Fiscales preparan un caso contundente contra el fraude de semáforos.

Mientras los siete detenidos por el escándalo del contrato de los semáforos pasaban su segunda noche en prisión, el ministerio público avanza en la preparación de la medida de coerción que se depositará hoy contra Jochi Gómez, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras y otros cinco arrestados durante la operación Camaleón.

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) están acelerando el proceso, ya que el plazo de 48 horas establecido por la Constitución vence hoy a las 8:00 de la noche, desde la detención de Gómez en la Procuraduría General de la República. La instancia será presentada ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se solicitará prisión preventiva y la declaración de caso complejo.

El grupo de detenidos incluye a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología de la Información y Comunicación del Intrant; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas. Cada uno cuenta con representación legal, incluidos los abogados Carlos Balcácer y Carlos Olivares para Jochi Gómez, y Laura Acosta y Luis Rivas para Hugo Beras.

El ministerio público acusa al grupo de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado, dedicándose al desfalco, estafa al Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito y sabotaje. Los imputados están recluidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva (CAPLIP-2) y serán trasladados al tribunal que decidirá sobre la prisión preventiva.

La operación, que se llevó a cabo el miércoles, incluyó allanamientos en residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, con la participación de aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional y más de 30 fiscales especializados. Durante los allanamientos, se incautaron cientos de evidencias que respaldan las acusaciones del ministerio público.

Entre los hechos imputados se encuentra el contrato para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, así como un contrato con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia del Estado. También se menciona un sabotaje a la red semafórica en agosto.

Jochi Gómez fue trasladado a la Procuraduría General para ser interrogado sobre su implicación en el caso. Su abogado, Carlos Balcácer, afirmó que no hay elementos suficientes para justificar las acusaciones de terrorismo, cuya pena máxima es de 40 años. Balcácer también criticó la búsqueda de un supuesto virus Pegasus, alegando que no existe.

En la orden de arresto emitida por la jueza Fátima Veloz, el ministerio público describe a Hugo Beras como el principal facilitador de la corrupción en la red semafórica y el sistema de videovigilancia, acusándolo de adjudicaciones fraudulentas de contratos. La PEPCA señala que Beras facilitó la participación de empresas que desviaron recursos del Estado.

Además, Frank Díaz Warden participó en la adjudicación irregular de contratos, manipulando la licitación en favor de los imputados. Samuel Baquero, encargado de la red semafórica, también facilitó el control de estos sistemas a una empresa que no cumplía con los requisitos legales. Jochi Gómez es considerado el principal beneficiario del esquema corrupto a través de su empresa Aurix S.A.S., acusándosele de lavado de activos y usurpación de identidades.

La abogada Laura Acosta, defensora de Hugo Beras, informó que durante los allanamientos se incautaron su celular, una caja fuerte vacía y documentos. La defensa de Beras ha calificado su arresto de "arbitrario".

El periodista Guillermo Gómez reveló que su hijo, Jochi Gómez, había traído a Mike Pompeo al país, sugiriendo que su detención estaba planificada desde días antes. El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) había advertido a Hugo Beras sobre la necesidad de mantener bajo control estatal la plataforma de semáforos, advirtiendo sobre las consecuencias de una eventual manipulación.