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Resolver los problemas del agua en RD se llevaría US$8,565 millones hasta 2036

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  • El Ministerio de Economía presenta un plan
  • “Esto no es problema de ningún partido”, dice ministro

El Ministro de Economía, Miguel Ceara Hatton, citó ayer 15 realidades preocupantes sobre la situación del agua en la República Dominicana, antes de presentar una solución: un plan de inversiones hasta el 2036 por un monto estimado de US$8,565 millones, apoyado por un pacto nacional por el agua y una política de Estado.

El diagnóstico que citó es desalentador: solo el 26 % de los hogares recibe agua por 24 horas; el 84 % de las viviendas tiene inodoros y apenas el 20 % está conectado al sistema de alcantarillado; y se pierde entre 50 % a 60 % del servicio por la mala condición de las redes de conducción y distribución del agua.

Y hay más: el 95 % de las aguas residuales se descarga sin tratamiento, más del 60 % del agua utilizada en agricultura es desperdiciado, se han salinizado los valles y degradado la calidad de las aguas almacenadas en las presas por falta de tratamiento de las aguas residuales, entre otras realidades.

“Una familia dominicana gasta 692 pesos en promedio mensual por el servicio del agua, según datos de la Engih 2018, equivalente al 2.31 % del gasto promedio mensual por familia”, dice el diagnóstico presentado por el ministro.


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“De ese gasto -agrega-, el 31 % se dirige a las Coraa (corporaciones de acueducto y alcantarillado), otro 31 % para los suplidores privados (camiones tanques) y el 38 % en agua embotellada. Es decir, una familia gasta más en agua embotellada que lo que paga por el servicio público del agua”.

Por la situación, el ministro subrayó la necesidad de que el tema sea una política de Estado. “Son indicadores contundentes del problema del agua, y esto hay que resolverlo, y esto no es problema de ningún partido, esto es un problema que los dominicanos tenemos que resolver”, enfatizó Ceara al presentar la situación a directores de medios, hacedores de opinión pública y periodistas.

Ceara también definió como compleja la gobernanza del sector agua. Son 18 las instituciones que intervienen en el área, con diferentes niveles de involucramiento, lo que dificulta el manejo de la rama.

Ante lo anterior, la propuesta que se plantea es constituir una autoridad nacional del agua, como existe en otros países.

“Necesitamos un compromiso nacional para un pacto por el agua -insistió el ministro-, o sea estamos conscientes de que este no es un problema que ni lo vamos a resolver en cuatro años, ni en ocho, ni en 12, ni en 16, ni en 20; sino mas bien en 24, si no es que llegamos a los 30 años para resolver este problema, pero hay que resolverlo, porque ahí está jugándose nuestra sobrevivencia co-mo país”.

El Pacto por el Agua conlleva seis ejes estratégicos: gestión integrada e institucional del sector agua; adecuada atención a la protección y conservación de los ecosistemas; eficiencia, resiliencia y sostenibilidad en la gestión de la oferta y demanda de agua; priorización y uso estratégico del recurso; valoración del agua como un recurso básico e indispensable para la vida; y suministro eficiente, equitativo y con altos estándares de calidad.

Ceara destacó que regularmente se ha mirado al agua desde la oferta, pero ahora se hace importante la demanda por los niveles de ineficiencia con que se maneja en la agricultura, la industria y los hogares.“Nos vamos a tener que endeudar”

El Plan de Inversiones para el Sector Agua, que conlleva la millonaria inversión anunciada, será conocido en el Consejo Económico y Social. Ceara indicó que los recursos deben salir del presupuesto nacional, pero no es posible con las condiciones del sistema tributario actual.

Para ello, el Gobierno está en proceso de negociación de un programa con el Banco Mundial para que este apoye con una iniciativa multifase que se extenderá por siete o 10 años con varios proyectos consecutivos, destinados al agua potable y saneamiento.

El compromiso sería por US$500 millones. En los primeros tres años se enfatizaría la infraestructura, la modernización de la gestión y la reforma sectorial, por hasta US$250 millones.

