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EL MUNDO

El fiscal especial descarta presentar cargos contra Biden por el caso de los papeles clasificados

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El Departamento de Justicia ya exoneró a Mike Pence por un caso similar, pero Trump y sus seguidores le acusan de usar un doble rasero

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puede respirar un poco más tranquilo. El fiscal especial Robert Hur no presentará cargos contra él por haberse llevado a una oficina privada y a su casa particular documentos oficiales, entre ellos algunos clasificados como confidenciales, de la época en que era senador o vicepresidente. Biden evita así convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en ejercicio imputado por un posible delito. Su antecesor, Donald Trump, está acusado de 91 delitos en cuatro casos penales diferentes, entre ellos uno por los papeles clasificados que se llevó a Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach (Florida). Sin embargo, el informe retrata a Biden como un octogenario que ha perdido la memoria y no recuerda cuándo murió su hijo ni cuándo fue vicepresidente, lo que supone un duro golpe político.

“Concluimos que las pruebas no son suficientes para condenar, y rechazamos recomendar el procesamiento del señor Biden por su retención de los documentos clasificados sobre Afganistán”, los más delicados de los que mantenía en su poder, indica el fiscal. Pese a que no presentará cargos, el informe de 388 páginas del fiscal especial critica a Biden por su manejo de documentos clasificados y sostiene que sus prácticas presentaron “serios riesgos para la seguridad nacional”. “Nuestra investigación descubrió pruebas de que el presidente Biden retuvo y divulgó voluntariamente material clasificado después de su vicepresidencia cuando era un ciudadano privado”, decía el informe, pero las pruebas “no establecen la culpabilidad del señor Biden más allá de una duda razonable”, indica el informe.

Según el documento, que ha sido entregado al Congreso por el Departamento de Justicia, los agentes del FBI recuperaron los documentos “del garaje, las oficinas y el sótano de la casa del señor Biden en Wilmington, Delaware”. Biden también guardó “cuadernos clasificados en espacios no seguros y no autorizados en estas casas de Virginia y Delaware”. El material incluía “documentos clasificados marcados sobre política militar y exterior en Afganistán y cuadernos que contenían anotaciones manuscritas del señor Biden sobre cuestiones de seguridad nacional y política exterior que implicaban fuentes y métodos de inteligencia sensibles”.

La exculpación de Biden es, en parte, demoledora: “El señor Biden probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo durante nuestra entrevista con él, como un hombre simpático, bien intencionado, de edad avanzada y con mala memoria”, dice el fiscal especial, que añade que muchos jurados tendrían por ello “una duda razonable” sobre su culpabilidad. Sería difícil convencer a un jurado después de que Biden dejara el cargo de que “un expresidente de bien entrados los ochenta años” era culpable de un delito grave que “requiere un estado mental de voluntariedad”.

Doble rasero

Trump y sus seguidores agitan acusaciones de persecución política y de doble rasero contra el Departamento de Justicia, aunque las circunstancias del caso de los papeles de Biden son muy diferentes a las del caso de Trump. Lo ocurrido con el actual presidente tiene más paralelismo con el caso del vicepresidente de Trump, Mike Pence, que también se había llevado papeles a su casa y fue exonerado. Pero, sin duda, el informe del fiscal Hur, nombrado en su día por Trump, se convierte en un balón de oxígeno para la defensa del expresidente, aunque también marca las diferencias entre los dos casos.

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Según el informe, Biden llegó a decir: “Cada presidente antes que yo ha hecho exactamente lo mismo”. Hur, en cambio, destaca que “más notablemente, después de que se le dieron múltiples oportunidades para devolver documentos clasificados y evitar el enjuiciamiento, el señor Trump supuestamente hizo lo contrario”. “Según la acusación, no solo se negó a devolver los documentos durante muchos meses, sino que también obstruyó la justicia al reclutar a otros para destruir pruebas y luego mentir al respecto”, añade.

