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Ministerio Público acusa a Jochi Gómez y Hugo Beras de sabotaje, lavado de activos y corrupción en el Intrant

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Santo Domingo. – El Ministerio Público presentó formal acusación contra José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), Hugo Beras y otras personas, a quienes señala como parte de una red criminal que habría cometido delitos de sabotaje tecnológico, terrorismo, lavado de activos, estafa al Estado y asociación de malhechores, utilizando estructuras empresariales para desviar fondos públicos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La acusación, depositada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), establece que Gómez Canaán usó al menos siete empresas —algunas de su propiedad y otras vinculadas— para ejecutar contratos fraudulentos con el Intrant, mediante los cuales obtuvo sumas millonarias del Estado a cambio de servicios inexistentes o sobrevaluados.

Contratos fraudulentos y lavado de activos

De acuerdo con el expediente, los fondos obtenidos ilegalmente fueron utilizados para adquirir bienes de lujo en el país y el extranjero, entre ellos un apartamento en el Residencial Logroval XVI del Distrito Nacional y una villa en Cap Cana, provincia La Altagracia.

Estas adquisiciones se realizaron a través de la empresa OML Inversiones, S.R.L., señalada como empresa de fachada destinada a ocultar la procedencia de los recursos ilícitos.

Entre las compañías identificadas en la red figuran:
Transcore Latam, S.R.L.; PagoRD Xchange, S.R.L.; Industria Soltex Dominicana, S.R.L.; Dekolor, S.R.L.; Aurix, S.A.S.; Inprosol, S.R.L.; y OML Inversiones, S.R.L.

Transcore Latam y Aurix habrían mantenido control remoto sobre la red semafórica de Santo Domingo, lo que permitió —según la Pepca— la ejecución de un sabotaje tecnológico en agosto de 2024, considerado como terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado.

Otros implicados

El expediente también señala a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini Ponce, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso como coacusados.

El Ministerio Público sostiene que estos participaron en el control fraudulento de los sistemas semafóricos y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, así como en la movilización de fondos y equipos tecnológicos utilizados en operaciones de espionaje y sabotaje durante el proceso electoral de 2020.

Medidas judiciales

Gómez Canaán fue arrestado el 3 de octubre de 2024 tras un interrogatorio en la Pepca, y posteriormente se le impuso prisión preventiva. El 13 de noviembre fue liberado bajo fianza de cinco millones de pesos, mientras continúa el proceso judicial en su contra.


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La acusación, depositada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), establece que Gómez Canaán usó al menos siete empresas —algunas de su propiedad y otras vinculadas— para ejecutar contratos fraudulentos con el Intrant, mediante los cuales obtuvo sumas millonarias del Estado a cambio de servicios inexistentes o sobrevaluados.

Contratos fraudulentos y lavado de activos

De acuerdo con el expediente, los fondos obtenidos ilegalmente fueron utilizados para adquirir bienes de lujo en el país y el extranjero, entre ellos un apartamento en el Residencial Logroval XVI del Distrito Nacional y una villa en Cap Cana, provincia La Altagracia.

Estas adquisiciones se realizaron a través de la empresa OML Inversiones, S.R.L., señalada como empresa de fachada destinada a ocultar la procedencia de los recursos ilícitos.

Entre las compañías identificadas en la red figuran:
Transcore Latam, S.R.L.; PagoRD Xchange, S.R.L.; Industria Soltex Dominicana, S.R.L.; Dekolor, S.R.L.; Aurix, S.A.S.; Inprosol, S.R.L.; y OML Inversiones, S.R.L.

Transcore Latam y Aurix habrían mantenido control remoto sobre la red semafórica de Santo Domingo, lo que permitió —según la Pepca— la ejecución de un sabotaje tecnológico en agosto de 2024, considerado como terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado.

Otros implicados

El expediente también señala a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini Ponce, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso como coacusados.

El Ministerio Público sostiene que estos participaron en el control fraudulento de los sistemas semafóricos y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, así como en la movilización de fondos y equipos tecnológicos utilizados en operaciones de espionaje y sabotaje durante el proceso electoral de 2020.

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