue, por mucho, el país que más aumentó su puntuación”, destaca el informe, que precisa, no obstante, que algunos avances desde el año pasado se beneficiaron de una base de comparación relativamente baja.

En su apartado sobre el país el informe señala que algunos temas críticos para monitorear son el juicio contra seis acusados de recibir presuntos sobornos de Odebrecht y las investigaciones anticorrupción contra funcionarios de administraciones anteriores, cuyos juicios se espera sean largos.

“Los ciudadanos están cada vez más comprometidos en la lucha contra la corrupción, y es probable que aumente el escrutinio de la sociedad civil sobre las políticas anticorrupción del gobierno de Abinader”, concluye.

Posiciones de los demás países

El país con mayor puntuación en el Índice CCC 2021 es Uruguay, con 7.80 sobre 10; a este le siguen Chile (6.51); Costa Rica (6.45); Perú (5.66); Argentina (5.16); Brasil (5.07); Colombia (4.81); Ecuador (4.77); y Panamá.

Por debajo de República Dominicana quedaron México (4.25); Paraguay (4.08); Guatemala (3.84); Bolivia (2.43); y Venezuela (1.40).

Sobre el informe

El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) es elaborado por la organización Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la empresa de consultoría especializada en la gestión y administración de riesgos Control Risks. La de este 2021 es la la tercera edición del informe, publicado por primera vez en 2019. El índice evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción.

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