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Solo dos condenados por caso Odebrecht, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa

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A pesar de que los imputado s Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa fueron sentenciados a 8 y 5 años de prisión por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por el caso Odebrecht, estos se mantendrán en libertad, tras el tribunal rechazar enviarlos a la cárcel.

Las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo encontraron culpable a Rondón culpable de soborno nacional y lavado de activos y a Díaz Rúa culpable del delito de lavado de activos proveniente del enriquecimiento ilícito, imponiéndose al primero 8 años de prisión y al segundo 5 años, al haber sido probada las acusaciones en su contra.

En el dispositivo de la sentencia, el tribunal condenó a Rondón y Díaz Rúa al pago de una multa de 200 salarios mínimos cada uno, y rechazó la solicitud de variación impuesta a los imputados, en virtud de que en la celebración de todos los actos del proceso, no se advirtió peligro de fuga.

Las juezas ordenaron el decomiso a favor del Estado dominicano de una parte de los bienes incautados a los imputados Rondón y Díaz Rúa, ordenando el cese de toda orden de inmovilización de fondos, la radiación y cancelación de cualquier inscripción u oposición, el levantamiento de las medidas cautelares y la restitución de los mismos.

El tribunal también ordenó notificar al juez de ejecución de la pena del Distrito Nacional para los fines correspondientes, fijando para el 25 de noviembre a las 3:00 de la tarde la lectura íntegra. A partir de ahí es que estos imputados y el Ministerio Público, si no están de acuerdo con la sentencia, comienza a correr el plazo para la apelación de la decisión. A la salida de la audiencia, Rondón, acompañado de sus abogados José Miguel Minier, Emery Rodríguez y Fernán Ramos, tras ser abordado por los medios sobre la decisión del tribunal, respondió que aceptaba la decisión dictada en su contra “Me condenaron por soborno sin haber sobornados, la única vez que ha habido soborno sin sobornar”.

Manifestó que sigue con la frente en alto porque el Ministerio Público no pudo demostrar el soborno, al tiempo de adelantar que tan pronto se le notifique la sentencia la recurrirá en apelación por no estar conforme con la misma.

Díaz Rúa deplora
De su lado, Díaz Rúa calificó de “desmedida y disparate” la sentencia dictada en su contra, ya que el tribunal no lo condenó por los sobornos de Odebrecht, sino por supuesta comisión de lavado de activos producto del enriquecimiento ilícito, por una declaración jurada, tras adelantar que también la recurrirá en apelación.

“Esa sentencia es desmedida y un disparate. A mí no me acusan por Odebrecht sino por mis declaraciones juradas. ¿Y quién ha visto que por una declaración jurada me condenan a tanta cosa y voy a recurrir en apelación la decisión”, expresó Díaz Rúa tras ser abordado a la salida del tribunal

De inmediato, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó las condenas, al tiempo de adelantar que los fiscales apelarán la sentencia de los descargados.

“En los casos en que ha habido descargos, nosotros, al menos en las motivaciones que han dado las juezas, hemos advertido algunas contradicciones y podemos anunciar, desde este momento, que apelaremos esta decisión con relación a las personas que han sido descargadas”, expresó.

Recordó las palabras de Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, en el sentido de que “los corruptos no deben tener a nadie que los ayude, ni ningún lugar donde esconderse”. Dijo que una vez se les notifique completa la decisión, estarán recurriendo la misma con relación a las personas que han sido descargadas “porque nosotros estamos convencidos de que debía haber condenas, como ha habido en este momento, pero entendemos que debieron ser más las condenas que se han presentado”.

“Algunas de las cuestiones que hay que tomar en cuenta es que Mauricio Dantas Bezerra, que fue uno de los testigos que el tribunal tomó en cuenta para producir condenas, hizo referencia a otros imputados y nosotros entendemos que la valoración de esa prueba debe darse en la misma dirección que los imputados que fueron condenados”, sostuvo.

SEPA MÁS
Confiscación de algunos bienes

Condenado
Díaz R. El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del juzgado de la Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenó este jueves el decomiso a favor del Estado dominicano de los bienes del imputado Víctor José Díaz Rúa, condenado a cinco años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos.

Yate Balbie
Además de bienes inmuebles, al condenado Díaz Rúa le confiscan el yate de recreo marca Pershing, color azul, año 2011, de 60 pies de eslora, número de registro 746600, matrícula No. DL 1930AF, bautizado como “Balbie”.

