El Cibao
Escándalo en SFM: Ciudadano denuncia 73 multas de tránsito sin conducir desde 2017
San Francisco de Macorís. – Un caso insólito de presunta irregularidad administrativa ha indignado a la comunidad de El Jarao. Daniel Severino Fernández, un ciudadano que afirma no haber conducido ningún vehículo en los últimos nueve años, descubrió con asombro que posee un historial de 73 infracciones de tránsito registradas a su nombre por la Digesett.
La situación salió a la luz cuando Fernández intentó pagar los impuestos para tramitar su pasaporte en una entidad bancaria, proceso que le fue bloqueado debido al enorme historial de multas pendientes.
Un historial imposible: 170 mil pesos en infracciones
El afectado relata que su última relación con el volante o el manubrio fue en 2017, año en que sufrió un accidente y se deshizo de su única motocicleta. Desde entonces, asegura no poseer ni operar ningún vehículo. Sin embargo, el sistema refleja una realidad drásticamente distinta:
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Monto acumulado: Supera los RD$170,000.
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Tipos de multas: Infracciones por no usar el cinturón de seguridad, falta de licencia y otras faltas operativas.
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Frecuencia: 73 fiscalizaciones en un período donde el ciudadano afirma haber sido peatón exclusivamente.
¿Uso irregular de documentos personales?
Fernández sostiene una hipótesis alarmante sobre el origen de estas multas. Según su testimonio, tras una infracción real ocurrida hace años, entregó su cédula de identidad como parte del protocolo. Denuncia que sus datos pudieron ser utilizados de forma fraudulenta para "llenar cuotas" de infracciones.
"Ellos se quedan con la cédula de uno y hacen lo que quieren; eso es una injusticia. Me han puesto multas por cosas que nunca he hecho porque ni siquiera manejo", denunció con frustración el afectado.
Sin solución a la vista
A pesar de que Fernández ha acudido a diversas instancias oficiales donde le han admitido que la acumulación de 73 multas en una sola persona es "altamente inusual", no ha recibido una respuesta que limpie su historial. Esta situación no solo afecta su economía, sino que coarta su derecho al libre tránsito al impedirle obtener documentos de viaje esenciales.
El ciudadano hace un llamado a las autoridades de la Digesett y el Intrant para que realicen una auditoría exhaustiva de su caso y se investigue el posible uso malintencionado de su identidad en el sistema de fiscalización vial.
