ELCORREORD—El juez Romaldy Marcelino Henríquez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, dictó un año de prisión preventiva contra Luisa Fernanda González Contreras, quien está acusada de ser miembro de una red de narcotráfico y trata de personas desmantelada en la operación El Círculo. La medida fue impuesta después de que el juez acogiera la solicitud del Ministerio Público, que calificó el caso como "proceso de tramitación compleja" debido a la gravedad de los cargos.
Red de Trata de Personas
El caso está relacionado con una red criminal que se dedicaba a la captación, traslado, acogida y explotación sexual de mujeres colombianas traídas a la República Dominicana. Según las autoridades, González Contreras es señalada como la principal implicada en la explotación de mujeres traídas a Puerto Plata bajo circunstancias de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual.
El Ministerio Público destacó que este caso no solo refleja una grave violación de los derechos humanos de las víctimas, sino que también evidencia el funcionamiento de redes criminales que amenazan la seguridad y el bienestar social. Estas organizaciones ilícitas representan un peligro tanto para las víctimas como para la sociedad en general.
Investigaciones y Acusaciones
Durante la audiencia, el fiscal Marcos Wilkins Díaz presentó las evidencias que vinculan a González Contreras con las actividades de tráfico de personas y explotación sexual. El caso está siendo llevado por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), dirigida por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, en colaboración con la Fiscalía de Puerto Plata, que está encabezada por el fiscal Kelmi Duncan.
Colaboración Interinstitucional
Las investigaciones están siendo realizadas por las fiscales investigadoras Carmen Daynisa Rosario Pascual y Patricia Lagombra Polanco, quienes han estado trabajando en conjunto con el Ministerio Público y otras agencias para desmantelar la red criminal.
Este caso resalta la importancia de la cooperación interinstitucional y la lucha contra la trata de personas como parte de un esfuerzo continuo por proteger los derechos humanos y desmantelar las estructuras criminales que operan en el país. La prisión preventiva impuesta a la imputada será revisada durante el proceso judicial, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el alcance de la red y las responsabilidades de otros involucrados.
