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EL PAIS

Altos mandos militares ante la sombra de la justicia por corrupción

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El CorreoRD. Santo Domingo.- El pasado fin de se­mana la Procura­duría Especializada de Persecución de la Corrupción Ad­ministrativa (PEPCA) realizó una serie de allanamientos, co­mo parte de su Operación Coral, apresando a seis personas, en­tre ellos el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del expresidente Da­nilo Medina.

Cáceres fue acusado por el Ministerio Público de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lava­do de activos, además también se le acusa de formar un entra­mado militar-policial, societario y religioso del cual forma parte la pastora Rossy Guzmán. El Mi­nisterio Público solicitó un año de prisión preventiva como me­dida de coerción tanto para Cá­ceres como para los otros cinco implicados.

El jefe de seguridad del expre­sidente Medina no es el primero con un alto rango policial o mi­litar que haya tenido que pasar por los tribunales del país, por acusaciones de corrupción ad­ministrativa.

Manuel Cuervo Gómez
Uno de los primeros en desfilar ante la justicia, en la historia re­ciente, fue el jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, Manuel Cuervo Gómez, quien fue con­denado a 20 años de prisión en 1991 por desfalco contra el Es­tado y otros actos de corrupción, luego de enramar junto al enton­ces presidente compras irregula­res en el Ejército dominicano.

Por ese mismo caso fueron condenados por desfalco y pre­varicación Jorge Blanco, Leonel Almonte y Juan Thomás Peña. José Michelén, que fue director de Inespre, y Fulgencio Espinal, administrador de la Lotería Na­cional, huyeron del país tam­bién por acusaciones de corrup­ción. Cuervo Gómez falleció en el 2012.

“Pepe Goico”
Otro que pasó por el banquillo de los acusados fue el exgeneral Pedro Julio Goico Guerrero (Pe­pe Goico), quien fungía como asistente de seguridad personal del expresidente Hipólito Mejía.

Goico fue acusado de reci­bir dinero del exnarcotraficante Quirino Ernesto Paulino. La Fis­calía estableció que Quirino en­tregó al imputado US$600,000 para saldar un helicóptero, de­jando una vinculación directa con una operación de lavado.

Caso Tucanos
El más reciente de los casos in­volucra a dos altos rangos mili­tares.

El mayor general retirado y exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, y el coro­nel y exdirector de proyectos es­peciales de la Fuerza Aérea Do­minicana (FAD), Carlos Piccini Núñez, fueron enviados a juicio de fondo en marzo de este año, acusados de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribui­dos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser escogida como suplidora de ocho aviones Super Tucano para el Ministerio de Defensa duran­te el 2010.

SEPA MÁS
Otros escándalos
Actuaciones “ilícitas” duran­te operativos de combate con­tra el narcotráfico, también han hecho que las autoridades uniformadas sean juzgadas por tribunales ordinarios.

Uno de los más recientes fue el ocurrido a inicios del 2015 en la provincia Puerto Plata, cuando el entonces jefe de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican), Carlos Fernández Valerio, fue acusado junto a varios de sus agentes de no reportar la des­aparición de 1,200 kilos de co­caína incautados en diferentes operativos.

Fernández Valerio fue cance­lado y sometido a la justicia por el caso en donde varios fiscales fueron señalados co­mo cómplices.

La división de persecución de sustancias ilícitas del cuerpo del orden siempre ha estado invo­lucrada en escándalos, desde el 1982, cuando el director del en­tonces Departamento de Dro­gas Narcóticas y Peligrosas de la Policía, el coronel Aridio Des­cartes Pérez y otros cinco agen­tes de la institución fueron acu­sados de “distraer” 40 libras de marihuana y una cantidad in­determinada de cocaína.

Ambos fueron cancelados y sometidos ante la justicia an­tes de ser liberados por falta de pruebas.

