EL PAIS
Llamada falsa desató caos aéreo y cargos por terrorismo en República Dominicana
Santo Domingo. – El Ministerio Público presentó este martes acusación formal contra Ángel del Pino Cuya, alias Ricardo Casas, ciudadano peruano imputado de realizar una falsa amenaza de bomba que activó los protocolos de seguridad nacional en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) el pasado 6 de enero de 2026.
El órgano persecutor solicitó la imposición de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso, al considerar la gravedad de los hechos, su impacto directo en la seguridad del Estado, el peligro de fuga, el riesgo de obstrucción del proceso y la alta probabilidad de reincidencia.
La falsa alerta
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado realizó una llamada telefónica en la que alertó sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo a bordo del vuelo CM299 de Copa Airlines, con destino a Panamá, cuando la aeronave se encontraba en pleno trayecto.
La información fue recibida por el centro de atención de la empresa concesionaria del aeropuerto, lo que provocó la activación inmediata de los protocolos de emergencia, incluyendo el retorno forzoso del avión.
Durante la llamada, Del Pino Cuya se identificó inicialmente como gerente de un restaurante ubicado en el centro de Santo Domingo, alegando que la información le fue suministrada por un familiar. Posteriormente, modificó su versión, afirmando que la supuesta alerta provenía de un amigo de la familia, presuntamente de nacionalidad francesa, incurriendo en contradicciones que forman parte del expediente acusatorio.
Consecuencias de la falsa alarma
La amenaza provocó una cadena de acciones de alto impacto, entre ellas:
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Retorno inmediato de la aeronave.
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Evacuación controlada de los pasajeros.
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Inspección total del avión y del equipaje.
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Suspensión de las operaciones aéreas del AILA por aproximadamente tres horas.
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Desvío de varios vuelos hacia aeropuertos alternos, incluyendo Punta Cana y Santiago de los Caballeros.
Amplio despliegue de seguridad
En la respuesta operativa participaron el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), organismos militares y otras agencias de seguridad del Estado, movilizando recursos humanos y técnicos de alto nivel.
Implicaciones legales
Aunque no se encontró ningún explosivo, el Ministerio Público sostiene que la conducta del imputado encaja en el tipo penal de terrorismo, al tratarse de una acción deliberada orientada a generar pánico colectivo, alterar el orden público y afectar un servicio estratégico esencial como la aviación civil.
El órgano acusador subraya que la sola existencia de una amenaza de esta naturaleza pone en riesgo vidas humanas y compromete seriamente la seguridad nacional.
Pruebas que sustentan la acusación
El expediente incluye:
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Transcripciones certificadas de las llamadas telefónicas.
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Registros telefónicos oficiales.
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Informes técnicos de compañías de telecomunicaciones.
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Reportes de inteligencia que vinculan directamente al imputado con la amenaza.
Asimismo, se establece que Del Pino Cuya intentó borrar evidencias, cambiando el chip del teléfono utilizado para realizar la llamada.
Detención y proceso judicial
Una vez concluidos los protocolos de seguridad, el vuelo CM299 logró despegar hacia Panamá alrededor de las 7:16 de la noche, aunque 19 pasajeros decidieron no abordar tras el incidente.
El imputado fue arrestado el 28 de enero en su residencia del sector Los Girasoles, Distrito Nacional, y permanece detenido en la cárcel preventiva de San Luis.
El Ministerio Público le atribuye violaciones a los artículos 3 (inciso 1, literal e), 63 y 78 de la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, así como a los artículos 11 y 30 de la Ley 267-08 sobre Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.
La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción está fijada para este jueves 5 de febrero, en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. De ser hallado culpable, Del Pino Cuya podría enfrentar una pena de 30 a 40 años de prisión, conforme a la legislación vigente
