Sacerdotes desafían al Ministro Joel Santos y exigen anular concesiones

El futuro ecológico del Cibao está en juego. En una tensa reunión celebrada en el Arzobispado de Santiago, líderes de la Iglesia Católica y del movimiento “Unidos Somos Más” confrontaron directamente al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, con una demanda innegociable: la anulación inmediata de la resolución que permite la exploración minera en la Cordillera Septentrional.

El ultimátum del Padre "Nino" Ramos

Con la Constitución en mano, el sacerdote Ramón “Nino” Ramos lideró la ofensiva comunitaria. Citando los artículos 15 y 67 —que blindan el agua como bien estratégico y protegen el medio ambiente—, Ramos fue tajante:

“En nombre de nuestra patria, exigimos que se anule esa resolución y que se garantice por escrito que no habrá explotación minera en nuestra cordillera”.

La preocupación radica en el impacto devastador que cualquier actividad minera tendría sobre el equilibrio hídrico del norte del país, una zona vital para la agricultura y el consumo humano.

La respuesta del Gobierno: ¿Exploración no es explotación?

Por su parte, el ministro Joel Santos intentó calmar las aguas aclarando los siguientes puntos clave:

• Gestión previa: Las concesiones fueron otorgadas en julio de 2024, antes de que él asumiera el cargo.

• Sin fines comerciales: Santos subrayó que una licencia de exploración no otorga derechos automáticos para la extracción de minerales.

• Decisión presidencial: Aseguró que solo el presidente Luis Abinader tiene el poder de autorizar una explotación, y que actualmente "no existe intención gubernamental" de hacerlo en esa área.

Sin embargo, el ministro lanzó una advertencia legal: anular las concesiones de forma arbitraria podría acarrear demandas millonarias contra el Estado Dominicano.

Un diálogo bajo la lupa

El arzobispo de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, quien fungió como moderador, instó a mantener la prudencia y el respeto. Aunque el Gobierno descarta la minería comercial por ahora, los comunitarios se mantienen en alerta máxima, exigiendo un documento formal que proteja para siempre los recursos naturales de la región.

¿Logrará el diálogo detener la amenaza minera o escalará el conflicto en las calles de Santiago?