El Código Penal no se salva de los tribunales: persisten impugnaciones ante el Tribunal Constitucional

Santo Domingo. – Las modificaciones realizadas por el Congreso Nacional al nuevo Código Penal no han puesto fin a los cuestionamientos legales. El Tribunal Constitucional (TC) conoció este miércoles una audiencia pública en la que fueron examinadas 23 acciones directas de inconstitucionalidad sobre distintas materias, cuatro de ellas relacionadas específicamente con disposiciones del Código Penal.

Entre los temas planteados figuran cuestionamientos vinculados con la discriminación por orientación sexual, el ejercicio de la medicina, la difamación, la injuria y el ultraje, así como otros aspectos relacionados con derechos fundamentales.

Uno de los procesos involucra a organizaciones de la comunidad LGBTI+, que cuestionan el artículo 173 del Código Penal por considerar que no incluye expresamente la orientación sexual entre las categorías protegidas frente a la discriminación.

La Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (Colesdom) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo sostienen que esta omisión puede afectar la protección de las personas LGBTI+ y han defendido la necesidad de establecer garantías claras frente a posibles actos discriminatorios.

En sentido contrario, el abogado Juárez Castillo, representante de organizaciones como la Iglesia Católica y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), sostiene que el Tribunal Constitucional no puede crear nuevas categorías de discriminación ni establecer tipos penales mediante interpretaciones.

Otro de los expedientes corresponde al Colegio Médico Dominicano (CMD), que mantiene sus cuestionamientos a disposiciones relacionadas con la responsabilidad penal de los profesionales de la salud, pese a las modificaciones introducidas por el Congreso.

El gremio médico advierte que determinadas normas podrían generar temor entre los profesionales y favorecer una práctica de medicina defensiva, especialmente cuando los resultados adversos estén relacionados con limitaciones propias del sistema sanitario.

La libertad de expresión también ocupa espacio entre las impugnaciones. Diversos accionantes cuestionan disposiciones relacionadas con la difusión de contenidos, difamación extorsiva, injuria y ultraje, planteando interrogantes sobre el equilibrio entre la protección del honor y el derecho a expresarse.

Otro expediente busca la despenalización del simple consumo de drogas. Affe Gutiérrez Gil plantea que la respuesta estatal debería concentrarse en el narcotráfico y priorizar la atención, rehabilitación y reinserción de las personas consumidoras.

Las acciones conocidas por el TC no se limitan al Código Penal. Los 23 expedientes abarcan además asuntos electorales, laborales, ambientales, sanitarios, tributarios, facturación electrónica, lavado de activos, residuos sólidos, registro inmobiliario y otras áreas del ordenamiento jurídico.

Concluidas las exposiciones de las partes, los expedientes quedaron en estado de fallo. Corresponderá ahora al pleno del Tribunal Constitucional deliberar y emitir las decisiones correspondientes sobre cada uno de los recursos.