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Exprocurador Jean Alain Rodríguez empieza hoy su defensa ante el juez Amauri Martínez

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El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, empieza este viernes a refutar la acusación de incurrir en corrupción, soborno y lavado de activos durante su gestión como máximo representante del Ministerio Público (2016-2020) durante la cual, según el órgano acusador, malversó RD$6,000 millones.

El exprocurador es el último del grupo de acusados en Operación Medusa que falta por exponer su defensa en el juicio preliminar y ante el juez del Tercer Juzgado de Instrucción, Amauri Martínez, quien le otorgó seis días para que la presente.

Los demás encartados que decidieron enfrentar la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) concluyeron sus exposiciones, desmintiendo las imputaciones de los fiscales.

Se recuerda que, de un total de 63 acusados (41 personas y 22 empresas), se han declarado culpable 26, de los que 17 son personas físicas y nueve jurídicas.

De los que han negociado con los fiscales, en audiencia solo han acusado a Jean Alain Rodríguez el exdirector Administrativo del Ministerio Público, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, quien es señalado como el "puente" entre el exprocurador y las empresas contratistas del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, a las que se habría cobrado soborno.

Según la acusación de Operación Medusa, como ha sido nombrada la investigación, otro delator es el exjefe de Gabinete, Rafael Steffano Canó Sacco, quien se encuentra en España.

Dice delaciones no tienen fuerza jurídica

Los abogados del exprocurador, encabezado por Carlos Balcácer, afirman que las declaraciones de imputados delatores "no tienen fuerza jurídica en ningún tribunal porque las mismas no crean prueba".

En una comunicación de prensa, explicó que las acusaciones de coimputados solamente son aceptadas para prueba propia de ellos, no para perjudicar a otro de los procesados.

Atribuyen las declaraciones de Rodríguez Imbert a una presión que le hizo la Pepca que lo "obligó" a que la leyera de forma literal en un documento durante la audiencia para que señalara a Jean Alain, "accediendo este irresponsablemente a mentir a cambio de que le suspendieran el arresto domiciliario a partir del mes de julio de este año" y se le redujera la condena por admitir su responsabilidad.

Preliminar casi finalizaFuentes consultadas ligadas al proceso vaticinan que el juicio preliminar está "cerca de finalizar".

Algunas entienden que debe concluir con una decisión del juez en mayo o, a más tardar, a principios de junio, mes en el que el caso cumple tres años en la justicia. En el fallo, el magistrado podría dictar un no ha lugar, rechazando la acusación contra los imputados o, de lo contrario, dictar apertura a juicio de fondo.

En una siguiente etapa se condenaría o se absolvería de responsabilidad penal a los encartados. El delito "más grave" contra el exprocurador es el de lavado de activos para el que la Ley 155-17 contempla una pena de hasta veinte años de prisión.

Este viernes también está pautado que se retomen las audiencias del juicio de fondo de Operación Antipulpo, el cual encabezan  como imputados los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez. El proceso judicial se mantiene estancado por problemas de salud que alegan los imputados.

El lunes, la jueza suplente del Segundo Juzgado de Instrucción, Franchesca Potentini, conocerá la solicitud de prórroga que hizo el MP para concluir la investigación del caso Calamar, el de mayor estafa al Estado.

También el 18 de este mes, el Primer Tribunal Colegiado intentará nueva vez iniciar el juicio de fondo a militares y policías involucrados en Operación Coral.


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El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, empieza este viernes a refutar la acusación de incurrir en corrupción, soborno y lavado de activos durante su gestión como máximo representante del Ministerio Público (2016-2020) durante la cual, según el órgano acusador, malversó RD$6,000 millones.

El exprocurador es el último del grupo de acusados en Operación Medusa que falta por exponer su defensa en el juicio preliminar y ante el juez del Tercer Juzgado de Instrucción, Amauri Martínez, quien le otorgó seis días para que la presente.

Los demás encartados que decidieron enfrentar la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) concluyeron sus exposiciones, desmintiendo las imputaciones de los fiscales.

Se recuerda que, de un total de 63 acusados (41 personas y 22 empresas), se han declarado culpable 26, de los que 17 son personas físicas y nueve jurídicas.

De los que han negociado con los fiscales, en audiencia solo han acusado a Jean Alain Rodríguez el exdirector Administrativo del Ministerio Público, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, quien es señalado como el "puente" entre el exprocurador y las empresas contratistas del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, a las que se habría cobrado soborno.

Según la acusación de Operación Medusa, como ha sido nombrada la investigación, otro delator es el exjefe de Gabinete, Rafael Steffano Canó Sacco, quien se encuentra en España.

Dice delaciones no tienen fuerza jurídica

Los abogados del exprocurador, encabezado por Carlos Balcácer, afirman que las declaraciones de imputados delatores "no tienen fuerza jurídica en ningún tribunal porque las mismas no crean prueba".

En una comunicación de prensa, explicó que las acusaciones de coimputados solamente son aceptadas para prueba propia de ellos, no para perjudicar a otro de los procesados.

Atribuyen las declaraciones de Rodríguez Imbert a una presión que le hizo la Pepca que lo "obligó" a que la leyera de forma literal en un documento durante la audiencia para que señalara a Jean Alain, "accediendo este irresponsablemente a mentir a cambio de que le suspendieran el arresto domiciliario a partir del mes de julio de este año" y se le redujera la condena por admitir su responsabilidad.

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Algunas entienden que debe concluir con una decisión del juez en mayo o, a más tardar, a principios de junio, mes en el que el caso cumple tres años en la justicia. En el fallo, el magistrado podría dictar un no ha lugar, rechazando la acusación contra los imputados o, de lo contrario, dictar apertura a juicio de fondo.

En una siguiente etapa se condenaría o se absolvería de responsabilidad penal a los encartados. El delito "más grave" contra el exprocurador es el de lavado de activos para el que la Ley 155-17 contempla una pena de hasta veinte años de prisión.

Este viernes también está pautado que se retomen las audiencias del juicio de fondo de Operación Antipulpo, el cual encabezan  como imputados los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez. El proceso judicial se mantiene estancado por problemas de salud que alegan los imputados.

El lunes, la jueza suplente del Segundo Juzgado de Instrucción, Franchesca Potentini, conocerá la solicitud de prórroga que hizo el MP para concluir la investigación del caso Calamar, el de mayor estafa al Estado.

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