Quizás el escándalo más gran­de que haya involucrado perso­nal policial o militar fue el ocu­rrido en la comunidad de Pa­ya, en Baní, en agosto del 2008, cuando varios agentes de la Po­licía Nacional y la Armada (en­tonces Marina de Guerra) ase­sinaron a siete extranjeros vin­culados al narcotráfico para quitarles la droga que transpor­taban y el dinero que llevaban.

Por el caso fueron condenados un total de 25 personas, entre ellos los entonces capitanes de fragata Ricardo Guzmán Pérez y Miguel Peña Figuereo, el ex­capitán de corbeta Roberto Au­gusto Peña Valdez y los exte­nientes de navío Jesús Sánchez Piña, Jorge Luis Chalas Jorge y Edward Mayobanex Rodríguez Montero, además del ex alférez de navío Andrés Tapia Balbue­na y el sargento Antonio Ma­nuel Roche Pineda.

El exmayor de la Policía Nacio­nal, Frederick Medina Abud, a pesar de que fue el único iden­tificado por los sobrevivientes, fue dejado fuera del expedien­te judicial.

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“No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra”, señaló en un comunicado difundido este martes. La responsable de la asociación adelantó además que la nueva edición tendrá un formato más reducido que el previsto inicialmente y contará con medidas de seguridad reforzadas, así como nuevos protocolos de acceso para los asistentes. Trump confirmó en un mensaje en su red Truth Social que acudirá a la cena porque no se puede “permitir que unos lunáticos alteren” el modo de vida estadounidense. El presidente anunció que el evento cambiará de sede y se celebrará en el Hotel Waldorf Astoria de la capital, un edificio que antiguamente perteneció a la familia Trump, en lugar del Washington Hilton, donde se solía celebrar. Jiang destacó que la cena ha representado durante más de un siglo una celebración de la libertad de prensa y del papel que desempeña el periodismo dentro de la democracia estadounidense. A su juicio, el ataque que obligó a interrumpir la edición de este año reforzó la importancia de defender los derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, entre ellos la libertad de prensa. “La cena servirá como una declaración de que la violencia no tiene cabida en la vida estadounidense y de que la prensa libre no se dejará intimidar para que guarde silencio”, expresó. El ataque que obligó a suspender la gala La edición original de la Cena de Corresponsales se celebraba el 26 de abril cuando un hombre armado intentó irrumpir en el hotel de Washington donde se desarrollaba el evento. El sospechoso, identificado como Cole Allen, de 31 años, llevaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos cuando trató de ingresar al recinto, donde se encontraban cerca de 2,000 personas. Entre los asistentes figuraban Trump, la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, J.D. Vance, y otras autoridades federales. La situación derivó en un intercambio de disparos con agentes de seguridad. Aunque no se registraron víctimas, el presidente fue evacuado del lugar y el evento quedó suspendido. Posteriormente, Trump pidió públicamente que la gala fuera reprogramada. Acusaciones contra el sospechoso Las autoridades sostienen que Allen dejó por escrito que su objetivo eran integrantes de la Administración Trump. Actualmente enfrenta cargos por intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, un delito que podría derivar en cadena perpetua, además de acusaciones relacionadas con armas de fuego y agresión contra un agente. Titular:

EL CORREO. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca anunció que la tradicional Cena de Corresponsales se celebrará el...

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El CorreoRD. Santo Domingo.- El pasado fin de se­mana la Procura­duría Especializada de Persecución de la Corrupción Ad­ministrativa (PEPCA) realizó una serie de allanamientos, co­mo parte de su Operación Coral, apresando a seis personas, en­tre ellos el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del expresidente Da­nilo Medina.

Cáceres fue acusado por el Ministerio Público de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lava­do de activos, además también se le acusa de formar un entra­mado militar-policial, societario y religioso del cual forma parte la pastora Rossy Guzmán. El Mi­nisterio Público solicitó un año de prisión preventiva como me­dida de coerción tanto para Cá­ceres como para los otros cinco implicados.