“Por el contrario, el señor Biden entregó documentos clasificados a los Archivos Nacionales y al Departamento de Justicia, consintió el registro de múltiples lugares, incluidos sus domicilios, se sometió a una entrevista voluntaria y cooperó de otras formas con la investigación”, explica el fiscal especial.

Trump retuvo un volumen ingente de documentación, incluidos importantes secretos relacionados con la defensa, desatendió requerimientos para devolver los papeles cuando fue descubierto y la Oficina Federal de Investigación (FBI) acabó registrando por sorpresa su mansión, incautándose de documentos secretos que había tratado de ocultar. En cambio, Biden y Pence informaron por iniciativa propia de que habían descubierto los papeles que retenían y aceptaron voluntariamente que se registrasen sus domicilios sin necesidad de orden judicial.

El acceso a la casa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Wilmington (Delaware), en una imaagen de enero pasado.
El acceso a la casa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Wilmington (Delaware), en una imaagen de enero pasado.CAROLYN KASTER (AP)

Este jueves, Biden ha celebrado que el fiscal haya decidido no presentar cargos: “Me ha complacido ver que han llegado a la conclusión que siempre creí que llegarían: que no se presentarían cargos en este caso y que el asunto queda cerrado”, dice en un comunicado difundido por la Casa Blanca. “Ha sido una investigación exhaustiva que se remonta a más de 40 años, incluso a la década de 1970, cuando yo era un joven senador. Cooperé plenamente, no puse obstáculos ni busqué retrasos. De hecho, estaba tan decidido a dar al fiscal especial lo que necesitaba que seguí adelante con cinco horas de entrevistas en persona durante dos días, el 8 y 9 de octubre del año pasado, a pesar de que Israel acababa de ser atacado el 7 de octubre y yo estaba en medio de una crisis internacional. Creía que eso era lo que le debía al pueblo estadounidense para que supieran que no se presentarían cargos y que el asunto quedaría cerrado”, ha añadido.

Los primeros documentos que retenía Biden indebidamente en su poder fueron descubiertos cuando los abogados personales del presidente estaban empacando archivos guardados en un armario cerrado con llave para prepararse para desocupar el espacio de oficinas en el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global, un think tank dependiente de la Universidad de Pensilvania en Washington. Biden utilizó periódicamente este espacio desde mediados de 2017 hasta el inicio de la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2020.

Los documentos fueron descubiertos el 2 de noviembre de 2022. Ese mismo día, la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca lo notificó a los Archivos Nacionales, que tomaron posesión de los materiales a la mañana siguiente. El hallazgo, por tanto, se produjo días antes de las elecciones legislativas del 8 de noviembre, pero no se hizo público entonces sino hasta el pasado 9 de enero.

“La gente sabe que me tomo seriamente los documentos con información clasificada”, señaló en una visita a México, donde estaba al trascender la noticia. “Encontraron unos documentos en una caja, en un armario cerrado, y en cuanto lo hicieron se dieron cuenta de que había varios documentos clasificados en esa caja. E hicieron lo que debían: llamar inmediatamente a los Archivos [Nacionales] y entregárselos”, continuó. “Me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió saber que hay registros gubernamentales que fueron llevados a esa oficina, pero no sé lo que hay en los documentos”, añadió.

No aclaró en esa comparecencia que sus abogados ya habían encontrado el 20 de diciembre del año pasado un segundo lote de documentos clasificados en un cuarto junto al garaje de su casa en Wilmington (Delaware). El fiscal general, Merrick Garland, reveló ese nuevo descubrimiento el 12 de enero a la vez que anunciaba el nombramiento del abogado Robert Hur, que trabajó entre 2018 y 2021 como fiscal del Estado de Maryland, como fiscal especial del caso para indagar en “la posible extracción y retención no autorizada de documentos clasificados u otros registros”.

