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El viernes presentarán acusación contra rede Cesar el Abusador

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Santo Domingo. Será este viernes cuando la Fiscalía del Distrito Nacional depositará la acusación en contra de la supuesta red de narcotráfico que dirigía César Emilio Peralta (César el Abusador), quien se encuentra detenido en Colombia para fines de extradición a los Estados Unidos.

Así lo informó una fuente vinculada a la investigación al periodista Ramón Cruz Benzán del Listín Diario, quien dijo que ese día acudirán ante el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción, José Alejandro Vargas a depositar la acusación en contra de los imputados.

El 11 de noviembre pasado, el Cuarto Juzgado de la Instrucción, tribunal control del caso, intimó al Ministerio Público para que en un plazo de 30 días presente acusación formal en contra de los imputados que se encuentran una parte guardando prisión preventiva y otros con medidas menos gravosas.

En caso de que el ente acusador no presente el acto conclusivo en el plazo establecido por el tribunal control, el Ministerio Público deberá archivar el expediente, de conformidad con el artículo 151 del Código Procesal Penal, el cual establece que vencido el plazo sin ninguna de las partes presenta algún requerimiento, el juez debe declarar extinguida la acción penal sin dilación alguna.

También Alan Gilberto Bueno Alcéquiez (Alan Dólar), Rafael Reyes, Rodolfo Cedeño Ureña (El comandante), Heriberto de la Cruz Pérez (Erick Aqua); Lidio Peña Mota, Jeifry del Rosario Gautier, José Tapia Pérez (Bola Negra), Baltazar Mesa (El Maestro) y Sergio Gómez Díaz.

Extraditados a EE.UU.

Mientras que José Tapia Pérez (Bola Negra), Baltazar Mesa (El Maestro), Sergio Gómez Díaz y Jeifry del Rosario, hijo del narcotraficante Toño Leña, Luis Eduardo Velázquez Cordero (El pequeño o El Enano), Kelvin Fernández (Cotto) aceptaron irse voluntariamente en extradición hacia los Estados Unidos que lo reclamó para ser procesado por el caso de César El Abusador.

César el Abusador, solicitado en extradición por los Estados Unidos, fue apresado en Cartagena de Indias, Colombia, en diciembre del año pasado, donde se escondió al escapar de República Dominicana donde era buscado.

El alegado imperio de “el Abusador” cayó en agosto de 2019 tras las autoridades dominicanas “en el operativo más grande que han realizado” desarticular su presunta red de lavados de activos y narcotráfico después de iniciar la investigación hace cerca de tres años.

Todo esto conllevó a un “trabajo de inteligencia al más alto nivel”, con análisis societarios, escuchas telefónicas y cooperación internacional con la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), el Cuerpo de Alguaciles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (United States Marshals Service), el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Embajada de país norteamericano.