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Durante el año escolar 2025-2026 se han registrado 1,384 horas de clases perdidas, con 61 días lectivos afectados como resultado de 55 convocatorias de suspensión que han impactado a 7,921 centros educativos públicos y semioficiales en las 18 regionales educativas. Este resultado de la pérdida de docencia fue arrojado por el Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases, una nueva herramienta que permitirá cuantificar en tiempo real el costo educativo y económico de las suspensiones en el sector educativo. La plataforma fue desarrollada por Acción Empresarial por la Educación (Educa), junto con el Foro Socioeducativo, la Federación Padres, Madres, Amigos y Tutores de la Escuela (APMAE) y Fe y Alegría. De acuerdo con el informe presentado por la directora ejecutiva de Educa, Yahaira Sosa Machado, la estimación económica establece que cada día de docencia suspendida representa un costo aproximado de 883 millones de pesos en valor educativo no impartido, lo que sitúa el impacto acumulado del período en 4,471 millones de pesos. Explicó que la cifra se fundamenta en una actualización metodológica basada en el Informe de Veeduría del Pacto Educativo de 2018, utilizando el presupuesto ejecutado del Ministerio de Educación correspondiente a 2025, ascendente a 304,932.7 millones de pesos, y el calendario oficial de 191 días lectivos aprobado por el Consejo Nacional de Educación para el presente año escolar. “De las 1,384 horas de clases que se han perdido en el año escolar, están afectados unos 7,900 centros educativos del sector público y semioficial. La continuidad de la docencia no es un tema administrativo, sino un tema de derecho, equidad y desarrollo nacional. Cada día de aprendizaje perdido representa oportunidades que difícilmente puedan recuperarse”, dijo Machado. Asimismo, destacó que los resultados arrojados por la plataforma no buscan crear un ambiente pesimista, sino incentivar mejoras para el año escolar 2026-2027 y lograr que los números reflejados puedan revertirse. Email icon Recibe las principales noticias del día en tu bandeja de correo con nuestro newsletter Lo que tienes que saber. Introduce tu email RELACIONADAS Docentes de la cordillera Central, vocación desafiada por el aislamiento y el sacrificio familiar Educación Docentes de la cordillera Central, vocación desafiada por el aislamiento y el sacrificio familiar Educa presenta a su nueva junta directiva y plantea prioridades para transformar el sector educativo Educación Educa presenta a su nueva junta directiva y plantea prioridades para transformar el sector educativo “Podemos colaborar con la alimentación de la plataforma y agradecemos a las instituciones que se han sumado a la iniciativa, la cual está disponible en la página web. Allí se puede ver incluso en qué se basa la misma”, indicó Machado. Expandir imagen[object HTMLTextAreaElement] Interfax del Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases. (CAPTURA DE PANTALLA A LA PÁGINA WEB.) Causas de la interrupción de docencia El análisis sitúa a los eventos meteorológicos y a los paros o huelgas sindicales como las principales causas de interrupción de la docencia. En ese sentido, la plataforma arrojó un resultado de 24.5 % para los fenómenos atmosféricos y de 25 % para las protestas. Les siguen las celebraciones y festividades locales (17 %), las asambleas docentes (8 %), otras causas diversas (8 %), los congresos y eventos académicos (7 %), las condiciones de infraestructura escolar (6 %), la falta de servicios básicos (2 %) y los procesos de fumigación, saneamiento y actividades electorales (1 % cada uno). El Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases identificó a la Regional 05 de San Pedro de Macorís como la más afectada del país, con 18 días perdidos, equivalentes al 9.4 % del año escolar. El monitor incorpora, además, un sistema georreferenciado de incidencias que permite visualizar la distribución territorial de las interrupciones y documentar las causas específicas reportadas en cada comunidad educativa. Asimismo, integra un mecanismo de reporte ciudadano mediante el cual directores, docentes, familias y comunidades pueden notificar las suspensiones que ocurren en sus centros. Bajo el principio de que “la transparencia la construimos juntos”, Educa invita a la ciudadanía a sumarse a la verificación y actualización permanente de los datos. La herramienta fue lanzada durante la presentación de la nueva junta directiva de Educa, en un acto realizado en el Museo de Historia y Geografía, ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Expandir imagenInfografía Susana Martínez Nadal, nueva presidenta de Educa. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) Expresidentes de Educa respaldan herramienta Durante el acto, los expresidentes de Educa sostuvieron un conversatorio en el que compartieron sus experiencias durante los años de gestión, las luchas que enfrentaron y su posición respecto al sistema educativo actual. Los exdirigentes de Educa respaldaron, además, la creación de la nueva plataforma y aseguraron que representa un avance para el país. El panel de “Pasados Presidentes” estuvo integrado por Luis Sánchez Noble, Juan Tomás Tavares, George Santoni, José Mármol, Samuel Conde, María Waleska Álvarez, Elena Viyella y Samuel Conde. Pérdida de docencia Los hallazgos de la nueva herramienta sobre pérdida de docencia colocan nuevamente en debate el proyecto de resolución que busca instruir al Ministerio de Educación a descontar el salario de los maestros que falten a la docencia por causas injustificadas, incluidas las huelgas. En ese orden, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Evaristo Santos Badía, indicó, tras ser abordado por periodistas, que lo fundamental es evitar la pérdida de clases por el bienestar de los estudiantes. “Creo que hay que mejorar el tema de que no se suspendan las clases, porque nadie quiere que se les quite el sueldo a los maestros ni que los niños pierdan clases. Así que vamos a trabajar para que no se pierda ni un solo día. Pienso que lo importante es que se garantice la jornada escolar”, manifestó. El proyecto sostiene que las ausencias injustificadas de maestros retrasan el calendario escolar y perjudican el derecho a la educación de los estudiantes. La propuesta está siendo evaluada por la Cámara de Diputados y busca implementar un sistema electrónico de control de asistencia. Leer más

