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Procuraduria investigara a funcionarios no presenten declaración jurada

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SANTO DOMINGO.-La Procuraduría General de la República investigará a los funcionarios y exfuncionarios que incumplan con la presentación de la declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas, que falseen datos o que exhiban un patrimonio injustificado.

Así lo advirtió la jefa del Ministerio Público, Mirian Germán Brito, tras explicar que el órgano acusador procederá a iniciar una investigación, como lo establece la ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

La procuradora general dijo que en el marco de la ley el Ministerio Público puede “iniciar investigaciones preliminares con la información o identificación de incrementos patrimoniales por parte de cualquier funcionario público”.

Sanción violación
Los funcionarios, al presentar declaración jurada de bienes con datos falsos, podrían ser sancionados con uno a dos años de prisión y una multa de 20 a 40 salarios mínimos.

Asimismo, los funcionarios y exfuncionarios están obligados demostrar el origen de su patrimonio obtenido durante su cargo al momento que le sea requerido por la autoridades competente.

En caso de que el origen del patrimonio no pueda ser probado, la autoridad puede someterlo y promover la confiscación de esos bienes no probados.

El patrimonio que se demuestre que constituye enriquecimiento ilícito a favor del funcionario o de sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad o relacionados, cuyo decomiso haya sido ordenado por sentencia definitiva, pasa a ser propiedad del Estado.

Los que resulten responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados desde cuatro a diez años de cárcel, y una multa equivalente al duplo del monto del incremento.

Además, esos funcionarios que cometen esas violaciones serán inhabilitados por un período de diez años que se iniciará luego de cumplir la prisión, ya que es una sanción complementaria. Mientras, que las personas vinculadas y que resulten culpables de las infracciones imputadas a los funcionarios, serán sancionadas como cómplices.

Juristas

—1— Reacción
Abogado José Ariza calificó de correcta acción de la Procuraduría porque es lo que procede.
—2— También
Amadeo Peralta consideró oportuna la decisión, de sancionar por no presentarla.

Sanciones para los que no declaren
Pesquisa. La procuradora general, Mirian Germán Brito, adelantó que el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, reportó a la Procuraduría los nombres de 392 funcionarios que permanecían “omisos” hasta el 17 de junio de 2020, con lo cual son pasibles de sanciones.

“Los órganos de investigación del Ministerio Público procederán a investigar los casos reportados por la Cámara de Cuentas y, al igual que los casos de los funcionarios salientes y entrantes”, dijo Germán tras afirmar que cada inobservancia del marco jurídico conlleva sanciones. Señaló que lo que no reportan incurrirán en faltas graves o de tercer grado.

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Así lo advirtió la jefa del Ministerio Público, Mirian Germán Brito, tras explicar que el órgano acusador procederá a iniciar una investigación, como lo establece la ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

La procuradora general dijo que en el marco de la ley el Ministerio Público puede “iniciar investigaciones preliminares con la información o identificación de incrementos patrimoniales por parte de cualquier funcionario público”.

Sanción violación
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Asimismo, los funcionarios y exfuncionarios están obligados demostrar el origen de su patrimonio obtenido durante su cargo al momento que le sea requerido por la autoridades competente.

En caso de que el origen del patrimonio no pueda ser probado, la autoridad puede someterlo y promover la confiscación de esos bienes no probados.

El patrimonio que se demuestre que constituye enriquecimiento ilícito a favor del funcionario o de sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad o relacionados, cuyo decomiso haya sido ordenado por sentencia definitiva, pasa a ser propiedad del Estado.

Los que resulten responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados desde cuatro a diez años de cárcel, y una multa equivalente al duplo del monto del incremento.

Además, esos funcionarios que cometen esas violaciones serán inhabilitados por un período de diez años que se iniciará luego de cumplir la prisión, ya que es una sanción complementaria. Mientras, que las personas vinculadas y que resulten culpables de las infracciones imputadas a los funcionarios, serán sancionadas como cómplices.

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