El Cibao
¡El Dinero Era para Pacientes! Ministerio Público Pide Coerción por Presunto Fraude Millonario en Oncológico del Cibao
Santiago, República Dominicana. El Ministerio Público depositó este lunes la solicitud de medida de coerción contra varios implicados en una presunta red de fraude y corrupción que habría desviado millones de pesos destinados a la atención de pacientes con cáncer en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
El caso ha generado gran impacto debido a que los recursos presuntamente sustraídos estaban dirigidos a tratamientos médicos de pacientes oncológicos afiliados al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Ministerio Público formaliza expediente por presunta corrupción en el IORC
La solicitud fue presentada ante el Área de Litigación Inicial, mientras los abogados de los imputados esperan que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago fije la fecha para conocer la medida de coerción.
Las autoridades sostienen que existe evidencia suficiente para vincular a los acusados con una estructura que habría operado dentro de la administración del centro de salud.
Defensa asegura que aún no conoce el contenido del expediente
Juan Francisco Consoró, representante legal de varios de los investigados, informó que hasta el momento no han recibido una notificación formal sobre la solicitud presentada por el Ministerio Público.
Debido a esta situación, explicó que no puede emitir opiniones ni valorar las acusaciones contenidas en el expediente.
Por su parte, el abogado Ricardo Reina indicó que su equipo legal se encuentra a la espera de recibir la documentación oficial para conocer en detalle los cargos formulados contra su defendida.
Abogados cuestionan los arrestos realizados durante el operativo
La defensa también criticó la forma en que se ejecutaron los arrestos durante el operativo realizado por las autoridades.
Según Ricardo Reina, las personas investigadas se encontraban colaborando con el proceso y presentándose voluntariamente ante el Ministerio Público.
"Todas esas personas se estaban presentando ante el Ministerio Público y colaborando con la investigación. Eso no era necesario", expresó el jurista.
¿Quiénes fueron arrestados?
Durante la operación conjunta participaron la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago.
Entre los detenidos figuran:
- Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
- Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida y actual esposa de Lora Cruceta.
- Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato y exesposa del principal imputado.
Delitos que investiga el Ministerio Público
De acuerdo con el expediente preliminar, los acusados habrían utilizado la estructura administrativa del patronato para ejecutar diversas maniobras fraudulentas en perjuicio de pacientes con cáncer, del Senasa y del Estado dominicano.
Las autoridades investigan posibles delitos relacionados con:
- Asociación de malhechores.
- Estafa contra el Estado.
- Soborno.
- Delitos de alta tecnología.
- Lavado de activos.
Presunto desvío de fondos destinados a pacientes oncológicos
La investigación sostiene que la estructura contó con la participación de empleados y colaboradores que habrían actuado de forma coordinada para desviar recursos económicos destinados a tratamientos médicos de pacientes oncológicos del régimen subsidiado.
El Ministerio Público asegura que continúa profundizando las pesquisas para determinar el alcance real de las operaciones financieras investigadas y establecer posibles responsabilidades adicionales.
Caso mantiene la atención pública en Santiago
El proceso judicial continúa avanzando mientras la comunidad médica, los pacientes y la ciudadanía permanecen atentos al desarrollo del caso, considerado uno de los más sensibles por involucrar fondos destinados a la atención de personas con cáncer.
Las autoridades han reiterado que seguirán investigando hasta identificar a todos los responsables y garantizar que los recursos públicos destinados a la salud sean protegidos.