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A pesar de que los imputado s Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa fueron sentenciados a 8 y 5 años de prisión por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por el caso Odebrecht, estos se mantendrán en libertad, tras el tribunal rechazar enviarlos a la cárcel.

Las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo encontraron culpable a Rondón culpable de soborno nacional y lavado de activos y a Díaz Rúa culpable del delito de lavado de activos proveniente del enriquecimiento ilícito, imponiéndose al primero 8 años de prisión y al segundo 5 años, al haber sido probada las acusaciones en su contra.

En el dispositivo de la sentencia, el tribunal condenó a Rondón y Díaz Rúa al pago de una multa de 200 salarios mínimos cada uno, y rechazó la solicitud de variación impuesta a los imputados, en virtud de que en la celebración de todos los actos del proceso, no se advirtió peligro de fuga.

Las juezas ordenaron el decomiso a favor del Estado dominicano de una parte de los bienes incautados a los imputados Rondón y Díaz Rúa, ordenando el cese de toda orden de inmovilización de fondos, la radiación y cancelación de cualquier inscripción u oposición, el levantamiento de las medidas cautelares y la restitución de los mismos.

El tribunal también ordenó notificar al juez de ejecución de la pena del Distrito Nacional para los fines correspondientes, fijando para el 25 de noviembre a las 3:00 de la tarde la lectura íntegra. A partir de ahí es que estos imputados y el Ministerio Público, si no están de acuerdo con la sentencia, comienza a correr el plazo para la apelación de la decisión. A la salida de la audiencia, Rondón, acompañado de sus abogados José Miguel Minier, Emery Rodríguez y Fernán Ramos, tras ser abordado por los medios sobre la decisión del tribunal, respondió que aceptaba la decisión dictada en su contra “Me condenaron por soborno sin haber sobornados, la única vez que ha habido soborno sin sobornar”.

Manifestó que sigue con la frente en alto porque el Ministerio Público no pudo demostrar el soborno, al tiempo de adelantar que tan pronto se le notifique la sentencia la recurrirá en apelación por no estar conforme con la misma.

Díaz Rúa deplora
De su lado, Díaz Rúa calificó de “desmedida y disparate” la sentencia dictada en su contra, ya que el tribunal no lo condenó por los sobornos de Odebrecht, sino por supuesta comisión de lavado de activos producto del enriquecimiento ilícito, por una declaración jurada, tras adelantar que también la recurrirá en apelación.

“Esa sentencia es desmedida y un disparate. A mí no me acusan por Odebrecht sino por mis declaraciones juradas. ¿Y quién ha visto que por una declaración jurada me condenan a tanta cosa y voy a recurrir en apelación la decisión”, expresó Díaz Rúa tras ser abordado a la salida del tribunal

De inmediato, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó las condenas, al tiempo de adelantar que los fiscales apelarán la sentencia de los descargados.

“En los casos en que ha habido descargos, nosotros, al menos en las motivaciones que han dado las juezas, hemos advertido algunas contradicciones y podemos anunciar, desde este momento, que apelaremos esta decisión con relación a las personas que han sido descargadas”, expresó.

Recordó las palabras de Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, en el sentido de que “los corruptos no deben tener a nadie que los ayude, ni ningún lugar donde esconderse”. Dijo que una vez se les notifique completa la decisión, estarán recurriendo la misma con relación a las personas que han sido descargadas “porque nosotros estamos convencidos de que debía haber condenas, como ha habido en este momento, pero entendemos que debieron ser más las condenas que se han presentado”.

“Algunas de las cuestiones que hay que tomar en cuenta es que Mauricio Dantas Bezerra, que fue uno de los testigos que el tribunal tomó en cuenta para producir condenas, hizo referencia a otros imputados y nosotros entendemos que la valoración de esa prueba debe darse en la misma dirección que los imputados que fueron condenados”, sostuvo.

SEPA MÁS
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Condenado
Díaz R. El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del juzgado de la Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenó este jueves el decomiso a favor del Estado dominicano de los bienes del imputado Víctor José Díaz Rúa, condenado a cinco años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos.

Yate Balbie
Además de bienes inmuebles, al condenado Díaz Rúa le confiscan el yate de recreo marca Pershing, color azul, año 2011, de 60 pies de eslora, número de registro 746600, matrícula No. DL 1930AF, bautizado como “Balbie”.

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