El jefe de seguridad del expre­sidente Medina no es el primero con un alto rango policial o mi­litar que haya tenido que pasar por los tribunales del país, por acusaciones de corrupción ad­ministrativa.

Manuel Cuervo Gómez
Uno de los primeros en desfilar ante la justicia, en la historia re­ciente, fue el jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, Manuel Cuervo Gómez, quien fue con­denado a 20 años de prisión en 1991 por desfalco contra el Es­tado y otros actos de corrupción, luego de enramar junto al enton­ces presidente compras irregula­res en el Ejército dominicano.

Por ese mismo caso fueron condenados por desfalco y pre­varicación Jorge Blanco, Leonel Almonte y Juan Thomás Peña. José Michelén, que fue director de Inespre, y Fulgencio Espinal, administrador de la Lotería Na­cional, huyeron del país tam­bién por acusaciones de corrup­ción. Cuervo Gómez falleció en el 2012.

“Pepe Goico”
Otro que pasó por el banquillo de los acusados fue el exgeneral Pedro Julio Goico Guerrero (Pe­pe Goico), quien fungía como asistente de seguridad personal del expresidente Hipólito Mejía.

Goico fue acusado de reci­bir dinero del exnarcotraficante Quirino Ernesto Paulino. La Fis­calía estableció que Quirino en­tregó al imputado US$600,000 para saldar un helicóptero, de­jando una vinculación directa con una operación de lavado.

Caso Tucanos
El más reciente de los casos in­volucra a dos altos rangos mili­tares.

El mayor general retirado y exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, y el coro­nel y exdirector de proyectos es­peciales de la Fuerza Aérea Do­minicana (FAD), Carlos Piccini Núñez, fueron enviados a juicio de fondo en marzo de este año, acusados de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribui­dos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser escogida como suplidora de ocho aviones Super Tucano para el Ministerio de Defensa duran­te el 2010.

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Actuaciones “ilícitas” duran­te operativos de combate con­tra el narcotráfico, también han hecho que las autoridades uniformadas sean juzgadas por tribunales ordinarios.

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Fernández Valerio fue cance­lado y sometido a la justicia por el caso en donde varios fiscales fueron señalados co­mo cómplices.

La división de persecución de sustancias ilícitas del cuerpo del orden siempre ha estado invo­lucrada en escándalos, desde el 1982, cuando el director del en­tonces Departamento de Dro­gas Narcóticas y Peligrosas de la Policía, el coronel Aridio Des­cartes Pérez y otros cinco agen­tes de la institución fueron acu­sados de “distraer” 40 libras de marihuana y una cantidad in­determinada de cocaína.

Ambos fueron cancelados y sometidos ante la justicia an­tes de ser liberados por falta de pruebas.

Quizás el escándalo más gran­de que haya involucrado perso­nal policial o militar fue el ocu­rrido en la comunidad de Pa­ya, en Baní, en agosto del 2008, cuando varios agentes de la Po­licía Nacional y la Armada (en­tonces Marina de Guerra) ase­sinaron a siete extranjeros vin­culados al narcotráfico para quitarles la droga que transpor­taban y el dinero que llevaban.

Por el caso fueron condenados un total de 25 personas, entre ellos los entonces capitanes de fragata Ricardo Guzmán Pérez y Miguel Peña Figuereo, el ex­capitán de corbeta Roberto Au­gusto Peña Valdez y los exte­nientes de navío Jesús Sánchez Piña, Jorge Luis Chalas Jorge y Edward Mayobanex Rodríguez Montero, además del ex alférez de navío Andrés Tapia Balbue­na y el sargento Antonio Ma­nuel Roche Pineda.

El exmayor de la Policía Nacio­nal, Frederick Medina Abud, a pesar de que fue el único iden­tificado por los sobrevivientes, fue dejado fuera del expedien­te judicial.

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