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EL MUNDO

Estados Unidos rompe con Venezuela y anuncia el regreso de las sanciones al petróleo

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Caracas considera la decisión de Washington un ataque a su soberanía y se mantiene en el veto a la opositora María Corina Machado

Estados Unidos ha anunciado que no renovará las licencias al petróleo y el gas que había concedido a Venezuela a cambio de una apertura democrática del país. Washington había dado hasta abril para que el chavismo se retractara del veto para presentarse a las elecciones presidenciales a María Corina Machado, la principal figura de la oposición, pero la contundencia con la que se han mostrado el presidente Nicolás Maduro y sus allegados respecto a la inhabilitación ha llevado al Departamento de Estado a anunciar este martes que la tregua que se habían dado ambos países queda enterrada. La puerta que había abierto el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, para seguir en las negociaciones al retrasar una decisión definitiva a abril se ha cerrado. Se ha trancado el juego nuevamente.

El 18 de abril vencerán las autorizaciones dadas a empresas petroleras para negociar con Venezuela y las expectativas que esto generaba en el sector de que podrían prorrogarse —en vista de las contracciones que vive el mercado energético mundial con dos guerras en curso— han tocado techo tras la respuesta que ha dado Washington. Venezuela ha replicado de inmediato para denunciar lo que considera un chantaje. Responde en los mismos términos de transacción en los que se ha planteado la negociación de una salida electoral a la larga crisis política en el país sudamericano.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, advirtió que quedarán suspendidos los vuelos de deportación de migrantes que se implementaron desde Estados Unidos a Caracas, para aliviar la presión interna sobre la Administración de Joe Biden por la llegada masiva de ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades a sus fronteras. “Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos, y pasaría a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente al deliberado intento de golpear a la industria del petróleo y gas venezolano”, dijo Rodríguez en su réplica al portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. La elección del 13 de febrero se debe a que ese día, según una actualización del Tesoro estadounidense, quedarán sin efecto las primeras licencias con relación a las transacciones con oro venezolano.

El comunicado lanzado por las autoridades venezolanas en respuesta al anuncio de EE UU.
El comunicado lanzado por las autoridades venezolanas en respuesta al anuncio de EE UU.

Para Estados Unidos, “las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes, incluido el arresto de miembros de la oposición” y “la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año”, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados en octubre pasado. En el documento aclaran que la Licencia General 44, que desde noviembre pasado brinda alivio al sector de petróleo y gas de Venezuela, “a falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria” no se renovará cuando expire dentro dos meses y medio.

Washington insta a regresar a los acuerdos de Barbados, que el chavismo asegura cumplir y la oposición denuncia que han sido completamente violados. “Continuaremos trabajando con la comunidad internacional y todos los actores de democráticos pacíficos de todo el espectro político en Venezuela y aprovecharemos los mecanismos a nuestra disposición para alentar el retorno a los principios del acuerdo de Barbados”, reitera Washington.

Venezuela ha decidido seguir adelante hacia unas elecciones a su medida, en las que ha dejado en el camino a la principal candidata escogida en primarias, María Corina Machado, que lidera por amplio margen las encuestas. Ahora el chavismo está favoreciendo candidaturas de otros sectores minoritarios —en ocasiones aliados del chavismo— a las que con el precario apoyo que mantienen podrían vencer. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha dicho que la próxima semana se fijará la fecha de las elecciones y se definirá el proceso electoral. En cualquier caso, el chavismo no dará marcha atrás a la inhabilitación de Machado, considerada amañada por expertos y de la que no pudo siquiera defenderse en un juicio.

El conflicto venezolano es un perro que se muerde la cola. Una vez más, tras un proceso en el que se produjeron algunos movimientos en el tablero, la situación vuelve a estar cerca del punto muerto en el que ha estado antes, con el riesgo de que la interlocución directa que habían logrado Washington y Caracas, después de las conversaciones secretas en Doha, se cierre de nuevo. “La República Bolivariana de Venezuela repudia los más recientes intentos de chantaje e intromisión en sus asuntos internos por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, que constituyen un ultimátum contra toda la sociedad venezolana y, que mediante la coerción y la amenaza, busca imponer el golpismo, desconocer las instituciones de la República, aplicar nuevas medidas coercitivas, y desestabilizar la economía venezolana y el bienestar de su pueblo”, señaló el canciller venezolano Yvan Gil.

