Juez envía a juicio de fondo a Jean Alain Rodríguez y otros implicados en caso Medusa

EL CORREO. El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, tras realizar una valoración de las pruebas, decidió enviar a juicio de fondo al exprocurador general Jean Alain Rodríguez, principal señalado del caso Operación Medusa.

También irán a juicio de fondo los imputados Jhonatan Joel Rodriguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

El magistrado dictó este viernes auto de no ha lugar en favor de la imputada Sara María Fernández, esposa del también encartado en el caso de corrupción contra el Estado, José Miguel de Moya, quien sí irá al fondo.

El magistrado externó que Fernández no tenía responsabilidad penal. La dama enfrentó la justicia sin hacer acuerdos con el Ministerio Público, órgano que la imputó de haber actuado en complicidad para introducir facturas con contenido falso.

El Ministerio Público involucra a 63 personas físicas y jurídicas, de las cuales una veintena ya hizo acuerdos con el Ministerio Público, al cabo de los tres años que lleva el caso en los tribunales.

Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Empresas que van al juicio de fondo 

Las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll  Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L. irán a juicio de fondo.

El magistrado ponderó por más de 12 horas el expediente de más de 12,274 páginas presentado por el Ministerio Público, además de cientos de pruebas a descargo planteadas por los imputados y sus respectivas barras de defensa.

En este proceso judicial, el organismo persecutor y acusador imputa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos. El grupo habría desfalcado al Estado con más de RD$6,000 millones.