Auditorías bajo llave: Contraloría mantiene sin publicar cientos de informes sobre el manejo de fondos públicos

Santo Domingo, República Dominicana. – La Contraloría General de la República (CGR) mantiene sin publicar una parte significativa de las auditorías realizadas durante los últimos años, una situación que ha generado cuestionamientos entre ciudadanos y especialistas en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Desde 2020, luego de las controversias generadas por varias auditorías realizadas por la institución, la publicación de estos informes dejó de producirse con la misma regularidad. Actualmente, resultados de auditorías efectuadas durante los últimos cuatro años permanecen fuera del alcance público, a la espera de que el Poder Ejecutivo determine su divulgación.

La propia Contraloría confirmó esta situación al responder a una solicitud de información presentada en enero pasado. La institución se negó a entregar los documentos solicitados y pidió esperar a que los informes finales sean oficializados por el Poder Ejecutivo.

La misma posición fue reiterada en agosto por el contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, quien se amparó en la Ley 10-07, que regula el Sistema Nacional de Control Interno, para argumentar que no existe una obligación expresa de publicar los informes de auditoría.

La decisión representa un cambio respecto a la política de transparencia promovida durante los primeros años de la actual gestión gubernamental. En 2020, el presidente Luis Abinader ordenó auditorías a instituciones públicas correspondientes a la administración anterior, mientras que en 2022 también se promovieron evaluaciones sobre entidades y funcionarios de su propio Gobierno.

Sin embargo, el ritmo de publicación de estos informes habría disminuido considerablemente a partir de 2023.

Los datos disponibles en el portal de la Contraloría muestran actualmente apenas 38 auditorías publicadas, de las cuales solo tres corresponden a 2026. La cifra contrasta con las 390 auditorías realizadas entre 2023 y 2025, lo que significa que únicamente alrededor del 9.7 % de esos trabajos aparece disponible públicamente.

La situación también alcanza auditorías que han sido solicitadas específicamente por ciudadanos o medios de comunicación. En agosto, un medio de circulación nacional obtuvo acceso a dos auditorías correspondientes al Ministerio de Agricultura, una relativa al período 2020-2023 y otra correspondiente a 2024. No obstante, la Contraloría se negó a emitir comentarios sobre esos documentos bajo el argumento de que se trataba de informes preliminares.

El contralor Geraldo Espinosa Pérez sostiene que este tipo de documentos debe mantenerse reservado hasta que concluya el procedimiento correspondiente y los informes adquieran carácter definitivo.

Esta postura contrasta con la asumida anteriormente por el excontralor Luis Rafael Delgado, quien defendía que la ciudadanía debía conocer los resultados de las auditorías realizadas por la institución.

El debate también alcanza el marco legal que regula el acceso a la información pública en República Dominicana. La Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, en su artículo 6, establece que la administración pública debe proporcionar información contenida en documentos bajo su control, salvo las excepciones contempladas por la propia legislación.

La normativa también establece que determinados documentos, como borradores o proyectos que todavía no tengan carácter definitivo, pueden quedar exceptuados del acceso público. Asimismo, contempla sanciones para funcionarios que obstaculicen injustificadamente el acceso a información que legalmente deba ser entregada.

La falta de publicación de una cantidad considerable de auditorías limita la capacidad de ciudadanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil para dar seguimiento al manejo de los recursos públicos y evaluar posibles irregularidades en la administración financiera del Estado.

El escenario se produce además en un contexto marcado por los retrasos en la publicación de auditorías de la Cámara de Cuentas, organismo que también ha enfrentado dificultades institucionales y conflictos internos.

Como consecuencia, una parte importante de las auditorías realizadas sobre la gestión financiera del Estado durante los últimos seis años permanece fuera del alcance de la ciudadanía, pese a que estos procesos son financiados con recursos públicos y, en algunos casos, incluyen la participación de firmas privadas contratadas para realizar los trabajos.

El acceso oportuno a los resultados de las auditorías constituye una herramienta fundamental para la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización ciudadana. Cuando los informes permanecen fuera del alcance público durante largos períodos, también se reduce la capacidad de la sociedad para conocer cómo se administran los recursos del Estado.