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“Fiscal en líos: prisión preventiva por presunto soborno sacude caso Senasa”

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Santo Domingo. – La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares de un testigo vinculado al caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La decisión se produjo tras una audiencia de más de diez horas, en la que fueron rechazados varios incidentes presentados por la defensa. La magistrada ordenó que el imputado cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, acogiendo parcialmente la solicitud del Ministerio Público.

Asimismo, se fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al fiscal, quien pertenece a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Durante la audiencia, los abogados del imputado intentaron apartar del caso al procurador Wilson Camacho y solicitaron la nulidad de la investigación, alegando irregularidades en el proceso. También argumentaron que la solicitud de medida debía ser presentada por otra autoridad competente, planteamientos que fueron rechazados por el tribunal.

Otro de los incidentes desestimados fue la solicitud de permitir el acceso de los medios de comunicación a la audiencia, bajo el argumento de que debía ser pública.

Previamente, la jueza había sido recusada por la defensa, pero esta acción fue rechazada por instancias superiores, permitiendo que continuara al frente del proceso.

El Ministerio Público acusa a Valdez Alcántara de recibir dinero en efectivo del testigo Roberto Canaán, vinculado al caso de corrupción en Senasa. Según el órgano acusador, existe riesgo de que el imputado pueda influir en la investigación, debido a su posición dentro del sistema judicial.

Por la gravedad del caso, el Ministerio Público había solicitado inicialmente un año de prisión preventiva, aunque el tribunal finalmente impuso una medida menor.

El proceso continúa en medio de gran atención pública, al tratarse de un caso que involucra a un miembro del propio sistema de justicia.


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La decisión se produjo tras una audiencia de más de diez horas, en la que fueron rechazados varios incidentes presentados por la defensa. La magistrada ordenó que el imputado cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, acogiendo parcialmente la solicitud del Ministerio Público.

Asimismo, se fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al fiscal, quien pertenece a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Durante la audiencia, los abogados del imputado intentaron apartar del caso al procurador Wilson Camacho y solicitaron la nulidad de la investigación, alegando irregularidades en el proceso. También argumentaron que la solicitud de medida debía ser presentada por otra autoridad competente, planteamientos que fueron rechazados por el tribunal.

Otro de los incidentes desestimados fue la solicitud de permitir el acceso de los medios de comunicación a la audiencia, bajo el argumento de que debía ser pública.

Previamente, la jueza había sido recusada por la defensa, pero esta acción fue rechazada por instancias superiores, permitiendo que continuara al frente del proceso.

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Por la gravedad del caso, el Ministerio Público había solicitado inicialmente un año de prisión preventiva, aunque el tribunal finalmente impuso una medida menor.

El proceso continúa en medio de gran atención pública, al tratarse de un caso que involucra a un miembro del propio sistema de justicia.

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