Fiscales disgustados, dicen trabajan mucho y no tienen protección

Santo Domingo. – En el sistema judicial dominicano, los fiscales desempeñan un rol clave en la investigación y persecución del delito. No obstante, su realidad laboral evidencia múltiples desafíos: carga excesiva de trabajo, condiciones desiguales de seguridad y una marcada disparidad salarial frente a otros actores del sistema de justicia.

El Ministerio Público cuenta con unos 1,100 fiscales, una cifra que, según la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), resulta insuficiente para atender las demandas sociales. Su coordinador ejecutivo, Francisco Rodríguez, asegura que se requiere al menos un 50 % más de fiscales para cubrir adecuadamente las necesidades del sistema.

“Faltan más de la mitad de los fiscales necesarios. Las renuncias, especialmente entre los de menor antigüedad, agravan la situación. Muchos abandonan la carrera por falta de perspectivas y respuestas institucionales a sus necesidades personales”, afirmó Rodríguez.

Carga de trabajo creciente

Aunque no existen estadísticas oficiales sobre la cantidad de expedientes que maneja un fiscal, fuentes consultadas por un medio de circulación nacional indican que un fiscal litigante puede atender entre 20 y 25 casos judiciales activos, y en áreas críticas, como Violencia de Género, se manejan hasta 25 casos diarios por fiscal.

Un fiscal del departamento de San Cristóbal, bajo condición de anonimato, aseguró que hay colegas con hasta 150 expedientes activos mensuales, lo que ha generado un desgaste emocional y preocupación sobre la eficiencia del proceso judicial.

Riesgo y falta de seguridad

La función del fiscal conlleva riesgos. Aunque la ley garantiza protección, como armas de fuego y escoltas en casos específicos, la realidad es que muchos enfrentan amenazas vinculadas al narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. Fiscales han denunciado, de forma anónima, que carecen de seguridad adecuada al salir de las salas de audiencia.

Salarios por debajo de su responsabilidad

El salario de un fiscalizador ronda los RD$90,000 mensuales, mientras que un procurador fiscal titular puede alcanzar RD$150,000. Aunque la Ley 78-03 establece paridad con los jueces, estos últimos ganan entre RD$125,000 y RD$289,843 mensuales, una disparidad que los gremios consideran inaceptable.

A pesar de los beneficios institucionales, como la inamovilidad en el cargo, derecho a ascenso, exoneraciones y seguros, la falta de incentivos comparativos con otras profesiones jurídicas y la sobrecarga laboral hacen que la carrera fiscal sea poco atractiva.

Mejoras recientes y reconocimientos

Durante su gestión, la exprocuradora Miriam Germán impulsó ajustes salariales y reconocimientos. En marzo de 2025, la actual procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, anunció la creación de un fondo de pensiones y el establecimiento del “Premio al Mérito del Ministerio Público”, que se entrega cada 9 de marzo.

A pesar de estos avances, la presión cotidiana, el escaso personal, los bajos salarios en comparación con los abogados defensores y la falta de garantías de seguridad fuera del tribunal mantienen al borde del colapso a muchos fiscales.

“La carga emocional y el peligro son reales. Pero lo peor es sentir que después de todo lo que enfrentamos, seguimos siendo invisibles para el sistema”, expresó un fiscal de carrera que prefirió no revelar su identidad.

Los gremios y especialistas coinciden en que urge una reforma integral que dignifique la carrera fiscal, garantice su seguridad y equilibre su remuneración con la responsabilidad que asumen en defensa del interés público.