La semana siguiente, el 20 de enero, agentes del FBI a las órdenes del Departamento de Justicia estuvieron registrando la casa de Biden, desde las 9.45 de la mañana hasta las 10.30 de la noche. Fue una búsqueda pactada, sin requerimiento ni orden judicial, sino ofrecida voluntariamente por Biden y sus abogados. En esas casi 13 horas de revisar a fondo las pertenencias del presidente, los agentes hallaron nuevos documentos con marcas de clasificación confidencial y materiales anexos tanto de la época en que Biden era senador como de la que era vicepresidente, según informó su abogado personal. Tomaron posesión de ellos y también se llevaron algunas notas manuscritas de Biden de los años en que fue vicepresidente (de 2009 a 2017).

Todavía hubo otro registro pactado, el de la casa de la playa de Biden, en Rehoboth Beach (Delaware), aunque en este caso no apareció ningún documento con el sello de clasificado, aunque los agentes se llevaron para un análisis más detallado algunos materiales y notas manuscritas que parecían de su época de vicepresidente.

Biden enseguida restó importancia a la cuestión. “Por lo que yo sé, el tipo de cosas que recogieron fueron cosas de 1974 y papeles perdidos”, dijo en una entrevista en televisión en febrero. “Cuando empaquetaron [las cosas de] mis oficinas para trasladarlas, no hicieron el tipo de trabajo que se debería haber hecho para revisar a fondo cada una de las piezas de documentación”, añadió.

El caso de los papeles clasificados de Biden y el de Trump son muy diferentes. Sin embargo, el hecho de que por dos casos que guardan similitudes Trump esté imputado y Biden exonerado es gasolina para el fuego de las acusaciones de uso político de la justicia a menos de un año de unas elecciones presidenciales que, salvo sorpresa, volverán a enfrentar a ambos candidatos.

