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EL PAIS

Participación Ciudadana estalla contra el Poder Judicial: advierte riesgo de impunidad en el caso Medusa

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Santo Domingo. – Participación Ciudadana (PC) lanzó este lunes una advertencia contundente: el Poder Judicial está frente a una de las pruebas más decisivas de su historia, y un manejo deficiente del juicio contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez podría abrir nuevamente las puertas a la impunidad en República Dominicana.

La organización denunció que los constantes retrasos, incidentes procesales y tácticas dilatorias están provocando un desgaste que amenaza con minar por completo la confianza pública.

Un proceso que no avanza: 94 aplazamientos y 12 audiencias suspendidas

PC recordó que solamente en la fase preliminar del expediente se registraron 94 aplazamientos, mientras que en el juicio de fondo —que ya suma 17 meses— se han suspendido 12 audiencias, muchas por recusaciones y maniobras procesales promovidas por las defensas.

“Solicitamos al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a los jueces a cargo de los grandes casos de corrupción que no permitan que la impunidad se imponga de nuevo. La ciudadanía así lo espera”, expresó la entidad.

El juicio más complejo de la historia reciente

Para la organización cívica, el país enfrenta por primera vez un proceso de corrupción tan amplio, profundo y con tantas ramificaciones dentro del Estado, lo que exige de los jueces un control firme para impedir que las tácticas dilatorias sigan debilitando el caso.

Advirtieron además que no debe existir ningún privilegio para los acusados de corrupción y que los plazos procesales no pueden convertirse en herramientas para forzar una prescripción de la acción penal.

Sospechas sobre los retrasos

Participación Ciudadana fue más lejos: aseguró que la secuencia de aplazamientos permite sospechar la existencia de una posible connivencia para defraudar al Estado.

Indicaron que algunos imputados dicen no provocar los incidentes, pero permiten que otros lo hagan, beneficiándose todos de los constantes retrasos.

Un expediente millonario: 40 imputados y más de RD$6,000 millones en juego

El caso Medusa involucra a 40 personas y 22 empresas, acusadas de desfalcar al Estado por más de 6 mil millones de pesos. La mitad ya confesó su responsabilidad, señalando directamente a quienes aún no admiten los hechos.

PC cuestionó además la actuación de los jueces:

“La ciudadanía no entiende por qué los magistrados no pueden controlar los retrasos claramente intencionales ni emitir una decisión en tiempo oportuno”.

Un mensaje directo a la Suprema Corte

La organización afirmó que el país no puede perder esta oportunidad histórica para avanzar contra la corrupción.

Pidió a la Suprema Corte de Justicia garantizar un proceso diligente, imparcial y estrictamente apegado a la ley, recordando que desde 2017 la sociedad exige resultados concretos.


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Santo Domingo. – Participación Ciudadana (PC) lanzó este lunes una advertencia contundente: el Poder Judicial está frente a una de las pruebas más decisivas de su historia, y un manejo deficiente del juicio contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez podría abrir nuevamente las puertas a la impunidad en República Dominicana.

La organización denunció que los constantes retrasos, incidentes procesales y tácticas dilatorias están provocando un desgaste que amenaza con minar por completo la confianza pública.

Un proceso que no avanza: 94 aplazamientos y 12 audiencias suspendidas

PC recordó que solamente en la fase preliminar del expediente se registraron 94 aplazamientos, mientras que en el juicio de fondo —que ya suma 17 meses— se han suspendido 12 audiencias, muchas por recusaciones y maniobras procesales promovidas por las defensas.

“Solicitamos al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a los jueces a cargo de los grandes casos de corrupción que no permitan que la impunidad se imponga de nuevo. La ciudadanía así lo espera”, expresó la entidad.

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Advirtieron además que no debe existir ningún privilegio para los acusados de corrupción y que los plazos procesales no pueden convertirse en herramientas para forzar una prescripción de la acción penal.

Sospechas sobre los retrasos

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