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Durante el año escolar 2025-2026 se han registrado 1,384 horas de clases perdidas, con 61 días lectivos afectados como resultado de 55 convocatorias de suspensión que han impactado a 7,921 centros educativos públicos y semioficiales en las 18 regionales educativas. Este resultado de la pérdida de docencia fue arrojado por el Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases, una nueva herramienta que permitirá cuantificar en tiempo real el costo educativo y económico de las suspensiones en el sector educativo. La plataforma fue desarrollada por Acción Empresarial por la Educación (Educa), junto con el Foro Socioeducativo, la Federación Padres, Madres, Amigos y Tutores de la Escuela (APMAE) y Fe y Alegría. De acuerdo con el informe presentado por la directora ejecutiva de Educa, Yahaira Sosa Machado, la estimación económica establece que cada día de docencia suspendida representa un costo aproximado de 883 millones de pesos en valor educativo no impartido, lo que sitúa el impacto acumulado del período en 4,471 millones de pesos. Explicó que la cifra se fundamenta en una actualización metodológica basada en el Informe de Veeduría del Pacto Educativo de 2018, utilizando el presupuesto ejecutado del Ministerio de Educación correspondiente a 2025, ascendente a 304,932.7 millones de pesos, y el calendario oficial de 191 días lectivos aprobado por el Consejo Nacional de Educación para el presente año escolar. “De las 1,384 horas de clases que se han perdido en el año escolar, están afectados unos 7,900 centros educativos del sector público y semioficial. La continuidad de la docencia no es un tema administrativo, sino un tema de derecho, equidad y desarrollo nacional. Cada día de aprendizaje perdido representa oportunidades que difícilmente puedan recuperarse”, dijo Machado. Asimismo, destacó que los resultados arrojados por la plataforma no buscan crear un ambiente pesimista, sino incentivar mejoras para el año escolar 2026-2027 y lograr que los números reflejados puedan revertirse. Email icon Recibe las principales noticias del día en tu bandeja de correo con nuestro newsletter Lo que tienes que saber. Introduce tu email RELACIONADAS Docentes de la cordillera Central, vocación desafiada por el aislamiento y el sacrificio familiar Educación Docentes de la cordillera Central, vocación desafiada por el aislamiento y el sacrificio familiar Educa presenta a su nueva junta directiva y plantea prioridades para transformar el sector educativo Educación Educa presenta a su nueva junta directiva y plantea prioridades para transformar el sector educativo “Podemos colaborar con la alimentación de la plataforma y agradecemos a las instituciones que se han sumado a la iniciativa, la cual está disponible en la página web. Allí se puede ver incluso en qué se basa la misma”, indicó Machado. Expandir imagen[object HTMLTextAreaElement] Interfax del Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases. (CAPTURA DE PANTALLA A LA PÁGINA WEB.) Causas de la interrupción de docencia El análisis sitúa a los eventos meteorológicos y a los paros o huelgas sindicales como las principales causas de interrupción de la docencia. En ese sentido, la plataforma arrojó un resultado de 24.5 % para los fenómenos atmosféricos y de 25 % para las protestas. Les siguen las celebraciones y festividades locales (17 %), las asambleas docentes (8 %), otras causas diversas (8 %), los congresos y eventos académicos (7 %), las condiciones de infraestructura escolar (6 %), la falta de servicios básicos (2 %) y los procesos de fumigación, saneamiento y actividades electorales (1 % cada uno). El Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases identificó a la Regional 05 de San Pedro de Macorís como la más afectada del país, con 18 días perdidos, equivalentes al 9.4 % del año escolar. El monitor incorpora, además, un sistema georreferenciado de incidencias que permite visualizar la distribución territorial de las interrupciones y documentar las causas específicas reportadas en cada comunidad educativa. Asimismo, integra un mecanismo de reporte ciudadano mediante el cual directores, docentes, familias y comunidades pueden notificar las suspensiones que ocurren en sus centros. Bajo el principio de que “la transparencia la construimos juntos”, Educa invita a la ciudadanía a sumarse a la verificación y actualización permanente de los datos. La herramienta fue lanzada durante la presentación de la nueva junta directiva de Educa, en un acto realizado en el Museo de Historia y Geografía, ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Expandir imagenInfografía Susana Martínez Nadal, nueva presidenta de Educa. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) Expresidentes de Educa respaldan herramienta Durante el acto, los expresidentes de Educa sostuvieron un conversatorio en el que compartieron sus experiencias durante los años de gestión, las luchas que enfrentaron y su posición respecto al sistema educativo actual. Los exdirigentes de Educa respaldaron, además, la creación de la nueva plataforma y aseguraron que representa un avance para el país. El panel de “Pasados Presidentes” estuvo integrado por Luis Sánchez Noble, Juan Tomás Tavares, George Santoni, José Mármol, Samuel Conde, María Waleska Álvarez, Elena Viyella y Samuel Conde. Pérdida de docencia Los hallazgos de la nueva herramienta sobre pérdida de docencia colocan nuevamente en debate el proyecto de resolución que busca instruir al Ministerio de Educación a descontar el salario de los maestros que falten a la docencia por causas injustificadas, incluidas las huelgas. En ese orden, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Evaristo Santos Badía, indicó, tras ser abordado por periodistas, que lo fundamental es evitar la pérdida de clases por el bienestar de los estudiantes. “Creo que hay que mejorar el tema de que no se suspendan las clases, porque nadie quiere que se les quite el sueldo a los maestros ni que los niños pierdan clases. Así que vamos a trabajar para que no se pierda ni un solo día. Pienso que lo importante es que se garantice la jornada escolar”, manifestó. El proyecto sostiene que las ausencias injustificadas de maestros retrasan el calendario escolar y perjudican el derecho a la educación de los estudiantes. La propuesta está siendo evaluada por la Cámara de Diputados y busca implementar un sistema electrónico de control de asistencia. Leer más

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Así lo informó una fuente vinculada a la investigación al periodista Ramón Cruz Benzán del Listín Diario, quien dijo que ese día acudirán ante el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción, José Alejandro Vargas a depositar la acusación en contra de los imputados.

El 11 de noviembre pasado, el Cuarto Juzgado de la Instrucción, tribunal control del caso, intimó al Ministerio Público para que en un plazo de 30 días presente acusación formal en contra de los imputados que se encuentran una parte guardando prisión preventiva y otros con medidas menos gravosas.

En caso de que el ente acusador no presente el acto conclusivo en el plazo establecido por el tribunal control, el Ministerio Público deberá archivar el expediente, de conformidad con el artículo 151 del Código Procesal Penal, el cual establece que vencido el plazo sin ninguna de las partes presenta algún requerimiento, el juez debe declarar extinguida la acción penal sin dilación alguna.

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