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OPINIÓN

De la quiebra bananera a la inseguridad alimentaria

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POR PEDRO CRUZ

La Línea Noroeste de la República Dominicana, históricamente celebrada como el bastión de la producción de banano orgánico a nivel nacional, atraviesa hoy una crisis sin precedentes que amenaza con desmantelar su tejido social y económico. Lo que antes era un símbolo de éxito agroexportador se ha transformado en un escenario de quiebra masiva, donde más de 500 productores han desaparecido en los últimos cuatro años, reduciendo el sector de 1,800 a apenas 1,300 actores. Esta debacle no es un accidente de la naturaleza; es el resultado de un modelo productivo abandonado, atrapado entre la demagogia política, conflictos hídricos profundos y costos de producción asfixiantes.

El primer eslabón de esta crisis es el insostenible costo de producción. Los productores enfrentan un aumento superior al 30% en sus costos operativos, impulsado por el encarecimiento de insumos, energía y logística, mientras que los precios internacionales no han crecido en la misma proporción. Para un productor dominicano, el costo por caja ronda los 8.75 dólares, necesitando vender a un mínimo de 9.75 para ser rentable; sin embargo, competidores como Ecuador operan con costos mucho menores (6.50 dólares), lo que deja a la producción nacional en una desventaja competitiva fatal.

A esto se suma una escasez crónica de mano de obra, agravada por políticas migratorias que, aunque necesarias, han paralizado las labores en las fincas debido a la dependencia histórica del trabajador extranjero. El resultado es una caída del 44% en las exportaciones en solo tres años: de 363 millones de dólares en 2021 a apenas 202 millones en 2024.

La crisis se profundiza en el manejo desigual del agua, lo que las fuentes definen como poder hídrico. En la Línea Noroeste, el agua no es solo un recurso natural, sino un eje de dominación donde las élites y el Estado han co-construido un modelo que favorece a los grandes intereses por encima de los pequeños productores y las comunidades.

El desbalance hídrico es alarmante, la demanda de agua en la región es 1.7 veces superior a la disponibilidad. Mientras la agricultura consume el 80% de la oferta con una eficiencia de riego de apenas el 25%, las comunidades sufren escasez para el consumo humano. Se estima que el 60% del agua de los acueductos se desvía ilegalmente para el riego de banano y arroz, exacerbando el conflicto entre el derecho a la vida y el afán de lucro de un modelo que exporta «agua virtual» a Europa desde una región sedienta.

La respuesta estatal ha estado marcada por la demagogia. El discurso oficial promueve una autosuficiencia alimentaria del 90%, una cifra que los analistas consideran inverosímil y más ajustada a la narrativa política que a la realidad estadística. Mientras el gobierno anuncia entregas de millones en subsidios y préstamos, la realidad es que instituciones como Agrodosa mantienen deudas de más de 150 millones de pesos con productores afectados por desastres naturales, dejándolos desprotegidos.

El modelo ha priorizado grandes infraestructuras como presas y canales para garantizar la continuidad del lucro de sectores hegemónicos, ignorando que la verdadera solución reside en una transformación productiva sustantiva y una gobernanza del agua que incluya a la sociedad civil.

La quiebra bananera es el preludio de una inseguridad alimentaria regional. Al desaparecer el pequeño productor, las tierras se concentran en manos de grandes capitales o se abandonan, lo que destruye el empleo local y fomenta la emigración de jóvenes y mujeres hacia los centros urbanos. La sustitución de cultivos de consumo interno (como yuca y batata) por plantaciones de exportación que hoy fallan, deja a la población rural vulnerable ante los vaivenes del mercado internacional y el cambio climático.

La Línea Noroeste es víctima de un círculo vicioso de baja productividad, degradación ambiental e inequidad social. Si no se rompe la simbiosis entre el Estado y el poder hídrico para transitar hacia una economía solidaria y un manejo del agua con visión territorial, el colapso del banano será solo el primer capítulo de una crisis humanitaria y alimentaria mayor en nuestra región.

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El primer eslabón de esta crisis es el insostenible costo de producción. Los productores enfrentan un aumento superior al 30% en sus costos operativos, impulsado por el encarecimiento de insumos, energía y logística, mientras que los precios internacionales no han crecido en la misma proporción. Para un productor dominicano, el costo por caja ronda los 8.75 dólares, necesitando vender a un mínimo de 9.75 para ser rentable; sin embargo, competidores como Ecuador operan con costos mucho menores (6.50 dólares), lo que deja a la producción nacional en una desventaja competitiva fatal.

A esto se suma una escasez crónica de mano de obra, agravada por políticas migratorias que, aunque necesarias, han paralizado las labores en las fincas debido a la dependencia histórica del trabajador extranjero. El resultado es una caída del 44% en las exportaciones en solo tres años: de 363 millones de dólares en 2021 a apenas 202 millones en 2024.

La crisis se profundiza en el manejo desigual del agua, lo que las fuentes definen como poder hídrico. En la Línea Noroeste, el agua no es solo un recurso natural, sino un eje de dominación donde las élites y el Estado han co-construido un modelo que favorece a los grandes intereses por encima de los pequeños productores y las comunidades.

El desbalance hídrico es alarmante, la demanda de agua en la región es 1.7 veces superior a la disponibilidad. Mientras la agricultura consume el 80% de la oferta con una eficiencia de riego de apenas el 25%, las comunidades sufren escasez para el consumo humano. Se estima que el 60% del agua de los acueductos se desvía ilegalmente para el riego de banano y arroz, exacerbando el conflicto entre el derecho a la vida y el afán de lucro de un modelo que exporta «agua virtual» a Europa desde una región sedienta.

La respuesta estatal ha estado marcada por la demagogia. El discurso oficial promueve una autosuficiencia alimentaria del 90%, una cifra que los analistas consideran inverosímil y más ajustada a la narrativa política que a la realidad estadística. Mientras el gobierno anuncia entregas de millones en subsidios y préstamos, la realidad es que instituciones como Agrodosa mantienen deudas de más de 150 millones de pesos con productores afectados por desastres naturales, dejándolos desprotegidos.

El modelo ha priorizado grandes infraestructuras como presas y canales para garantizar la continuidad del lucro de sectores hegemónicos, ignorando que la verdadera solución reside en una transformación productiva sustantiva y una gobernanza del agua que incluya a la sociedad civil.

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