Congreso ante fallo del TC sobre candidaturas sin partidos políticos.

Sectores políticos, civiles y religiosos han expresado su preocupación por la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC), contenida en la sentencia TC/0788/24, que declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23. Este fallo permite candidaturas independientes sin necesidad de partidos políticos, lo que ha generado un intenso debate sobre sus posibles impactos en el sistema electoral dominicano.

Diversas voces han propuesto soluciones, entre las que destacan la intervención de la Junta Central Electoral (JCE) y un encuentro con los partidos políticos, así como la modificación de la Ley 20-23 por parte del Congreso Nacional. También se han sugerido alternativas jurídicas, como el uso del “overruling” o la convocatoria a una discusión nacional para analizar el fallo de forma racional y equilibrada.

Entre los sectores que apoyan la intervención de la JCE se encuentran el expresidente Leonel Fernández, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Feliciano Lacen. Paliza ha solicitado que la JCE convoque a los partidos políticos para revisar y discutir el impacto del fallo y sus posibles consecuencias.

El aspirante presidencial del PLD, Francisco Javier García, fue el primero en proponer una audiencia pública en la JCE para analizar la sentencia, subrayando la necesidad de un análisis a fondo debido a su gran repercusión en el sistema electoral.

Por su parte, Sigmund Freud, delegado del PRM ante la JCE, ha sugerido dos posibles soluciones: una modificación de la Ley del Régimen Electoral por parte del Congreso o la emisión de reglamentos por parte de la JCE, en caso de que el Congreso no actúe.

Eddy Olivares, vicepresidente del PRM, considera urgente que el Congreso y los partidos se reúnan para modificar las leyes 33-18 y 20-23 antes de las elecciones de 2028. También, Erick Hernández Machado, coordinador de Participación Ciudadana, ha reafirmado que solo el Congreso puede modificar estas leyes, según la Constitución.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha instado a una discusión nacional amplia para fortalecer la democracia interna de los partidos y aumentar la confianza pública en las instituciones.

En este contexto, el miembro del Comité Central del PLD, Luis García, ha propuesto la figura del "overruling", sugiriendo que el TC reconsidere su sentencia. El "overruling" consiste en un cambio sustancial en la doctrina judicial, utilizado cuando un tribunal modifica una línea jurisprudencial previamente establecida, lo que, según García, es necesario para evitar que el fallo afecte negativamente la estabilidad política del país.