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Comisión ambiental de la UASD rechaza intensiones contra Dunas de Baní

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Santo Domingo. – La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) rechazó categóricamente la propuesta del senador Julito Fulcar de modificar los linderos del Monumento Natural Dunas de las Calderas, con el propósito de dejar familias asentadas dentro del área protegida.

La entidad calificó la iniciativa como “técnica y jurídicamente improcedente y ambientalmente lesiva”, advirtiendo que abriría la puerta a la reducción de áreas protegidas y la legalización retroactiva de ocupaciones ilegales, lo que constituiría “un precedente devastador” para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Argumentos legales y constitucionales

La Comisión recordó que la Ley 64-00 de Medio Ambiente y la Ley 202-04 establecen con claridad los límites, la categoría de manejo y las normas de uso de las áreas protegidas. Subrayó que el problema no radica en la falta de leyes, sino en su cumplimiento.

Asimismo, destacó que la Constitución dominicana consagra el principio de irreductibilidad, que prohíbe reducir o mutilar áreas del SINAP. “Delimitar para excluir ocupaciones significaría premiar la ilegalidad”, señaló el organismo.

También advirtió que la propuesta constituye un “falso remedio”, pues cambiar los límites no resuelve la ausencia de gestión, vigilancia ni sanción.

Debilidades de la iniciativa

El organismo calificó el proyecto como ilegal en su origen, por contradecir la irreductibilidad y vulnerar el principio de no regresión ambiental. Además, sostuvo que la propuesta premia la infracción, evade las verdaderas causas del problema —falta de control, incumplimiento del plan de manejo y clientelismo político y empresarial— y genera inseguridad jurídica.

“Modificar por presión coyuntural debilita el Estado de derecho y afecta al SINAP completo”, puntualizó.

Denuncias sobre la situación actual

La Comisión Ambiental denunció la existencia de una “mafia de la arena” que extrae de manera ilícita este recurso, provocando daños geomorfológicos irreversibles.

Asimismo, alertó sobre la expansión urbana desde Salinas mediante construcciones ilegales, la frontera agrícola-ganadera que privatiza terrenos públicos de facto y el turismo no regulado con vehículos 4×4 y acumulación de basura.

Criticó además las contradicciones oficiales y la ausencia de sanciones ejemplares, que han permitido la degradación progresiva del monumento natural.

Exigencias y propuestas

El organismo académico planteó un conjunto de medidas urgentes:

  • Retiro definitivo de cualquier proyecto que altere los linderos de las dunas.

  • Ejecución inmediata del Plan de Manejo.

  • Vigilancia interinstitucional permanente con patrullaje terrestre y marítimo.

  • Régimen de consecuencias reales, con persecución penal y administrativa a toda la cadena de extracción y venta de arena.

  • Relocalización ordenada de las ocupaciones ilegales, sin premiar a los infractores.

  • Construcción de infraestructura de bajo impacto y control estricto de visitantes.

  • Restauración ecológica mediante revegetación y cierre de huellas de extracción.

Llamado cívico

Finalmente, la Comisión Ambiental de la UASD hizo un llamado a academias, iglesias, gremios, asociaciones comunitarias, sector privado, medios de comunicación y juventudes a mantener una alerta cívica permanente para defender las Dunas de Baní.

Las Dunas de las Calderas no se negocian. Son patrimonio natural, científico, cultural y de seguridad climática para la República Dominicana. Alterarlas o reducirlas sería una renuncia del Estado”, concluyó el organismo.


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Santo Domingo. – La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) rechazó categóricamente la propuesta del senador Julito Fulcar de modificar los linderos del Monumento Natural Dunas de las Calderas, con el propósito de dejar familias asentadas dentro del área protegida.

La entidad calificó la iniciativa como “técnica y jurídicamente improcedente y ambientalmente lesiva”, advirtiendo que abriría la puerta a la reducción de áreas protegidas y la legalización retroactiva de ocupaciones ilegales, lo que constituiría “un precedente devastador” para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Argumentos legales y constitucionales

La Comisión recordó que la Ley 64-00 de Medio Ambiente y la Ley 202-04 establecen con claridad los límites, la categoría de manejo y las normas de uso de las áreas protegidas. Subrayó que el problema no radica en la falta de leyes, sino en su cumplimiento.

Asimismo, destacó que la Constitución dominicana consagra el principio de irreductibilidad, que prohíbe reducir o mutilar áreas del SINAP. “Delimitar para excluir ocupaciones significaría premiar la ilegalidad”, señaló el organismo.

También advirtió que la propuesta constituye un “falso remedio”, pues cambiar los límites no resuelve la ausencia de gestión, vigilancia ni sanción.

Debilidades de la iniciativa

El organismo calificó el proyecto como ilegal en su origen, por contradecir la irreductibilidad y vulnerar el principio de no regresión ambiental. Además, sostuvo que la propuesta premia la infracción, evade las verdaderas causas del problema —falta de control, incumplimiento del plan de manejo y clientelismo político y empresarial— y genera inseguridad jurídica.

“Modificar por presión coyuntural debilita el Estado de derecho y afecta al SINAP completo”, puntualizó.

Denuncias sobre la situación actual

La Comisión Ambiental denunció la existencia de una “mafia de la arena” que extrae de manera ilícita este recurso, provocando daños geomorfológicos irreversibles.

Asimismo, alertó sobre la expansión urbana desde Salinas mediante construcciones ilegales, la frontera agrícola-ganadera que privatiza terrenos públicos de facto y el turismo no regulado con vehículos 4×4 y acumulación de basura.

Criticó además las contradicciones oficiales y la ausencia de sanciones ejemplares, que han permitido la degradación progresiva del monumento natural.

Exigencias y propuestas

El organismo académico planteó un conjunto de medidas urgentes:

  • Retiro definitivo de cualquier proyecto que altere los linderos de las dunas.

  • Ejecución inmediata del Plan de Manejo.

  • Vigilancia interinstitucional permanente con patrullaje terrestre y marítimo.

  • Régimen de consecuencias reales, con persecución penal y administrativa a toda la cadena de extracción y venta de arena.

  • Relocalización ordenada de las ocupaciones ilegales, sin premiar a los infractores.

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