EL PAIS
Médicos en alerta: advierten que nuevo Código Penal podría “criminalizar” el ejercicio de la medicina en RD
Santo Domingo.– El Colegio Médico Dominicano (CMD) encendió las alarmas este martes al advertir que la entrada en vigor de las leyes 74-25 y 97-25, correspondientes al nuevo Código Penal y el Código Procesal Penal, podría generar un impacto directo en el ejercicio de la medicina en República Dominicana.
El gremio considera que el nuevo marco legal abre la posibilidad de una mayor criminalización de la práctica médica, lo que podría afectar tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes.
Temor a la “medicina defensiva”
Según el CMD, la aplicación conjunta de estas normativas podría provocar un entorno de inseguridad jurídica, obligando a los médicos a tomar decisiones clínicas más por temor a sanciones judiciales que por criterios estrictamente médicos.
Este fenómeno, conocido como “medicina defensiva”, podría traducirse en mayores costos de atención, retrasos en procedimientos y limitaciones en el acceso a servicios especializados.
Posible impacto en el sistema de salud
El gremio advirtió que una aplicación estricta del nuevo marco legal podría generar consecuencias negativas en la eficiencia del sistema de salud, afectando la relación médico-paciente y la toma de decisiones en casos complejos.
Sin embargo, el CMD aclaró que no busca promover la impunidad en situaciones de mala práctica, sino establecer un equilibrio entre la protección de los pacientes y la seguridad jurídica de los profesionales.
Llamado a diferenciar errores de delitos
Entre sus planteamientos, el Colegio Médico propone que los casos derivados de la práctica médica sin dolo, fraude o negligencia grave sean tratados en jurisdicciones civiles, administrativas o disciplinarias, y no automáticamente en el ámbito penal.
La organización insiste en la necesidad de evitar que resultados adversos propios de la complejidad médica sean interpretados como delitos.
Garantías y debido proceso
El CMD también pidió que se fortalezcan las garantías de debido proceso para evitar el uso del sistema penal como mecanismo de presión contra los médicos.
Plantea que las sanciones penales se apliquen únicamente en casos excepcionales, como abandono deliberado de pacientes o negligencia extremadamente grave.
Llamado al diálogo institucional
Finalmente, el gremio exhortó a las autoridades legislativas y judiciales a establecer criterios claros que permitan diferenciar el error clínico de una conducta delictiva, con el fin de preservar un sistema de salud funcional, justo y equilibrado.
