EL PAIS
💸 Educación especial queda con las migajas: recibió menos del 0.35 % del presupuesto del Minerd en 12 años
Santo Domingo, República Dominicana. – La educación especial ha recibido, en promedio, menos del 0.35 % del presupuesto total del Ministerio de Educación (Minerd) entre 2014 y 2025, una cifra que contrasta con los elevados costos que implica garantizar atención adecuada a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
El dato forma parte de un diagnóstico publicado este año por el propio Minerd, que analiza la evolución del gasto destinado a educación especial y los costos asociados a los apoyos que requieren los estudiantes con diferentes tipos de discapacidad.
Aunque la inversión ha aumentado durante los últimos cuatro años, el informe muestra una trayectoria marcada por fuertes variaciones y una participación reducida dentro del presupuesto general del Ministerio.
En 2014, la educación especial representó el 1.14 % del presupuesto del Minerd, con una ejecución de RD$1,212.2 millones, destinada principalmente a la adquisición de equipos tecnológicos.
Sin embargo, en 2015 la inversión se desplomó un 88.81 %, hasta alcanzar RD$135.7 millones, reduciendo su participación presupuestaria al 0.12 %.
Entre 2016 y 2018 también se registraron nuevas disminuciones en la inversión. Posteriormente, en 2019 el gasto aumentó un 312.29 %, mientras que en 2020 experimentó otro crecimiento de 28.96 %.
En 2021, la inversión volvió a disminuir un 12.25 %, en un período marcado por los efectos de la pandemia. A partir de 2022 comenzó una tendencia ascendente, con incrementos de 11.44 % ese año, 14 % en 2023, 56.97 % en 2024 y 51.19 % en 2025.
Parte del aumento registrado en 2024 estuvo relacionado con la incorporación del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) al Ministerio de Educación como unidad ejecutora.
La reducida proporción del presupuesto destinada a educación especial adquiere mayor relevancia cuando se compara con los costos de atención que requieren algunos estudiantes.
Según el diagnóstico del Minerd, los estudiantes con sordoceguera y discapacidad múltiple representan el nivel de mayor complejidad, con un costo promedio estimado de RD$4,607,449.73 por estudiante, equivalente a 34.9 veces el costo de la educación regular.
En el caso de la discapacidad físico-motora, el costo promedio alcanza RD$4,352,575.14 por estudiante, unas 33 veces el costo correspondiente a un alumno del sistema regular.
Para los estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA), el costo promedio estimado asciende a RD$1,203,514.23, equivalente a 9.85 veces el costo de la educación regular.
Los estudiantes con discapacidad intelectual representan un costo promedio de RD$986,823.55, aproximadamente 8.26 veces el costo regular, mientras que la atención de estudiantes con discapacidad auditiva alcanza un promedio de RD$638,368.82, unas 5.7 veces el costo de un alumno del sistema regular.
Estas diferencias responden a la necesidad de proporcionar una atención integral y especializada, que puede incluir docentes de apoyo, terapeutas, acompañantes, tecnologías de comunicación y movilidad, adecuaciones de accesibilidad, mobiliario adaptado y equipamiento terapéutico.
En los casos de mayor complejidad, el personal especializado puede representar entre el 80 % y el 90 % del costo total de atención educativa.
El diagnóstico identifica a 21,626 estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo durante el año escolar analizado. De esa cantidad, 17,992, equivalentes a más del 83 %, estaban matriculados en el sector público.
La mayor cantidad corresponde a estudiantes con discapacidad intelectual, con 7,284 casos, seguidos por estudiantes con trastorno del espectro autista, con 3,640, y aquellos con discapacidad visual, con 2,358.
La matrícula también refleja una diferencia por sexo. Los estudiantes masculinos representan cerca del 63 %, con 11,309 alumnos, frente a 6,683 estudiantes femeninas.
La elevada concentración de esta población estudiantil en el sistema público coloca al Estado como el principal proveedor de los servicios educativos que requieren estos alumnos, precisamente en un escenario donde los costos de atención pueden superar ampliamente los de la educación regular.
Los datos plantean así un desafío para el sistema educativo dominicano: aumentar la inversión en educación especial no solo para ampliar la cobertura, sino también para garantizar que los estudiantes con necesidades específicas reciban los apoyos, recursos y servicios especializados necesarios para ejercer plenamente su derecho a la educación.