Una vez alcanzados objetivos parciales, como la entrega por EE UU de Alex Saab, aliado del Gobierno venezolano e informante de la DEA, y el alivio temporal de las sanciones, el chavismo ha otorgado unas difusas concesiones a la oposición y nuevamente se ha atrincherado. Desde que en 2019 se impusieron las sanciones sectoriales, el Gobierno venezolano aprendió a navegar en medio del cerco impuesto por Estados Unidos. Fue Saab, precisamente, el que se convirtió en el operador financiero del Gobierno en ese contexto hasta que en 2020 fue detenido en Cabo Verde y luego extraditado a Estados Unidos.

El presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, ha convocado una rueda de prensa este mismo martes para asegurar que la industria petrolera está preparada para cualquier circunstancia, ante el desafío que supone el regreso de las sanciones. Tellechea dijo que las medidas tomadas por Estados Unidos también tendrán consecuencias en el país norteamericano, pues, aseguró este responsable, sus inventarios de crudo están bajos. La industria petrolera ha intentado remontar la producción que llegó a sus mínimos por años de falta de inversión, malos manejos y la inmensa corrupción, que se agravó desde la aplicación de las sanciones. De llegar a producir 3,2 millones de barriles diarios, Venezuela rozó los 400.000 en 2020, el peor año. Este volumen ha ido en aumento hasta llegar a unos 800.000 barriles diarios gracias la flexibilización de las operaciones a las empresas mixtas que tiene el Estado con Chevron, Eni y Repsol, sin impactos sustanciales en la situación económica del país, en el que se ha logrado controlar la inflación con un costo demasiado alto en la contracción del consumo.


