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Maribel y Antonio Espaillat no irán a la cárcel como coerción

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La justicia dominicana determinó que Maribel y Antonio Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, no prestarán prisión preventiva como medida de coerción, tras el trágico derrumbe del techo ocurrido el 8 de abril, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos.

En su lugar, se determinó el pago de una fianza de RD$ 50 millones (≈ US$ 900,000), prohibición de enajenar activos, incluyendo congelación de bienes vinculados al conglomerado RCC Media, prohibición de salida del país y presentación periódica.

El abogado defensor de los Espaillat, Miguel Valerio, señaló el proceso “no se trata de crímenes” y subrayó que ni su defendido ni su hermana han demostrado avaricia o codicia. Asimismo, precisó que  se llegó a acuerdos con 40 víctimas, lo que generó desistimientos formales dentro del proceso judicial.

Por su parte, Wilson Camacho, director de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, reiteró la solidez de la investigación y el respaldo a su clasificación jurídica de homicidio involuntario. Sin embargo, anunció que apelará las medidas cautelares, pues consideran que la jueza minimizaría la magnitud del daño causado a las víctimas.


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La justicia dominicana determinó que Maribel y Antonio Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, no prestarán prisión preventiva como medida de coerción, tras el trágico derrumbe del techo ocurrido el 8 de abril, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos.

En su lugar, se determinó el pago de una fianza de RD$ 50 millones (≈ US$ 900,000), prohibición de enajenar activos, incluyendo congelación de bienes vinculados al conglomerado RCC Media, prohibición de salida del país y presentación periódica.

El abogado defensor de los Espaillat, Miguel Valerio, señaló el proceso “no se trata de crímenes” y subrayó que ni su defendido ni su hermana han demostrado avaricia o codicia. Asimismo, precisó que  se llegó a acuerdos con 40 víctimas, lo que generó desistimientos formales dentro del proceso judicial.

Por su parte, Wilson Camacho, director de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, reiteró la solidez de la investigación y el respaldo a su clasificación jurídica de homicidio involuntario. Sin embargo, anunció que apelará las medidas cautelares, pues consideran que la jueza minimizaría la magnitud del daño causado a las víctimas.

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