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Política

Preocupa a partidos sentencia del TC sobre candidaturas independientes

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Las candidaturas sin necesidad de partidos políticos, las organizaciones políticas de oposición presentarán una propuesta común para evitar que esa decisión afecte al sistema de partidos y a la democracia en la República Dominicana.

Así lo informó el expresidente de la República, Leonel Fernández, abordado por la prensa en el marco del acto de entrega de cajas navideñas a familias necesitadas, actividad organizada por la Fuerza del Pueblo.

“Hemos acordado que entre todos los partidos hagamos una sola propuesta que se llevará al presidente y al pleno de la Junta Central Electoral. Considero que esta decisión afecta al sistema de partidos que constituye los pilares del sistema democrático de nuestro país y de toda América Latina, porque los partidos políticos son el fundamento de la democracia y tienen el monopolio de las candidaturas y de los distintos cargos de elección”, subrayó.

Servio Tulio afirma que el fallo provocaría el debilitamiento de los partidos.

Finjus advierte sobre consecuencias

Asimismo, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó su preocupación por la reciente decisión del Tribunal Constitucional TC/0788/24 que declara no conforme con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, los cuales establecen que para la presentación de candidaturas independientes debe realizarse a través de agrupaciones políticas constituidas de conformidad con la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. “Desde Finjus, preocupa que esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional desvirtúe los esfuerzos realizados en diferentes espacios para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos, permitiendo así el surgimiento de una especie de ‘razón antipolítica’ y, a su vez, como indica el jurista Flavio Darío Espinal en su más reciente artículo de opinión, esto podría provocar el debilitamiento de los partidos y la desarticulación del propio sistema político”, advierte.

Desde la perspectiva de Finjus, en el marco del régimen electoral y de la propia función esencial del Estado, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos encarnan la garantía idónea para el correcto desarrollo de una democracia representativa y participativa.

La organización refirió a estudios de opinión pública como el Latinobarómetro, que evidencia que más del 60% de la población dominicana manifiesta que “no puede haber democracia sin los partidos políticos”.

“Es decir, aunque es reconocida la complejidad y desafíos de la vida interna de las organizaciones políticas las cuales, en ocasiones, han podido degenerar en instituciones privadas de malversación de fondos o instrumentos útiles para mercantilizar el momento electoral; su realidad mayoritariamente expuesta en nuestro contexto ha permitido que éstos se erijan como anclaje vital del desarrollo nacional”, puntualizó.

En tal sentido, Finjus destacó que si bien existen desafíos que superar en el marco de la representación política de cara a una razonabilidad histórica y social, “éstos no pueden anclarse en una motivación jurídica que produzca y reproduzca el surgimiento de extremos que debiliten la institucionalidad de las organizaciones políticas, generen grupos espontáneos fuera de la fiscalización y el control institucional y confundan a la voluntad colectiva desde una visión castigadora de la propia estabilidad democrática de la nación”.

Finjus es de opinión que se debe dar una amplia discusión nacional que permita el fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones políticas. De lo contrario, sostiene que el TC estaría arrojando a su suerte décadas de reforzamiento histórico e institucional de las organizaciones políticas, que provocaría entonces escenarios electorales menos representativos y mucho más opacos que los actualmente establecidos en el ordenamiento jurídico.

PLD y PRM externaron preocupación por tema

Johnny Pujols, secretario general del PLD, expresó en un comunicado la posición oficial de la organización política, que destaca que la sentencia plantea “serios riesgos para la estabilidad del sistema político y la democracia dominicana”. “La decisión del Tribunal Constitucional introduce desigualdades en la competencia electoral, facilita la infiltración del crimen organizado y genera caos logístico y administrativo”, advirtió Pujols, quien reiteró “el compromiso del PLD de trabajar junto a otros actores del sistema político para buscar soluciones que protejan la institucionalidad democrática”. De su lado, el delegado político del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral, Sigmund Freund, manifestó que la organización ve con preocupación la decisión del TC. El dirigente del PRM afirmó que hay una posición unificada de todos los partidos que han conversado en cuanto a la preocupación que se tiene con esa decisión por el hecho de abrir la posibilidad de candidaturas independientes.


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Las candidaturas sin necesidad de partidos políticos, las organizaciones políticas de oposición presentarán una propuesta común para evitar que esa decisión afecte al sistema de partidos y a la democracia en la República Dominicana.

Así lo informó el expresidente de la República, Leonel Fernández, abordado por la prensa en el marco del acto de entrega de cajas navideñas a familias necesitadas, actividad organizada por la Fuerza del Pueblo.

“Hemos acordado que entre todos los partidos hagamos una sola propuesta que se llevará al presidente y al pleno de la Junta Central Electoral. Considero que esta decisión afecta al sistema de partidos que constituye los pilares del sistema democrático de nuestro país y de toda América Latina, porque los partidos políticos son el fundamento de la democracia y tienen el monopolio de las candidaturas y de los distintos cargos de elección”, subrayó.

Servio Tulio afirma que el fallo provocaría el debilitamiento de los partidos.

Finjus advierte sobre consecuencias

Asimismo, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó su preocupación por la reciente decisión del Tribunal Constitucional TC/0788/24 que declara no conforme con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, los cuales establecen que para la presentación de candidaturas independientes debe realizarse a través de agrupaciones políticas constituidas de conformidad con la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. “Desde Finjus, preocupa que esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional desvirtúe los esfuerzos realizados en diferentes espacios para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos, permitiendo así el surgimiento de una especie de ‘razón antipolítica’ y, a su vez, como indica el jurista Flavio Darío Espinal en su más reciente artículo de opinión, esto podría provocar el debilitamiento de los partidos y la desarticulación del propio sistema político”, advierte.

Desde la perspectiva de Finjus, en el marco del régimen electoral y de la propia función esencial del Estado, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos encarnan la garantía idónea para el correcto desarrollo de una democracia representativa y participativa.

La organización refirió a estudios de opinión pública como el Latinobarómetro, que evidencia que más del 60% de la población dominicana manifiesta que “no puede haber democracia sin los partidos políticos”.

“Es decir, aunque es reconocida la complejidad y desafíos de la vida interna de las organizaciones políticas las cuales, en ocasiones, han podido degenerar en instituciones privadas de malversación de fondos o instrumentos útiles para mercantilizar el momento electoral; su realidad mayoritariamente expuesta en nuestro contexto ha permitido que éstos se erijan como anclaje vital del desarrollo nacional”, puntualizó.

En tal sentido, Finjus destacó que si bien existen desafíos que superar en el marco de la representación política de cara a una razonabilidad histórica y social, “éstos no pueden anclarse en una motivación jurídica que produzca y reproduzca el surgimiento de extremos que debiliten la institucionalidad de las organizaciones políticas, generen grupos espontáneos fuera de la fiscalización y el control institucional y confundan a la voluntad colectiva desde una visión castigadora de la propia estabilidad democrática de la nación”.

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