🛒 Comerciantes sacan la tarjeta roja: rechazan Ley 98-25 y amenazan con paro nacional

Santo Domingo. La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) reiteró su rechazo a la Ley 98-25, que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que impone cargas desproporcionadas e inequitativas a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y vulnera principios fundamentales de la Constitución.

Durante una asamblea general con la participación de diversos gremios comerciales, el presidente de la FDC, Iván García, advirtió que el artículo 36 de la normativa establece montos “escandalosos” que afectan directamente al sector. En ese sentido, anunció que el gremio no descarta un paro nacional del comercio si la ley no es modificada.

“Vamos a proceder a un paro general del comercio a partir del mes de marzo, por 48 horas, a nivel nacional”, afirmó García.

Según cifras presentadas por la federación, la Ley 98-25 multiplica los pagos obligatorios:

• Microempresas: de RD$5,000 a RD$20,000

• Pequeñas empresas: de RD$90,000 a RD$260,000

• Medianas empresas: de RD$260,000 a RD$675,000

La FDC estima que estos incrementos generarían recaudaciones cercanas a RD$22,000 millones en 2026, de los cuales el 88 % sería aportado por las mipymes, es decir, más de RD$15,000 millones, lo que —según el gremio— pone en riesgo la competitividad y la sostenibilidad del empleo.

Aprobada el 15 de diciembre de 2025, la Ley 98-25 ha provocado un amplio malestar en el comercio organizado, que otorgó al Congreso Nacional un plazo hasta el 28 de febrero para restituir los montos originales de la Ley 225-20. De no producirse cambios, se convocará a un cierre comercial general por 48 horas.

“No se puede castigar al sector que más empleo genera en la República Dominicana para beneficiar a cuatro empresas. La ley debe aplicarse de forma equitativa”, sentenció García.

Fiscalización y competencia desleal

En otro orden, la FDC expresó su expectativa de que, con la llegada de Pedro Urrutia Sangiovanni a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), se refuercen las fiscalizaciones a todas las tiendas, incluidas las propiedad de comerciantes chinos.

“Aquí la ley tiene que aplicarse a todo el mundo. Estamos de acuerdo con la inversión extranjera, pero con la que cumpla las leyes dominicanas”, concluyó García.