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DGCP frena pagos de contratos en Inabie por sospechas de irregularidades en licitaciones escolares

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EL CORREO. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) recomendó a la Contraloría General de la República abstenerse de registrar o aprobar pagos relacionados con cerca de 150 contratos adjudicados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), hasta tanto se presenten los resultados de una investigación de oficio en curso.

Los contratos forman parte de tres procesos de Licitación Pública Nacional (INABIE-CCC-LPN-2024-0008, 0010 y 0012), convocados para la adquisición de utilería escolar. En abril, la DGCP inició una indagatoria para verificar la legalidad de cada etapa de estos procedimientos, tras detectar indicios de irregularidades.

🕵️‍♀️ Hallazgos preliminares

Según explicó la DGCP en una comunicación oficial, entre las anomalías preliminares detectadas se encuentran:

  • Colusión entre oferentes y conflictos de interés

  • Empresas adjudicadas sin el rubro adecuado en su Registro de Proveedor del Estado (RPE)

  • Discrepancias en domicilios registrados por varios participantes

  • Problemas en los criterios de evaluación y adjudicación

  • Falta de transparencia en la publicación de procesos y contradicciones en los pliegos

El pasado 15 de mayo, la DGCP remitió a la Contraloría una lista de los proveedores involucrados en estas irregularidades, recomendando la suspensión de pagos y registros hasta que se emitan los resultados definitivos.

🛡️ Derecho a defensa y próximos pasos

Entre el 24 de abril y el 27 de mayo de 2025, la DGCP notificó a los adjudicatarios su derecho a iniciar procedimientos de defensa. Sin embargo, solo 12 proveedores han ejercido ese derecho.

Con los plazos de réplica ya vencidos, la entidad cuenta con 30 días hábiles para emitir sus resultados preliminares, conforme lo establece el artículo 224 del Reglamento de Aplicación del Sistema de Compras y Contrataciones (Decreto 416-23).

En paralelo, la DGCP colabora con la Unidad Antifraude de la Contraloría en una investigación especial que incluye entrevistas con peritos, personal de Inabie y el análisis de datos del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, con el fin de identificar a los responsables de posibles faltas administrativas o delitos.


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Los contratos forman parte de tres procesos de Licitación Pública Nacional (INABIE-CCC-LPN-2024-0008, 0010 y 0012), convocados para la adquisición de utilería escolar. En abril, la DGCP inició una indagatoria para verificar la legalidad de cada etapa de estos procedimientos, tras detectar indicios de irregularidades.

🕵️‍♀️ Hallazgos preliminares

Según explicó la DGCP en una comunicación oficial, entre las anomalías preliminares detectadas se encuentran:

  • Colusión entre oferentes y conflictos de interés

  • Empresas adjudicadas sin el rubro adecuado en su Registro de Proveedor del Estado (RPE)

  • Discrepancias en domicilios registrados por varios participantes

  • Problemas en los criterios de evaluación y adjudicación

  • Falta de transparencia en la publicación de procesos y contradicciones en los pliegos

El pasado 15 de mayo, la DGCP remitió a la Contraloría una lista de los proveedores involucrados en estas irregularidades, recomendando la suspensión de pagos y registros hasta que se emitan los resultados definitivos.

🛡️ Derecho a defensa y próximos pasos

Entre el 24 de abril y el 27 de mayo de 2025, la DGCP notificó a los adjudicatarios su derecho a iniciar procedimientos de defensa. Sin embargo, solo 12 proveedores han ejercido ese derecho.

Con los plazos de réplica ya vencidos, la entidad cuenta con 30 días hábiles para emitir sus resultados preliminares, conforme lo establece el artículo 224 del Reglamento de Aplicación del Sistema de Compras y Contrataciones (Decreto 416-23).

En paralelo, la DGCP colabora con la Unidad Antifraude de la Contraloría en una investigación especial que incluye entrevistas con peritos, personal de Inabie y el análisis de datos del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, con el fin de identificar a los responsables de posibles faltas administrativas o delitos.

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