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EL MUNDO

Esta estrategia ha suscitado críticas de organizaciones humanitarias.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el despliegue de 2,500 miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, como parte de un "cerco de seguridad" para combatir la presencia de pandillas en la zona. Según Bukele, la inteligencia policial identificó un grupo de pandilleros ocultos en esta área.

El operativo, que incluye 2,000 soldados y 500 policías, busca "extraer hasta el último pandillero" del lugar. Esta acción se suma a otros cercos de seguridad implementados en diferentes regiones del país en el contexto de un régimen de excepción que se ha prolongado desde marzo de 2022. Este régimen, instaurado tras una ola de asesinatos, ha llevado a más de 81,900 detenciones, convirtiéndose en la estrategia principal del gobierno para combatir el crimen organizado.

Sin embargo, esta estrategia ha suscitado críticas de organizaciones humanitarias, que han documentado más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas. Además, se han reportado más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, muchas de ellas con signos de violencia. A pesar de las controversias, las medidas de Bukele han contribuido a su reelección inmediata, a pesar de la prohibición constitucional.

 

 


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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el despliegue de 2,500 miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, como parte de un "cerco de seguridad" para combatir la presencia de pandillas en la zona. Según Bukele, la inteligencia policial identificó un grupo de pandilleros ocultos en esta área.

El operativo, que incluye 2,000 soldados y 500 policías, busca "extraer hasta el último pandillero" del lugar. Esta acción se suma a otros cercos de seguridad implementados en diferentes regiones del país en el contexto de un régimen de excepción que se ha prolongado desde marzo de 2022. Este régimen, instaurado tras una ola de asesinatos, ha llevado a más de 81,900 detenciones, convirtiéndose en la estrategia principal del gobierno para combatir el crimen organizado.

Sin embargo, esta estrategia ha suscitado críticas de organizaciones humanitarias, que han documentado más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas. Además, se han reportado más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, muchas de ellas con signos de violencia. A pesar de las controversias, las medidas de Bukele han contribuido a su reelección inmediata, a pesar de la prohibición constitucional.

 

 

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