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Durante el año escolar 2025-2026 se han registrado 1,384 horas de clases perdidas, con 61 días lectivos afectados como resultado de 55 convocatorias de suspensión que han impactado a 7,921 centros educativos públicos y semioficiales en las 18 regionales educativas. Este resultado de la pérdida de docencia fue arrojado por el Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases, una nueva herramienta que permitirá cuantificar en tiempo real el costo educativo y económico de las suspensiones en el sector educativo. La plataforma fue desarrollada por Acción Empresarial por la Educación (Educa), junto con el Foro Socioeducativo, la Federación Padres, Madres, Amigos y Tutores de la Escuela (APMAE) y Fe y Alegría. De acuerdo con el informe presentado por la directora ejecutiva de Educa, Yahaira Sosa Machado, la estimación económica establece que cada día de docencia suspendida representa un costo aproximado de 883 millones de pesos en valor educativo no impartido, lo que sitúa el impacto acumulado del período en 4,471 millones de pesos. Explicó que la cifra se fundamenta en una actualización metodológica basada en el Informe de Veeduría del Pacto Educativo de 2018, utilizando el presupuesto ejecutado del Ministerio de Educación correspondiente a 2025, ascendente a 304,932.7 millones de pesos, y el calendario oficial de 191 días lectivos aprobado por el Consejo Nacional de Educación para el presente año escolar. “De las 1,384 horas de clases que se han perdido en el año escolar, están afectados unos 7,900 centros educativos del sector público y semioficial. La continuidad de la docencia no es un tema administrativo, sino un tema de derecho, equidad y desarrollo nacional. Cada día de aprendizaje perdido representa oportunidades que difícilmente puedan recuperarse”, dijo Machado. Asimismo, destacó que los resultados arrojados por la plataforma no buscan crear un ambiente pesimista, sino incentivar mejoras para el año escolar 2026-2027 y lograr que los números reflejados puedan revertirse. Email icon Recibe las principales noticias del día en tu bandeja de correo con nuestro newsletter Lo que tienes que saber. Introduce tu email RELACIONADAS Docentes de la cordillera Central, vocación desafiada por el aislamiento y el sacrificio familiar Educación Docentes de la cordillera Central, vocación desafiada por el aislamiento y el sacrificio familiar Educa presenta a su nueva junta directiva y plantea prioridades para transformar el sector educativo Educación Educa presenta a su nueva junta directiva y plantea prioridades para transformar el sector educativo “Podemos colaborar con la alimentación de la plataforma y agradecemos a las instituciones que se han sumado a la iniciativa, la cual está disponible en la página web. Allí se puede ver incluso en qué se basa la misma”, indicó Machado. Expandir imagen[object HTMLTextAreaElement] Interfax del Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases. (CAPTURA DE PANTALLA A LA PÁGINA WEB.) Causas de la interrupción de docencia El análisis sitúa a los eventos meteorológicos y a los paros o huelgas sindicales como las principales causas de interrupción de la docencia. En ese sentido, la plataforma arrojó un resultado de 24.5 % para los fenómenos atmosféricos y de 25 % para las protestas. Les siguen las celebraciones y festividades locales (17 %), las asambleas docentes (8 %), otras causas diversas (8 %), los congresos y eventos académicos (7 %), las condiciones de infraestructura escolar (6 %), la falta de servicios básicos (2 %) y los procesos de fumigación, saneamiento y actividades electorales (1 % cada uno). El Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases identificó a la Regional 05 de San Pedro de Macorís como la más afectada del país, con 18 días perdidos, equivalentes al 9.4 % del año escolar. El monitor incorpora, además, un sistema georreferenciado de incidencias que permite visualizar la distribución territorial de las interrupciones y documentar las causas específicas reportadas en cada comunidad educativa. Asimismo, integra un mecanismo de reporte ciudadano mediante el cual directores, docentes, familias y comunidades pueden notificar las suspensiones que ocurren en sus centros. Bajo el principio de que “la transparencia la construimos juntos”, Educa invita a la ciudadanía a sumarse a la verificación y actualización permanente de los datos. La herramienta fue lanzada durante la presentación de la nueva junta directiva de Educa, en un acto realizado en el Museo de Historia y Geografía, ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Expandir imagenInfografía Susana Martínez Nadal, nueva presidenta de Educa. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) Expresidentes de Educa respaldan herramienta Durante el acto, los expresidentes de Educa sostuvieron un conversatorio en el que compartieron sus experiencias durante los años de gestión, las luchas que enfrentaron y su posición respecto al sistema educativo actual. Los exdirigentes de Educa respaldaron, además, la creación de la nueva plataforma y aseguraron que representa un avance para el país. El panel de “Pasados Presidentes” estuvo integrado por Luis Sánchez Noble, Juan Tomás Tavares, George Santoni, José Mármol, Samuel Conde, María Waleska Álvarez, Elena Viyella y Samuel Conde. Pérdida de docencia Los hallazgos de la nueva herramienta sobre pérdida de docencia colocan nuevamente en debate el proyecto de resolución que busca instruir al Ministerio de Educación a descontar el salario de los maestros que falten a la docencia por causas injustificadas, incluidas las huelgas. En ese orden, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Evaristo Santos Badía, indicó, tras ser abordado por periodistas, que lo fundamental es evitar la pérdida de clases por el bienestar de los estudiantes. “Creo que hay que mejorar el tema de que no se suspendan las clases, porque nadie quiere que se les quite el sueldo a los maestros ni que los niños pierdan clases. Así que vamos a trabajar para que no se pierda ni un solo día. Pienso que lo importante es que se garantice la jornada escolar”, manifestó. El proyecto sostiene que las ausencias injustificadas de maestros retrasan el calendario escolar y perjudican el derecho a la educación de los estudiantes. La propuesta está siendo evaluada por la Cámara de Diputados y busca implementar un sistema electrónico de control de asistencia. Leer más

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Según el informe, Biden llegó a decir: “Cada presidente antes que yo ha hecho exactamente lo mismo”. Hur, en cambio, destaca que “más notablemente, después de que se le dieron múltiples oportunidades para devolver documentos clasificados y evitar el enjuiciamiento, el señor Trump supuestamente hizo lo contrario”. “Según la acusación, no solo se negó a devolver los documentos durante muchos meses, sino que también obstruyó la justicia al reclutar a otros para destruir pruebas y luego mentir al respecto”, añade.

