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Defensa de Gonzalo Castillo afirma apelación del MP no cambiará fallo de no ha lugar en caso Calamar

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 EL CORREO. La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, aseguró que cualquier apelación presentada por el Ministerio Público contra el auto de no ha lugar emitido a su favor carecerá de fundamentos jurídicos y tendrá el mismo resultado que la acusación inicial, rechazada por el tribunal en el caso Calamar.

Los abogados de José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, expresaron una posición similar y sostuvieron que la decisión de la jueza Altagracia Ramírez evidencia las debilidades del expediente presentado por el órgano acusador.

La magistrada también favoreció con un no ha lugar a Daniel Alberto Guerrero Mena, Marcial Reyes y la notario Rosa Arias Ruiz. No obstante, ordenó la apertura a juicio de fondo para más de treinta imputados y varias empresas vinculadas al proceso, al considerar que existen elementos probatorios suficientes para sustentar una posible condena en esa etapa.

Tras conocerse la decisión, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, anunció que la institución apelará el descargo otorgado a los cinco favorecidos por la jueza.

Según la acusación, la presunta red habría utilizado recursos del Estado para realizar pagos irregulares y financiar actividades políticas mediante expropiaciones y acuerdos de pago que habrían causado un perjuicio económico multimillonario.

Entre los principales imputados enviados a juicio figuran Donald Guerrero, Ángel Lockward, Luis Miguel Piccirillo y Claudio Silver Peña.

Por su parte, el abogado Nassef Perdomo, miembro de la defensa de Castillo, afirmó que el exfuncionario "nunca debió ser imputado" y calificó la acusación como arbitraria y carente de sustento. Aseguró que, aunque el Ministerio Público tiene derecho a recurrir la decisión, la falta de pruebas seguirá siendo un obstáculo para revertir el fallo.


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Los abogados de José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, expresaron una posición similar y sostuvieron que la decisión de la jueza Altagracia Ramírez evidencia las debilidades del expediente presentado por el órgano acusador.

La magistrada también favoreció con un no ha lugar a Daniel Alberto Guerrero Mena, Marcial Reyes y la notario Rosa Arias Ruiz. No obstante, ordenó la apertura a juicio de fondo para más de treinta imputados y varias empresas vinculadas al proceso, al considerar que existen elementos probatorios suficientes para sustentar una posible condena en esa etapa.

Tras conocerse la decisión, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, anunció que la institución apelará el descargo otorgado a los cinco favorecidos por la jueza.

Según la acusación, la presunta red habría utilizado recursos del Estado para realizar pagos irregulares y financiar actividades políticas mediante expropiaciones y acuerdos de pago que habrían causado un perjuicio económico multimillonario.

Entre los principales imputados enviados a juicio figuran Donald Guerrero, Ángel Lockward, Luis Miguel Piccirillo y Claudio Silver Peña.

Por su parte, el abogado Nassef Perdomo, miembro de la defensa de Castillo, afirmó que el exfuncionario "nunca debió ser imputado" y calificó la acusación como arbitraria y carente de sustento. Aseguró que, aunque el Ministerio Público tiene derecho a recurrir la decisión, la falta de pruebas seguirá siendo un obstáculo para revertir el fallo.

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