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Durante el año escolar 2025-2026 se han registrado 1,384 horas de clases perdidas, con 61 días lectivos afectados como resultado de 55 convocatorias de suspensión que han impactado a 7,921 centros educativos públicos y semioficiales en las 18 regionales educativas. Este resultado de la pérdida de docencia fue arrojado por el Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases, una nueva herramienta que permitirá cuantificar en tiempo real el costo educativo y económico de las suspensiones en el sector educativo. La plataforma fue desarrollada por Acción Empresarial por la Educación (Educa), junto con el Foro Socioeducativo, la Federación Padres, Madres, Amigos y Tutores de la Escuela (APMAE) y Fe y Alegría. De acuerdo con el informe presentado por la directora ejecutiva de Educa, Yahaira Sosa Machado, la estimación económica establece que cada día de docencia suspendida representa un costo aproximado de 883 millones de pesos en valor educativo no impartido, lo que sitúa el impacto acumulado del período en 4,471 millones de pesos. Explicó que la cifra se fundamenta en una actualización metodológica basada en el Informe de Veeduría del Pacto Educativo de 2018, utilizando el presupuesto ejecutado del Ministerio de Educación correspondiente a 2025, ascendente a 304,932.7 millones de pesos, y el calendario oficial de 191 días lectivos aprobado por el Consejo Nacional de Educación para el presente año escolar. “De las 1,384 horas de clases que se han perdido en el año escolar, están afectados unos 7,900 centros educativos del sector público y semioficial. La continuidad de la docencia no es un tema administrativo, sino un tema de derecho, equidad y desarrollo nacional. Cada día de aprendizaje perdido representa oportunidades que difícilmente puedan recuperarse”, dijo Machado. Asimismo, destacó que los resultados arrojados por la plataforma no buscan crear un ambiente pesimista, sino incentivar mejoras para el año escolar 2026-2027 y lograr que los números reflejados puedan revertirse. Email icon Recibe las principales noticias del día en tu bandeja de correo con nuestro newsletter Lo que tienes que saber. Introduce tu email RELACIONADAS Docentes de la cordillera Central, vocación desafiada por el aislamiento y el sacrificio familiar Educación Docentes de la cordillera Central, vocación desafiada por el aislamiento y el sacrificio familiar Educa presenta a su nueva junta directiva y plantea prioridades para transformar el sector educativo Educación Educa presenta a su nueva junta directiva y plantea prioridades para transformar el sector educativo “Podemos colaborar con la alimentación de la plataforma y agradecemos a las instituciones que se han sumado a la iniciativa, la cual está disponible en la página web. Allí se puede ver incluso en qué se basa la misma”, indicó Machado. Expandir imagen[object HTMLTextAreaElement] Interfax del Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases. (CAPTURA DE PANTALLA A LA PÁGINA WEB.) Causas de la interrupción de docencia El análisis sitúa a los eventos meteorológicos y a los paros o huelgas sindicales como las principales causas de interrupción de la docencia. En ese sentido, la plataforma arrojó un resultado de 24.5 % para los fenómenos atmosféricos y de 25 % para las protestas. Les siguen las celebraciones y festividades locales (17 %), las asambleas docentes (8 %), otras causas diversas (8 %), los congresos y eventos académicos (7 %), las condiciones de infraestructura escolar (6 %), la falta de servicios básicos (2 %) y los procesos de fumigación, saneamiento y actividades electorales (1 % cada uno). El Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases identificó a la Regional 05 de San Pedro de Macorís como la más afectada del país, con 18 días perdidos, equivalentes al 9.4 % del año escolar. El monitor incorpora, además, un sistema georreferenciado de incidencias que permite visualizar la distribución territorial de las interrupciones y documentar las causas específicas reportadas en cada comunidad educativa. Asimismo, integra un mecanismo de reporte ciudadano mediante el cual directores, docentes, familias y comunidades pueden notificar las suspensiones que ocurren en sus centros. Bajo el principio de que “la transparencia la construimos juntos”, Educa invita a la ciudadanía a sumarse a la verificación y actualización permanente de los datos. La herramienta fue lanzada durante la presentación de la nueva junta directiva de Educa, en un acto realizado en el Museo de Historia y Geografía, ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Expandir imagenInfografía Susana Martínez Nadal, nueva presidenta de Educa. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) Expresidentes de Educa respaldan herramienta Durante el acto, los expresidentes de Educa sostuvieron un conversatorio en el que compartieron sus experiencias durante los años de gestión, las luchas que enfrentaron y su posición respecto al sistema educativo actual. Los exdirigentes de Educa respaldaron, además, la creación de la nueva plataforma y aseguraron que representa un avance para el país. El panel de “Pasados Presidentes” estuvo integrado por Luis Sánchez Noble, Juan Tomás Tavares, George Santoni, José Mármol, Samuel Conde, María Waleska Álvarez, Elena Viyella y Samuel Conde. Pérdida de docencia Los hallazgos de la nueva herramienta sobre pérdida de docencia colocan nuevamente en debate el proyecto de resolución que busca instruir al Ministerio de Educación a descontar el salario de los maestros que falten a la docencia por causas injustificadas, incluidas las huelgas. En ese orden, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Evaristo Santos Badía, indicó, tras ser abordado por periodistas, que lo fundamental es evitar la pérdida de clases por el bienestar de los estudiantes. “Creo que hay que mejorar el tema de que no se suspendan las clases, porque nadie quiere que se les quite el sueldo a los maestros ni que los niños pierdan clases. Así que vamos a trabajar para que no se pierda ni un solo día. Pienso que lo importante es que se garantice la jornada escolar”, manifestó. El proyecto sostiene que las ausencias injustificadas de maestros retrasan el calendario escolar y perjudican el derecho a la educación de los estudiantes. La propuesta está siendo evaluada por la Cámara de Diputados y busca implementar un sistema electrónico de control de asistencia. Leer más

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El 18 de abril vencerán las autorizaciones dadas a empresas petroleras para negociar con Venezuela y las expectativas que esto generaba en el sector de que podrían prorrogarse —en vista de las contracciones que vive el mercado energético mundial con dos guerras en curso— han tocado techo tras la respuesta que ha dado Washington. Venezuela ha replicado de inmediato para denunciar lo que considera un chantaje. Responde en los mismos términos de transacción en los que se ha planteado la negociación de una salida electoral a la larga crisis política en el país sudamericano.