“Por el contrario, el señor Biden entregó documentos clasificados a los Archivos Nacionales y al Departamento de Justicia, consintió el registro de múltiples lugares, incluidos sus domicilios, se sometió a una entrevista voluntaria y cooperó de otras formas con la investigación”, explica el fiscal especial.

Trump retuvo un volumen ingente de documentación, incluidos importantes secretos relacionados con la defensa, desatendió requerimientos para devolver los papeles cuando fue descubierto y la Oficina Federal de Investigación (FBI) acabó registrando por sorpresa su mansión, incautándose de documentos secretos que había tratado de ocultar. En cambio, Biden y Pence informaron por iniciativa propia de que habían descubierto los papeles que retenían y aceptaron voluntariamente que se registrasen sus domicilios sin necesidad de orden judicial.

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El acceso a la casa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Wilmington (Delaware), en una imaagen de enero pasado.CAROLYN KASTER (AP)

Este jueves, Biden ha celebrado que el fiscal haya decidido no presentar cargos: “Me ha complacido ver que han llegado a la conclusión que siempre creí que llegarían: que no se presentarían cargos en este caso y que el asunto queda cerrado”, dice en un comunicado difundido por la Casa Blanca. “Ha sido una investigación exhaustiva que se remonta a más de 40 años, incluso a la década de 1970, cuando yo era un joven senador. Cooperé plenamente, no puse obstáculos ni busqué retrasos. De hecho, estaba tan decidido a dar al fiscal especial lo que necesitaba que seguí adelante con cinco horas de entrevistas en persona durante dos días, el 8 y 9 de octubre del año pasado, a pesar de que Israel acababa de ser atacado el 7 de octubre y yo estaba en medio de una crisis internacional. Creía que eso era lo que le debía al pueblo estadounidense para que supieran que no se presentarían cargos y que el asunto quedaría cerrado”, ha añadido.

Los primeros documentos que retenía Biden indebidamente en su poder fueron descubiertos cuando los abogados personales del presidente estaban empacando archivos guardados en un armario cerrado con llave para prepararse para desocupar el espacio de oficinas en el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global, un think tank dependiente de la Universidad de Pensilvania en Washington. Biden utilizó periódicamente este espacio desde mediados de 2017 hasta el inicio de la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2020.

Los documentos fueron descubiertos el 2 de noviembre de 2022. Ese mismo día, la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca lo notificó a los Archivos Nacionales, que tomaron posesión de los materiales a la mañana siguiente. El hallazgo, por tanto, se produjo días antes de las elecciones legislativas del 8 de noviembre, pero no se hizo público entonces sino hasta el pasado 9 de enero.

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No aclaró en esa comparecencia que sus abogados ya habían encontrado el 20 de diciembre del año pasado un segundo lote de documentos clasificados en un cuarto junto al garaje de su casa en Wilmington (Delaware). El fiscal general, Merrick Garland, reveló ese nuevo descubrimiento el 12 de enero a la vez que anunciaba el nombramiento del abogado Robert Hur, que trabajó entre 2018 y 2021 como fiscal del Estado de Maryland, como fiscal especial del caso para indagar en “la posible extracción y retención no autorizada de documentos clasificados u otros registros”.

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Todavía hubo otro registro pactado, el de la casa de la playa de Biden, en Rehoboth Beach (Delaware), aunque en este caso no apareció ningún documento con el sello de clasificado, aunque los agentes se llevaron para un análisis más detallado algunos materiales y notas manuscritas que parecían de su época de vicepresidente.

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El caso de los papeles clasificados de Biden y el de Trump son muy diferentes. Sin embargo, el hecho de que por dos casos que guardan similitudes Trump esté imputado y Biden exonerado es gasolina para el fuego de las acusaciones de uso político de la justicia a menos de un año de unas elecciones presidenciales que, salvo sorpresa, volverán a enfrentar a ambos candidatos.

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