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EL PAIS

Más de 1,300 muertos por atropellamientos en los últimos cinco años

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EL CORREO. Iban caminando, corriendo, jugando, trabajando, o en cualquier actividad que implicara su presencia física en la carretera o cerca de ella, lo cierto es que, de acuerdo a la data de la Dirección General de Servicio de Tránsito Terrestre (Digesett), unas 1,370 personas perdieron la vida por atropellamiento en las vías durante los últimos cinco años.

Diario Libre hizo un levantamiento de esos datos que Digesett publica en su portal de Transparencia trimestre por trimestre. Desde 2019 hasta marzo de 2024, se produjo la referida cantidad de muertos que forman parte de un universo de 9,944 decesos en accidentes de tránsito que ocurrieron en total en el referido periodo.

Los atropellamientos significaron la tercera causa de muerte por accidentes de tránsito en la República Dominicana, superados por los decesos por colisiones de vehículos, que totalizaron 5,987, y los 2,048 deslizamientos.

La Ley 63-17 de Movilidad, Tránsito Terrestre y Seguridad Vial indica que el comportamiento del conductor que atropella a un transeúnte debe desmontarse de su vehículo y asistir a la persona afectada, en caso de que dicha acción no represente un peligro.

Abandonan víctimas

Sin embargo, este medio ha reseñado decenas de casos de personas dejadas moribundas en el pavimento. La tendencia es abandonar el lugar y entregarse a las autoridades de tránsito, pero hay conductores que hacen caso omiso de su responsabilidad civil o penal.

El año pasado, específicamente el 17 de septiembre, Andy Gabriel Ferreras murió atropellado mientras cruzaba la avenida 27 de Febrero con Caonabo. Hasta el momento el conductor no ha sido identificado, tampoco reportó el accidente ante las autoridades.

El 20 de noviembre, también de 2023, Amalline Peralta, una servidora pública, murió mientras cruzaba la avenida Máximo Gómez con calle Francisco Villaespesa. Según los testigos, una camioneta chocó con un carro y a su vez golpeó a Amalline y la arrastró hasta la esquina. El conductor de la camioneta resultó herido y el del carro huyó.

Al día siguiente, el estudiante universitario Randy Jiménez fue embestido por un vehículo que se desplazaba a alta velocidad en la avenida Núñez de Cáceres.

La ley de tránsito en su artículo 303.5 establece que la muerte involuntaria de una persona o más personas implicará una sanción de uno a tres años de prisión y multa por un monto de 10 a 50 salarios mínimos.

Investigan supuesto accidente

El caso más reciente es la muerte de Julio César de la Rosa Peralta. La Policía investiga lo que hasta ahora se ha atribuido a un accidente por atropellamiento.

La familia del hijo del presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco) Julio César de la Rosa Tiburcio, había denunciado su desaparición desde el sábado 15. El director de la Policía, Ramón Guzmán Peralta, informó que desde que ocurrió la tragedia "se están haciendo todos los levantamientos y se está procesando todo lo que se tiene que procesar para darle una respuesta".

De la Rosa Peralta será sepultado este martes.


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Diario Libre hizo un levantamiento de esos datos que Digesett publica en su portal de Transparencia trimestre por trimestre. Desde 2019 hasta marzo de 2024, se produjo la referida cantidad de muertos que forman parte de un universo de 9,944 decesos en accidentes de tránsito que ocurrieron en total en el referido periodo.

Los atropellamientos significaron la tercera causa de muerte por accidentes de tránsito en la República Dominicana, superados por los decesos por colisiones de vehículos, que totalizaron 5,987, y los 2,048 deslizamientos.

La Ley 63-17 de Movilidad, Tránsito Terrestre y Seguridad Vial indica que el comportamiento del conductor que atropella a un transeúnte debe desmontarse de su vehículo y asistir a la persona afectada, en caso de que dicha acción no represente un peligro.

Abandonan víctimas

Sin embargo, este medio ha reseñado decenas de casos de personas dejadas moribundas en el pavimento. La tendencia es abandonar el lugar y entregarse a las autoridades de tránsito, pero hay conductores que hacen caso omiso de su responsabilidad civil o penal.

El año pasado, específicamente el 17 de septiembre, Andy Gabriel Ferreras murió atropellado mientras cruzaba la avenida 27 de Febrero con Caonabo. Hasta el momento el conductor no ha sido identificado, tampoco reportó el accidente ante las autoridades.

El 20 de noviembre, también de 2023, Amalline Peralta, una servidora pública, murió mientras cruzaba la avenida Máximo Gómez con calle Francisco Villaespesa. Según los testigos, una camioneta chocó con un carro y a su vez golpeó a Amalline y la arrastró hasta la esquina. El conductor de la camioneta resultó herido y el del carro huyó.

Al día siguiente, el estudiante universitario Randy Jiménez fue embestido por un vehículo que se desplazaba a alta velocidad en la avenida Núñez de Cáceres.

La ley de tránsito en su artículo 303.5 establece que la muerte involuntaria de una persona o más personas implicará una sanción de uno a tres años de prisión y multa por un monto de 10 a 50 salarios mínimos.

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