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El comunicado lanzado por las autoridades venezolanas en respuesta al anuncio de EE UU.
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Para Estados Unidos, “las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes, incluido el arresto de miembros de la oposición” y “la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año”, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados en octubre pasado. En el documento aclaran que la Licencia General 44, que desde noviembre pasado brinda alivio al sector de petróleo y gas de Venezuela, “a falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria” no se renovará cuando expire dentro dos meses y medio.

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Venezuela ha decidido seguir adelante hacia unas elecciones a su medida, en las que ha dejado en el camino a la principal candidata escogida en primarias, María Corina Machado, que lidera por amplio margen las encuestas. Ahora el chavismo está favoreciendo candidaturas de otros sectores minoritarios —en ocasiones aliados del chavismo— a las que con el precario apoyo que mantienen podrían vencer. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha dicho que la próxima semana se fijará la fecha de las elecciones y se definirá el proceso electoral. En cualquier caso, el chavismo no dará marcha atrás a la inhabilitación de Machado, considerada amañada por expertos y de la que no pudo siquiera defenderse en un juicio.

El conflicto venezolano es un perro que se muerde la cola. Una vez más, tras un proceso en el que se produjeron algunos movimientos en el tablero, la situación vuelve a estar cerca del punto muerto en el que ha estado antes, con el riesgo de que la interlocución directa que habían logrado Washington y Caracas, después de las conversaciones secretas en Doha, se cierre de nuevo. “La República Bolivariana de Venezuela repudia los más recientes intentos de chantaje e intromisión en sus asuntos internos por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, que constituyen un ultimátum contra toda la sociedad venezolana y, que mediante la coerción y la amenaza, busca imponer el golpismo, desconocer las instituciones de la República, aplicar nuevas medidas coercitivas, y desestabilizar la economía venezolana y el bienestar de su pueblo”, señaló el canciller venezolano Yvan Gil.

Una vez alcanzados objetivos parciales, como la entrega por EE UU de Alex Saab, aliado del Gobierno venezolano e informante de la DEA, y el alivio temporal de las sanciones, el chavismo ha otorgado unas difusas concesiones a la oposición y nuevamente se ha atrincherado. Desde que en 2019 se impusieron las sanciones sectoriales, el Gobierno venezolano aprendió a navegar en medio del cerco impuesto por Estados Unidos. Fue Saab, precisamente, el que se convirtió en el operador financiero del Gobierno en ese contexto hasta que en 2020 fue detenido en Cabo Verde y luego extraditado a Estados Unidos.

El presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, ha convocado una rueda de prensa este mismo martes para asegurar que la industria petrolera está preparada para cualquier circunstancia, ante el desafío que supone el regreso de las sanciones. Tellechea dijo que las medidas tomadas por Estados Unidos también tendrán consecuencias en el país norteamericano, pues, aseguró este responsable, sus inventarios de crudo están bajos. La industria petrolera ha intentado remontar la producción que llegó a sus mínimos por años de falta de inversión, malos manejos y la inmensa corrupción, que se agravó desde la aplicación de las sanciones. De llegar a producir 3,2 millones de barriles diarios, Venezuela rozó los 400.000 en 2020, el peor año. Este volumen ha ido en aumento hasta llegar a unos 800.000 barriles diarios gracias la flexibilización de las operaciones a las empresas mixtas que tiene el Estado con Chevron, Eni y Repsol, sin impactos sustanciales en la situación económica del país, en el que se ha logrado controlar la inflación con un costo demasiado alto en la contracción del consumo.

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