“Estemos claros de que nos vamos a tener que endeudar y utilizar recursos, por supuesto, del fisco, para poder resolver este problema”, reconoció el ministro.

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  • El Ministerio de Economía presenta un plan
  • “Esto no es problema de ningún partido”, dice ministro

El Ministro de Economía, Miguel Ceara Hatton, citó ayer 15 realidades preocupantes sobre la situación del agua en la República Dominicana, antes de presentar una solución: un plan de inversiones hasta el 2036 por un monto estimado de US$8,565 millones, apoyado por un pacto nacional por el agua y una política de Estado.

El diagnóstico que citó es desalentador: solo el 26 % de los hogares recibe agua por 24 horas; el 84 % de las viviendas tiene inodoros y apenas el 20 % está conectado al sistema de alcantarillado; y se pierde entre 50 % a 60 % del servicio por la mala condición de las redes de conducción y distribución del agua.

Y hay más: el 95 % de las aguas residuales se descarga sin tratamiento, más del 60 % del agua utilizada en agricultura es desperdiciado, se han salinizado los valles y degradado la calidad de las aguas almacenadas en las presas por falta de tratamiento de las aguas residuales, entre otras realidades.

“Una familia dominicana gasta 692 pesos en promedio mensual por el servicio del agua, según datos de la Engih 2018, equivalente al 2.31 % del gasto promedio mensual por familia”, dice el diagnóstico presentado por el ministro.


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“De ese gasto -agrega-, el 31 % se dirige a las Coraa (corporaciones de acueducto y alcantarillado), otro 31 % para los suplidores privados (camiones tanques) y el 38 % en agua embotellada. Es decir, una familia gasta más en agua embotellada que lo que paga por el servicio público del agua”.

Por la situación, el ministro subrayó la necesidad de que el tema sea una política de Estado. “Son indicadores contundentes del problema del agua, y esto hay que resolverlo, y esto no es problema de ningún partido, esto es un problema que los dominicanos tenemos que resolver”, enfatizó Ceara al presentar la situación a directores de medios, hacedores de opinión pública y periodistas.

Ceara también definió como compleja la gobernanza del sector agua. Son 18 las instituciones que intervienen en el área, con diferentes niveles de involucramiento, lo que dificulta el manejo de la rama.

Ante lo anterior, la propuesta que se plantea es constituir una autoridad nacional del agua, como existe en otros países.

“Necesitamos un compromiso nacional para un pacto por el agua -insistió el ministro-, o sea estamos conscientes de que este no es un problema que ni lo vamos a resolver en cuatro años, ni en ocho, ni en 12, ni en 16, ni en 20; sino mas bien en 24, si no es que llegamos a los 30 años para resolver este problema, pero hay que resolverlo, porque ahí está jugándose nuestra sobrevivencia co-mo país”.

El Pacto por el Agua conlleva seis ejes estratégicos: gestión integrada e institucional del sector agua; adecuada atención a la protección y conservación de los ecosistemas; eficiencia, resiliencia y sostenibilidad en la gestión de la oferta y demanda de agua; priorización y uso estratégico del recurso; valoración del agua como un recurso básico e indispensable para la vida; y suministro eficiente, equitativo y con altos estándares de calidad.

Ceara destacó que regularmente se ha mirado al agua desde la oferta, pero ahora se hace importante la demanda por los niveles de ineficiencia con que se maneja en la agricultura, la industria y los hogares.“Nos vamos a tener que endeudar”

El Plan de Inversiones para el Sector Agua, que conlleva la millonaria inversión anunciada, será conocido en el Consejo Económico y Social. Ceara indicó que los recursos deben salir del presupuesto nacional, pero no es posible con las condiciones del sistema tributario actual.

Para ello, el Gobierno está en proceso de negociación de un programa con el Banco Mundial para que este apoye con una iniciativa multifase que se extenderá por siete o 10 años con varios proyectos consecutivos, destinados al agua potable y saneamiento.

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