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“Estrategia Dilatoria”: Cuestionan Defensa de Antonio Espaillat por Intentar Frenar el Caso con Nuevo Peritaje

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SANTO DOMINGO.– El abogado Plutarco Jáquez lanzó fuertes críticas contra la defensa de Antonio Espaillat, asegurando que su solicitud de un nuevo estudio técnico forma parte de una “táctica dilatoria” para retrasar el proceso judicial.

Jáquez explicó que la defensa se limitó a pedir un contra-peritaje sin cuestionar de manera concreta el informe técnico ya existente, el cual sirvió de base para la imposición de la medida de coerción. Además, subrayó que dicha solicitud fue presentada siete meses después, lo que —a su juicio— evidencia una intención de retrasar el avance del caso.

Fallas legales en la solicitud

El jurista recordó que, según el Código Procesal Penal, para que proceda un contra-peritaje es obligatorio identificar con precisión las dudas, contradicciones o errores del informe original, requisito que, afirmó, no fue cumplido por la defensa.

También cuestionó la imparcialidad de los peritos propuestos, señalando que no pertenecen a entidades técnicas independientes como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), sino que estarían vinculados laboralmente a la parte solicitante, lo que comprometería la objetividad del análisis.

Coincidencia entre juristas

En la misma línea, el abogado Félix Portes sostuvo que la solicitud debía ser rechazada por extemporánea, al tratarse de una fase procesal ya superada y por no cumplir con los requisitos legales, como la debida acreditación de los peritos.

Portes advirtió que permitir un nuevo peritaje en esta etapa podría poner en riesgo la integridad de las pruebas, afectando la cadena de custodia de los escombros y demás evidencias clave en el caso.

Decisión que marca el rumbo del proceso

Ambos juristas valoraron la decisión del juez de rechazar la solicitud, al considerar que fortalece el principio de preclusión y evita retrasos innecesarios, permitiendo que el caso avance hacia el conocimiento de fondo.

El proceso, que ha generado gran atención pública, continúa su curso en medio de crecientes exigencias de justicia por parte de la sociedad dominicana.


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Jáquez explicó que la defensa se limitó a pedir un contra-peritaje sin cuestionar de manera concreta el informe técnico ya existente, el cual sirvió de base para la imposición de la medida de coerción. Además, subrayó que dicha solicitud fue presentada siete meses después, lo que —a su juicio— evidencia una intención de retrasar el avance del caso.

Fallas legales en la solicitud

El jurista recordó que, según el Código Procesal Penal, para que proceda un contra-peritaje es obligatorio identificar con precisión las dudas, contradicciones o errores del informe original, requisito que, afirmó, no fue cumplido por la defensa.

También cuestionó la imparcialidad de los peritos propuestos, señalando que no pertenecen a entidades técnicas independientes como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), sino que estarían vinculados laboralmente a la parte solicitante, lo que comprometería la objetividad del análisis.

Coincidencia entre juristas

En la misma línea, el abogado Félix Portes sostuvo que la solicitud debía ser rechazada por extemporánea, al tratarse de una fase procesal ya superada y por no cumplir con los requisitos legales, como la debida acreditación de los peritos.

Portes advirtió que permitir un nuevo peritaje en esta etapa podría poner en riesgo la integridad de las pruebas, afectando la cadena de custodia de los escombros y demás evidencias clave en el caso.

Decisión que marca el rumbo del proceso

Ambos juristas valoraron la decisión del juez de rechazar la solicitud, al considerar que fortalece el principio de preclusión y evita retrasos innecesarios, permitiendo que el caso avance hacia el conocimiento de fondo.

El proceso, que ha generado gran atención pública, continúa su curso en medio de crecientes exigencias de justicia por parte de la sociedad dominicana.

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